La cuestión de la paternidad no reconocida por parte de militares británicos en Kenia, un fenómeno que ha marcado la vida de muchas familias kenianas, se integró recientemente en la agenda legislativa del Parlamento de ese país, que propuso la obligatoriedad de pruebas de ADN y el establecimiento de responsabilidades legales para los soldados extranjeros que abandonan a menores nacidos de relaciones con ciudadanas locales. Esta preocupación social se suma a una serie de señalamientos históricos sobre la impunidad y la falta de rendición de cuentas frente a supuestos delitos cometidos por personal militar foráneo estacionado en la nación africana, problemáticas que han reavivado el debate sobre el papel de la denominada Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia (BATUK) y la necesidad de mecanismos eficaces para investigar y sancionar a los responsables. Según publicó Europa Press, el Parlamento keniano recomendó la extradición del militar británico Robert James Purkiss, señalado como presunto responsable del asesinato de Agnes Wanjiru en 2012, y la creación de una fuerza especial dentro de la Policía Nacional para abordar crímenes vinculados a personal extranjero.
Las conclusiones difundidas por el Comité Departamental de Defensa, Inteligencia y Relaciones Exteriores del Parlamento keniano, recogidas por Europa Press, subrayan el carácter persistente de los delitos graves atribuidos a militares extranjeros desplegados en el país desde 1964, como violaciones, agresiones sexuales y homicidios. El documento argumenta que la cobertura de inmunidad diplomática se ha convertido en el principal escollo para avanzar en investigaciones, limitando la comparecencia de los efectivos británicos ante órganos legislativos y restringiendo el acceso a información relevante. Durante la última investigación, los mandos de BATUK remitieron solo un documento anónimo por vía diplomática y rehusaron asistir a una convocatoria del comité parlamentario, una actitud que las autoridades kenianas interpretaron como un agravio a la soberanía y los procedimientos institucionales de Kenia, según señaló Europa Press.
El caso del homicidio de Agnes Wanjiru, cuyo cuerpo apareció en 2012 con signos de violencia en una fosa séptica, se transformó en símbolo de reclamos insatisfechos de justicia. El prolongado estancamiento de este expediente ha concentrado la atención mediática, política y social, funcionando como catalizador de las actuales exigencias de extradición y revisión de los marcos de cooperación bilateral, según consignó Europa Press. El Parlamento solicitó a la Fiscalía keniana fortalecer el canal directo de comunicación con el Reino Unido para asegurar no solo la extradición de Purkiss, sino también la identificación y enjuiciamiento de los autores de otros crímenes presuntamente perpetrados por integrantes de BATUK.
En respuesta a la dispersión institucional que retrasa la recolección y análisis de pruebas, el informe parlamentario sugirió la formación de una nueva unidad policial encargada exclusivamente de delitos cometidos por personal militar extranjero. Europa Press informó que este nuevo organismo centralizaría procesos de investigación y seguimiento judicial, lo cual busca corregir la falta de coordinación, una deficiencia señalada como factor de opacidad y de debilidad en la administración de justicia.
Según detalló Europa Press, otro apartado del informe aborda las consecuencias de los vínculos personales entre miliares extranjeros y mujeres kenianas, en especial la frecuencia con que los soldados británicos niegan su paternidad sobre hijos nacidos en el país, generando dependencia económica y vulnerabilidad social para esos niños y sus familias. Ante esta situación, el Parlamento propuso la realización obligatoria de pruebas de ADN, el reconocimiento jurídico de la paternidad y la imposición de obligaciones de manutención, junto a medidas de apoyo psicosocial para los afectados. Estas iniciativas pretenden evitar la impunidad en casos de paternidad no asumida y ampliar los mecanismos de protección a la infancia.
El informe legislativo considera la necesidad de firmar nuevos acuerdos bilaterales con el Reino Unido en un plazo de tres meses, orientados a definir y reforzar las obligaciones legales y sociales de los soldados extranjeros, sobre todo en lo relativo a hijos nacidos en Kenia producto de relaciones entabladas durante el despliegue militar. De acuerdo con Europa Press, los legisladores buscan garantizar un marco normativo que regule tanto la conducta de los soldados como su responsabilidad posterior a la finalización de su servicio en el país.
Además, el reporte analiza el impacto ambiental de las actividades de BATUK. El Parlamento denunció fallas reiteradas en la gestión y eliminación de residuos, incluidos materiales y municiones contaminantes, lo que habría causado daños sostenidos al entorno natural de zonas rurales donde opera la unidad militar británica. Europa Press reseñó que la degradación documentada del paisaje responde a décadas de uso inadecuado de recursos y a una supervisión insuficiente por parte de las autoridades competentes, lo que suma un elemento más a las quejas históricas relacionadas con la presencia militar extranjera.
La resistencia recurrente del personal de BATUK a comparecer ante las investigaciones parlamentarias se interpretó, en palabras recogidas por Europa Press, como una manifestación de falta de transparencia y cooperación. El uso reiterado de la inmunidad diplomática impidió durante años la adopción de medidas sancionatorias, contribuyendo así a la percepción de impunidad. A raíz de ello, el Parlamento exhortó al ejecutivo keniano a priorizar las negociaciones internacionales con el Reino Unido para lograr acuerdos que aseguren el sometimiento de los responsables de delitos graves a la justicia local, así como la implementación de medidas de reparación y acompañamiento a las víctimas directas.
La Alta Comisión del Reino Unido en Kenia publicó un comunicado en relación con estas iniciativas, detallando a Europa Press las acciones adoptadas tras las demandas parlamentarias y gubernamentales. La delegación británica destacó su disposición para facilitar investigaciones internas siempre y cuando se presenten pruebas concluyentes, enfatizando el valor estratégico de los lazos bilaterales en ámbitos como la formación y la cooperación en materia de defensa. Los representantes del Reino Unido lamentaron las dificultades surgidas por la actividad de BATUK y afirmaron que sus aportaciones al comité parlamentario no fueron plenamente incorporadas al informe final. Ratificaron, aún así, su compromiso con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos cuando existan evidencias sustantivas, reseñó Europa Press.
Respecto a Robert James Purkiss, la comisión parlamentaria keniana coordinó acciones iniciales junto con la Fiscalía para impulsar su extradición desde el Reino Unido. Según Europa Press, esta petición se enmarca en una serie de recomendaciones que incluyen la creación de una nueva base legal para la investigación, sanción y reparación en casos de delitos cometidos por personal militar extranjero, ampliando el enfoque hacia la protección integral de quienes hayan resultado víctimas, tanto directa como indirectamente.
Europa Press concluyó que, pese a la prolongación en el tiempo de varias denuncias sin resolver y a la complejidad inherente a la precisión de los hechos, los miembros del Parlamento y los autores del informe sostienen que la aplicación de las nuevas directrices legislativas y la actualización de los acuerdos bilaterales podrían sentar las bases para modificar las condiciones bajo las que operan las tropas foráneas en territorio keniano, con el objetivo de priorizar la prevención, el esclarecimiento y el acompañamiento sistemático a personas afectadas por situaciones de violencia, abandono o daños ambientales.
