En la jornada del 29 de octubre de 2024, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, relató en su declaración ante la jueza de Catarroja que en dos ocasiones propuso el envío de mensajes de aviso a la población a lo largo de la tarde, una antes y otra después de la constitución de la reunión del Cecopi, motivado por las imágenes que mostraban situaciones de riesgo extremo en diversos municipios afectados por la dana. Según consignó El País, Suárez explicó que sus recomendaciones de activar alertas públicas se originaron a las 17:00 y a las 17:38 horas, una vez que analizaron imágenes que reflejaban a personas atrapadas en tejados en Utiel y Requena, y tras conocer el potencial riesgo por la presa de Forata.
De acuerdo con la información publicada por El País, el testimonio del responsable técnico reviste especial relevancia en la investigación que busca esclarecer la gestión de la catastrófica dana de finales de octubre, fenómeno meteorológico que provocó la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia. Suárez, convocado como testigo, detalló que planteó activar sistemas de alerta a la ciudadanía antes del inicio efectivo de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), ya que la visualización de los recursos no ofrecía soluciones viables para rescatar a quienes permanecían aislados por las inundaciones. El subdirector aseguró que, mientras el Cecopi no se había puesto en marcha, sugirió la posibilidad de emitir una alerta masiva a los teléfonos móviles de la población en las zonas afectadas, aunque aclaró que en esos momentos no utilizó el término “Es-Alert” para referirse al sistema.
El País especificó que Suárez acompañó ese día a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y participó en el desarrollo de la sesión del Cecopi, en la que también estuvo presente el exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset. Ambos han sido señalados por varios responsables políticos como referencias fundamentales en la toma de decisiones operativas durante el episodio de la dana. Tanto Pradas como su exnúmero dos, Emilio Argüeso, figuran en la investigación judicial en calidad de imputados, mientras que Suárez intervino como testigo para aportar una cronología precisa de los hechos.
Durante su comparecencia, Suárez insistió en que el aspecto que más le preocupaba era la integridad de las personas atrapadas, dado el riesgo de hipotermia. El testigo recalcó que, tras recibir imágenes de ciudadanos refugiados en los tejados, quedó claro que ni la Unidad Militar de Emergencias ni los equipos de bomberos forestales podían acceder a determinadas áreas. Relató que, en ese punto, propuso la utilización de recursos tecnológicos para alertar a la población sobre el peligro, en especial ante la creciente amenaza que representaba la presa de Forata, ya que comenzaba a verter agua y existía la posibilidad de que se alcanzara un nivel de emergencia máximo, el conocido como escenario 3.
Según el relato recogido por El País, la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, le remitió mediante WhatsApp la lista de municipios que podrían verse afectados por un posible desbordamiento de la presa. Además, otra funcionaria le envió el Plan de Emergencia de la infraestructura, cuya información indicaba que poblaciones del entorno podrían experimentar subidas del agua entre seis y siete metros en caso de rotura. En ese contexto, Suárez reiteró ante los presentes la urgencia de advertir a los ciudadanos, subrayando la segunda ocasión en que propuso el uso del sistema Es-Alert, si bien aclaró que no recordaba si empleó el nombre específico del protocolo de alerta en ese momento.
El medio también informó que durante la reunión del Cecopi se conservó la grabación de las imágenes captadas por una cámara en momentos en que las autoridades ingresaban a la sala, al considerarse el recinto una infraestructura crítica y con interés social relevante. Suárez explicó que esa decisión no se notificó a órganos judiciales en ese instante, sino que se comunicó a la secretaría autonómica. Más adelante, cuando se solicitó un inventario sobre las autoridades que habían asistido al Cecopi en esa jornada, se utilizaron las imágenes grabadas como base para elaborar la respuesta judicial requerida.
En cuanto a la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el subdirector manifestó que revisó con sorpresa la hora exacta de su llegada al Cecopi, ubicada en el registro a las 20:28 horas, ya que su impresión era que había accedido al recinto en un horario diferente. A este respecto, indicó que diversos medios y la comparecencia oficial en las Corts Valencianas habían fijado como momento de entrada la franja posterior a las 19:30 horas. Las declaraciones recogidas por El País ponen de manifiesto la disparidad entre la percepción de quienes participaron en la gestión y los datos posteriormente reflejados en los registros oficiales.
El testigo, con más de una década de experiencia en Emergencias, acudió al juzgado antes de la hora estipulada para su declaración, que se fijó a las 9:30 horas. Según detalló El País, Suárez evitó realizar declaraciones a los medios de comunicación congregados en la entrada del tribunal y centró toda su aportación en la cronología facilitada ante la jueza. Durante su intervención, hizo uso de sus propias notas para reconstruir los momentos más relevantes del dispositivo, desde la constitución del Cecopi hasta las propuestas de alerta y la gestión de la información visual clave para el análisis posterior de los eventos.
El desarrollo de la investigación y las diligencias judiciales han situado a los técnicos de alto rango como piezas centrales en la resolución sobre la adecuación y el momento de las decisiones adoptadas el 29 de octubre. El seguimiento de la actuación de los organismos responsables del operativo y la recopilación de evidencias buscan aportar claridad sobre las respuestas y los protocolos aplicados en una jornada marcada por la magnitud de la catástrofe y la intensidad de los desafíos para la protección civil.