La agenda financiera argentina sumó una señal de impacto sobre el cierre de la semana con la primera emisión en el mercado en moneda local de moneda dura desde hace ocho años. El ministro de Economía anunció una nueva licitación de un bono en dólares bajo ley argentina con vencimiento en noviembre de 2029.
Según detalló el Ministerio en un comunicado oficial, el título tendrá como objetivo refinanciar vencimientos de capital e intereses de los Bonares AL29 y AL30 y pagará un cupón del 6,5% anual con pagos semestrales, bajo una estructura “bullet” que prevé amortización total al vencimiento.
La información oficial llegó junto con las primeras lecturas de los analistas del sector privado y la búsqueda de establecer el posible “precio de corte” y las implicancias de la operación para el mercado financiero argentino.
Tras el anuncio, los bonos soberanos registraron ligeros avances y el índice de riesgo país bajó siete unidades, hasta cerrar en 627 puntos básicos.
Tras el anuncio, los bonos soberanos registraron ligeros avances y el índice de riesgo país bajó siete unidades, hasta cerrar en 627 puntos básicos
El punto central para los inversores se ubica en la tasa interna de retorno (TIR) esperada para la nueva emisión. El consenso identifica dos curvas principales de referencia: la de los Bonares bajo ley local y la de los Globales bajo ley extranjera.
Inicialmente, las estimaciones ubican el rendimiento de los nuevos bonos en terreno de dos dígitos porcentuales, aunque los movimientos del mercado de los días que quedan hasta la licitación del 10 de diciembre y un diferencial favorable a inversores extranjeros entre el dólar MEP y el “cable” -el costo de mover al exterior dólares financieros- pueden hacer que ese rendimiento teórico llegue a valores de un solo dígito.
Eric Ritondale, economista jefe de Puente, estimó que “el nuevo título sobre la curva de Bonares rendiría en torno a 10,5% anual”. Según su mirada, el objetivo del equipo económico es comprimir esa tasa hasta niveles de un dígito, aunque reconoció que la orientación puramente local limita la llegada a grandes fondos internacionales, quienes priorizan instrumentos sujetos a legislación de Nueva York.
En línea similar, Juan José Vázquez, Head de Research de Cohen Aliados Financieros, sostuvo que un cierre por debajo del 9% anual sería difícil de lograr, pero consideró factible una tasa entre 9% y 10% si la demanda y la intervención de inversores locales acompañan. “Hoy la TNA de toda la curva de ley argentina está levemente arriba de dos dígitos, pero está en dos dígitos. Estaba invertida. Ahora, dentro de todo, esta noticia ayudó a que comprima más el tramo corto”, precisó.
El nuevo título sobre la curva de Bonares rendiría en torno a 10,5% anual (Ritondale)
El análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI), mostró que alcanzar una TIR del 10% anual requeriría que el precio de colocación se ubique alrededor de 89,5 dólares por cada 100 de valor nominal. PPI remarcó que, “si el bono fijara precio sobre la curva ley local, la tasa sería consistente con una TIR cercana al 11,5%”, reflejando la escasez de referencias de plazo medio para este tipo de instrumentos.
Desde Banco Mariva, mientras tanto, la expectativa también apuntó al doble dígito. Señalaron que el cupón del 6,5% anual se encuentra por debajo de la curva Argbon, “que se sitúa levemente por encima del 10% anual”. El gráfico incluido en ese reporte ubica al nuevo Bonar 29 entre el 10% y el 10,5% de TIR, en línea con el resto de los especialistas.
Posibles anclas y el contexto local
El tamaño de la demanda y la sobreoferta dominaron la previa de la licitación. Alberto Bernal, jefe de estrategia macroeconómica de mercados emergentes de Bulltick, resaltó ante Reuters la importancia del tamaño del libro de ofertas: “Lo más importante de todo va a ser el tamaño del libro: cuántas veces está sobresuscrito el libro. Y yo esperaría que la emisión va a estar muy sobresuscrita, porque hay mucho inversor que le quiere jugar a esto”.
Bernal agregó que una buena colocación “será un paso fundamental en la normalización del stand de Argentina con Wall Street” y anticipó que un gran resultado podría pesar en las evaluaciones próximas de las calificadoras de riesgo. En este punto, advirtió que un “muy buen libro, con muy buen price action apenas salga el bono”, funcionaría como argumento para que eventualmente mejore la nota de crédito soberana del país.
Entre los factores que pueden incidir en la oferta aparece la presencia de algún inversor ancla del exterior, aunque los distintos especialistas se mostraron escépticos sobre el peso que la demanda internacional obtendrá en este proceso.
PPI no descartó la presencia de “algún tipo de gran (e inesperado) inversor ancla internacional”. Mientras Ritondale subrayó, que “la licitación apunta, sobre todo, a inversores institucionales y minoristas locales”, aunque incluyó también cuentas del exterior.
