La accidental incorporación de Jeffrey Goldberg, director de The Atlantic, a un chat grupal de Signal dirigido por altos funcionarios estadounidenses permitió que accediera a mensajes sobre la planificación de ataques militares en Yemen, lo que puso al descubierto debilidades en la protección de datos críticos y llevó a una investigación oficial sobre violaciones en los protocolos de comunicación en el gobierno. Según reportó Europa Press, el incidente, conocido como ‘Signalgate’, desencadenó fuertes cuestionamientos en Washington acerca del uso de aplicaciones privadas y dispositivos personales para manejar información relativa a operaciones militares.
El informe elaborado por un organismo de control del Departamento de Defensa, presentado al Congreso, detalló que Pete Hegseth, jefe del Pentágono, compartió detalles tácticos y estratégicos sobre operaciones estadounidenses en Yemen a través de la aplicación Signal desde un dispositivo personal. El medio Europa Press señaló que estas comunicaciones incluyeron la discusión de horarios, tácticas y objetivos concretos de los ataques contra los hutíes. Junto a Hegseth participaron también JD Vance, vicepresidente, y Marco Rubio, secretario de Estado, figuras que —según la información obtenida por Europa Press— formaban parte del grupo donde circuló la información sensible.
De acuerdo con Bloomberg, el inspector general a cargo de la investigación denunció que Hegseth no colaboró plenamente con el proceso, ya que proporcionó solo una fracción de las conversaciones requeridas y se rehusó a responder varias preguntas de los investigadores. Hegseth argumentó, según registros difundidos por medios internacionales, que su cargo le permitía desclasificar información y que ningún mensaje transmitido por Signal comprometió la seguridad nacional estadounidense.
La reconstrucción de los hechos publicada por The Atlantic reveló que la inclusión de Goldberg en el grupo significó que una persona externa accediera a material considerado reservado únicamente para personal autorizado del gobierno. CNN y Bloomberg coincidieron en que las conversaciones incluían información operativa relevante, lo cual abrió nuevas dudas sobre los procedimientos internos para salvaguardar datos estratégicos.
El informe enviado al Congreso enfatizó el riesgo potencial de que adversarios extranjeros hayan tenido acceso al contenido compartido por la vía no oficial. Según el documento citado por Europa Press, la seguridad del personal y la efectividad de las misiones militares pudieron verse comprometidas por esta vulnerabilidad. El órgano de control remarcó que el uso de aplicaciones personales de mensajería representaba un desafío permanente para la seguridad del entorno militar estadounidense.
Portavoces del Departamento de Defensa ofrecieron interpretaciones contrapuestas al resultado de la investigación. Sean Parnell, vocero del Pentágono, declaró a Europa Press que, desde la perspectiva institucional, no se compartió información clasificada por estos canales y que la revisión interna exoneró a Hegseth de cualquier irregularidad. En contraste, legisladores y expertos consideraron preocupante la práctica de utilizar plataformas digitales privadas y dispositivos personales en la gestión cotidiana de información de defensa, ya que incrementa la exposición a filtraciones y el acceso por actores hostiles.
El incidente también reanimó debates en el Congreso sobre la normativa vigente en materia de comunicaciones digitales y el uso de tecnología no gubernamental para compartir información militar. Según publicó Europa Press, funcionarios y analistas consultados evaluaron la necesidad de fortalecer la normativa y los protocolos de seguridad nacional para evitar que la transmisión de datos operacionales de alto nivel continúe fuera de los canales oficiales y protegidos.
A partir de lo detallado por CNN, Europa Press y Bloomberg, el gobierno suspendió temporalmente algunas prácticas de comunicación digital en agencias federales, mientras se promovían revisiones destinadas a establecer directrices orientadas a garantizar la protección de datos militares cuando se utilicen dispositivos o plataformas ajenas a la infraestructura oficial.
Por su parte, el informe del organismo de control que evaluó el caso enfatizó en su presentación al Congreso que el uso de aplicaciones personales por parte de altos funcionarios, como ocurrió en el chat de Signal, ponía en entredicho la integridad del proceso de toma de decisiones en operativos militares de alto riesgo. El informe instó a revisar y reforzar protocolos para minimizar riesgos de exposición accidental o maliciosa de información sensible.
El episodio de ‘Signalgate’ ilustró, según consignó Europa Press, cómo la expansión de tecnologías digitales fuera de los sistemas oficiales puede poner a prueba la capacidad de la administración pública para proteger la confidencialidad y la seguridad nacional. A raíz del caso, las discusiones legislativas giraron alrededor de la planificación de nuevos mecanismos de control y la sanción de prácticas que, como la ocurrida con Hegseth y otros funcionarios, generan riesgos que trascienden el ámbito interno y tienen impacto en la seguridad de personas y operaciones militares en curso.
