Después de dos años privado de libertad tras su condena en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, anunció que ofrecerá en breve información detallada sobre su caso y la coyuntura política del país, poco después de su excarcelación y mientras se realiza un ajustado recuento de votos en las elecciones presidenciales. De acuerdo con la información proporcionada por la prensa, Hernández recuperó su libertad a comienzos de la semana luego de que el exmandatario estadounidense Donald Trump le concediera un indulto presidencial, una medida que despierta debate por su impacto tanto a nivel interno como internacional.
Según consignó el medio, Hernández, quien fungió como presidente de Honduras entre 2014 y 2022, utilizó su cuenta oficial en la red social X para emitir un mensaje dirigido a Trump: “Mi profundo agradecimiento va para el presidente Donald Trump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad. Usted revisó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con firmeza. Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar”. En la misma declaración pública, el exmandatario hondureño atribuyó la decisión a un respaldo no solo a su persona, sino al país entero, y reafirmó su intención de mantener la defensa de su gestión frente a sus simpatizantes.
La detención, extradición y condena de Hernández respondieron a un proceso judicial en Estados Unidos, donde se le acusó principalmente de facilitar el tránsito de estupefacientes y participar en acuerdos con organizaciones criminales. Durante el juicio federal realizado en Nueva York, la fiscalía estadounidense presentó pruebas que incluyeron la facilitación de hasta cuatrocientas toneladas de cocaína transportadas desde Honduras hacia territorio norteamericano, tal como informó el medio.
El expediente judicial incorporó testimonios de integrantes de cárteles de droga que narraron cómo, a cambio de recursos económicos y contribuciones para campañas políticas, recibieron protección oficial y evitaron procedimientos de extradición. Estas colaboraciones habrían permitido la consolidación de estructuras criminales con injerencia en la política hondureña, según detalló el medio. Entre los involucrados de forma directa en los expedientes se enlistaron nombres como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Geovanny Fuentes Ramírez, señalado como aportante de la primera campaña presidencial de Hernández.
Durante el periodo en que ocupó la presidencia, Hernández fue objeto de repetidas investigaciones por corrupción y vínculos con el narcotráfico, lo que finalmente derivó en la imposición de cuarenta y cinco años de prisión. La acusación principal se fundamentó en que el expresidente empleó su cargo para robustecer redes de tráfico de drogas mediante la protección a líderes narco y el desvío de fondos ilícitos para fines políticos y personales.
En sus declaraciones recientes, Hernández insistió en su inocencia y atribuyó tanto el proceso judicial como la condena que le fue impuesta a una presunta conspiración política. El ex mandatario denunció supuestas maniobras políticas en su contra, involucrando a la administración estadounidense de Joe Biden y Kamala Harris y acusando a organismos estatales de Estados Unidos de ejecutar una estrategia orientada a obtener represalias por parte de criminales detenidos. Hernández expuso que, según su interpretación, “no había pruebas reales, solo las acusaciones de criminales que buscaban vengarse”.
La cobertura del medio también situó la declaración de Hernández en el marco de la reñida contienda electoral hondureña, donde Salvador Nasralla, candidato conservador, mantiene una ventaja mínima ante Nasry Asfura, quien representa al Partido Nacional del que Hernández formó parte y que algunos grupos opositores categorizan como de ultraderecha. Trump ya había manifestado públicamente su apoyo a Asfura, incluso sugirió condicionar la futura cooperación entre Estados Unidos y Honduras a la victoria del Partido Nacional, según detalló la prensa.
La decisión de Trump de autorizar el indulto presidencial para Hernández ha intensificado la controversia tanto en Honduras como fuera de sus fronteras. Diversos líderes políticos, instituciones y ciudadanos expresaron opiniones opuestas respecto a la legitimidad de la medida y cuestionaron si correspondió a una defensa de la justicia o a intereses políticos. Este debate toma relevancia, especialmente, por el volumen de los delitos imputados al ex mandatario y por el precedente que sienta para la relación entre procesos judiciales y poder político a nivel internacional.
El proceso judicial en Estados Unidos que culminó en la condena de Hernández se sustentó en testimonios de testigos vinculados a cárteles, incluido el flujo de dinero ilícito destinado a financiar actividades criminales y campañas políticas en Honduras. Esas evidencias sirvieron de base para acusar al ex presidente de garantizar protección institucional a narcotraficantes a cambio de recursos, y de consolidar acuerdos que comprometieron la seguridad y la institucionalidad del país, conforme a lo publicado por el medio.
El mensaje de agradecimiento de Hernández a Trump y a la población hondureña expuso su compromiso de continuar defendiendo las reformas y la gestión desarrollada durante sus años en el poder. Tras el indulto, el futuro político y judicial del ex mandatario queda sujeto a la evolución de los acontecimientos en Honduras y al resultado de los eventuales procesos o investigaciones pendientes que puedan derivarse del contexto actual, marcado por divisiones políticas, controversias legales y la atención internacional al caso.