Una buena colocación será un paso fundamental en la normalización del stand de Argentina con Wall Street (Bernal)
Para Juan Manuel Truffa, economista de Outlier, la emisión tiene carácter de “testeo” pero continúa siendo “una colocación estrictamente local orientada a captar dólares”.
Truffa sostuvo: “Es probable que la tasa salga en torno al 10% anual según la curva; bajo ley local esto es lógico. El cupón relativamente alto lo vuelve más competitivo frente al resto de la curva y puede ayudar en el pricing final”.
El componente de liquidez también aparece como vector relevante para la operación. Ritondale recordó que existe “amplia liquidez en dólares disponible en el mercado local”, lo cual refuerza las posibilidades del Tesoro de renovar el monto de vencimientos involucrado, estimado en “unos USD 1.200 millones que vencen de los Bonar Ley Local 2029 y 2030”. De ese total, unas “USD 138 millones (11%) están en manos del sector público”. El economista de Puente apuntó que el Ejecutivo nacional tiene margen para “captar fondos adicionales”.
Estrategias oficiales y alternativas de ingeniería financiera
A nivel estratégico, la emisión del Bonar 29 actúa como punta de lanza de una secuencia más amplia.
Vázquez consideró que “es el camino inicial a normalizar todo lo que son las colocaciones de deuda” y planteó que la nueva composición del Congreso permite destrabar legislaciones para encarar, en 2026, una reapertura del crédito internacional mediante títulos bajo legislación extranjera.
PPI evaluó la elección de un plazo de tres años y medio como una táctica de gestión de riesgos. Considero “sorprendente que la estrategia oficial apueste por una duration relativamente corta”, y sugirió que lo más lógico sería que los próximos lanzamientos “apuntaran al tramo largo de la curva esperando a que este tramo opere en rendimientos de un dígito”.
En esa línea, el equipo económico dejó trascender la posibilidad de “una operación vinculada a los Globales Ley Internacional” que podría agregar volumen y facilitar la compresión de rendimientos.
Podría pensarse en la opción de obtener títulos que luego se usarían en una potencial operación de repo contra bancos privados internacionales (PPI)
PPI mencionó que otra interpretación del movimiento del Tesoro podría vincularse con la necesidad de “obtener títulos que luego se usarían en una potencial operación de repo contra bancos privados internacionales”.
Eric Ritondale sumó que, tras la colocación local, la “oferta de ‘hasta USD 7.000 millones’ de bancos internacionales” se encuentra en agenda y que el Ejecutivo apunta a renovar la deuda y prolongar el calendario de vencimientos.
Elementos técnicos que pueden definir el pricing
El debate entorno al spread de legislación (la diferencia entre la curva ley local y la internacional) se profundizó tras las expectativas de distintas combinaciones financieras.
Juan Manuel Truffa dijo a Infobae que “con el spread de legislación que muestra hoy la curva, probablemente influido por rumores de operaciones financieras de recompra, una emisión bajo ley local termina colocándose a un precio menos favorable”.
PPI coincidió en que bajo condiciones locales, la tasa podría ubicarse incluso por encima del 11% anual.
Un factor adicional que puede impactar en la TIR final lo otorga el “canje a estos niveles”. Outlier explicó que quien opere con dólares cable puede “venderlos para bajarlos y suscribir” y que, como el canje está caro, la cantidad de dólares obtenidos es mayor, lo cual habilita convalidar tasas algo menores.
A lo largo de los análisis, la modified duration del nuevo bono jugó un papel central. Los cálculos posicionaron este parámetro en el rango de 3,25 a 3,36 años. Vázquez estimó una duration entre 3,25 y 3,4. Mariva precisó 3,36. El rango de vencimientos involucrados en la licitación se ubicó en la zona corta-intermedia de la curva soberana.
Montos, vencimientos y el registro de las obligaciones a cubrir
El foco operativo de la licitación apunta a refinanciar los vencimientos de enero de 2026 de los Bonar AL29 y AL30 bajo ley argentina, un total de aproximadamente USD 1.187 millones de capital, sin incluir los intereses asociados. Si se suman todas las series en dólares bajo legislación extranjera, el compromiso alcanza USD 2.695 millones y el saldo total a cubrir supera los USD 4.200 millones con intereses incluidos, según los datos provistos por PPI y Banco Mariva.
Los especialistas coincidieron en que la licitación representa “una instancia fundamental para testear mercado, demanda, precios de referencia y apetito local e internacional por riesgo argentino”.
El comportamiento futuro de la curva dependerá de la compresión que logre la nueva colocación y del eventual impacto sobre el índice de riesgo país (Mariva)
Analistas de Mariva subrayaron que el comportamiento futuro de la curva dependerá de la compresión que logre la nueva colocación y del eventual impacto sobre el índice de riesgo país.
La definición de los plazos, la estructuración de la colocación y los niveles de pricing final quedarán sujetos a la dinámica de los próximos días. Una parte significativa de los analistas evaluó que el desenlace tendrá efecto de referencia sobre el potencial de la reapertura del mercado internacional y sobre las negociaciones futuras de Argentina con sus acreedores institucionales.
