En el seguimiento posterior a la liberación, un equipo designado por la Defensoría del Pueblo de Colombia realizó acompañamiento individual a cada una de las 28 personas que recuperaron la libertad en la región de Catatumbo, según precisó el organismo estatal en la documentación oficial facilitada a la prensa. El proceso contempló la articulación de autoridades locales y departamentales, así como la incorporación sistemática a redes de atención y protección, con el objetivo de facilitar la reintegración psicosocial de las víctimas del cautiverio ejercido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según reportó la Defensoría del Pueblo, la operación para la recuperación de los retenidos incluyó la participación coordinada de representantes estatales, la Iglesia Católica, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia y organizaciones humanitarias, en un esfuerzo interinstitucional orientado a salvaguardar la vida y la dignidad de los afectados. De acuerdo con la información difundida por este organismo —y reproducida por medios oficiales—, el dispositivo humanitario no solo priorizó la seguridad física durante el traslado y el reencuentro familiar, sino que también implementó protocolos de atención inmediata, incluyendo revisiones médicas y evaluaciones psicológicas dirigidas a once mujeres, cinco menores de edad y otros integrantes del grupo liberado.
La Defensoría detalló que el acompañamiento a los liberados responde a procedimientos previamente establecidos, centrados en la restitución progresiva de derechos y la preparación para el retorno a la vida cotidiana. Dentro de este esquema, señalaron que los familiares desempeñaron una función activa en la fase inicial del operativo humanitario, proporcionando apoyo emocional directo durante los reencuentros y sirviendo como parte fundamental para el restablecimiento del tejido familiar. Como enfatizó la Defensoría, la atención a las víctimas no se limitó a los primeros auxilios, sino que se extendió a la inclusión en programas de apoyo gubernamental, destinados tanto al seguimiento médico como al soporte psicosocial en el mediano y largo plazo.
El medio estatal consignó que las acciones de recuperación física y emocional se enmarcan en una política pública formulada para proteger comunidades sometidas al impacto del conflicto armado en zonas como Catatumbo, donde la retención de civiles permanece como una práctica recurrente de grupos armados ilegales. Según el comunicado emitido por la Defensoría, las labores humanitarias implementadas pretenden abrir escenarios para el diálogo entre las partes en conflicto y funcionar como paso previo a eventuales negociaciones orientadas a la solución pacífica.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo realizó un llamado explícito a los grupos armados para el cese de la práctica del secuestro, destacando que, según la legislación nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos, estas acciones representan una violación grave. La directora de la Defensoría, Iris Martín, según recogieron medios estatales, reiteró la necesidad de anteponer la vida y la libertad, expresando: “La guerra está mal. La vida y la libertad están bien”, como declaración institucional sobre la protección de derechos fundamentales en Colombia.
La intervención articulada entre entidades estatales, religiosas, misiones internacionales y organizaciones humanitarias fue identificada por la Defensoría del Pueblo como elemento clave para la protección integral de las víctimas. Reportó el medio estatal que el procedimiento contempló mecanismos de vigilancia y acompañamiento personalizado tras la liberación, así como la conexión automática con los sistemas de salud y apoyo social municipales y departamentales, en aras de monitorear la evolución del estado físico y mental de todas las personas liberadas.
La política de prevención reforzada en Catatumbo busca anticipar nuevas vulneraciones y mitigar factores de riesgo que pudieran derivar en repetición de hechos similares. En ese sentido, la Defensoría informó sobre la integración de sistemas de alerta y atención territorial, así como la activación de dispositivos para consolidar la seguridad regional. Estas medidas intentan limitar el uso del secuestro como mecanismo de presión en la dinámica del conflicto armado persistente.
El medio oficial reseñó que la atención institucional se centra también en la reconstitución del entorno familiar y comunitario, con apoyo continuo a las familias de las víctimas y orientación para la adaptación tras el retorno a la vida en libertad. Este acompañamiento, según explicó la Defensoría, forma parte de los compromisos internacionales ratificados por Colombia, que incluyen el respeto a los derechos humanos y el impulso de programas de reconciliación tras episodios de violencia.
La estrategia adoptada incorpora sistemas de seguimiento dirigidos no solo a la recuperación médica y psicológica de los afectados, sino a la facilitación del acceso a mecanismos de protección social, asistencia jurídica y orientación psicosocial prolongada. Según reflejó la comunicación oficial, todas estas acciones aspiran a crear condiciones favorables para la reincorporación y la estabilidad emocional de los liberados en sus comunidades.
La Defensoría del Pueblo insistió ante los medios estatales en la necesidad de mantener políticas sostenidas de asistencia, protección y prevención, destinadas tanto a quienes han sido víctimas directas como a la población expuesta a episodios recurrentes de violencia en Catatumbo y otros territorios con presencia de actores armados ilegales.
La operación plurilateral y el seguimiento integral implementados, reportó la Defensoría, están alineados con los principios de reconciliación social y defensa de derechos fundamentales, orientados a posicionar la vida y la libertad de los ciudadanos en el centro de la agenda pública y la gestión estatal en Colombia.
