El Ministerio de Sanidad ha destacado que el borrador del nuevo Estatuto Marco pretende acabar con la inestabilidad en el empleo sanitario al establecer la obligación de convocar Ofertas Públicas de Empleo (OPE) cada dos años. Así lo expresó en un comunicado recogido por el medio, en el que también detalló que el texto proporciona garantías de movilidad profesional por medio de un concurso de traslados anual, fija límites estrictos a la sobrecarga laboral con una jornada máxima semanal de 45 horas —por debajo de las 48 horas establecidas por la directiva europea— y modifica el modelo de guardias, reduciendo su duración de 24 a 17 horas. Estas medidas, enumeradas tras más de 60 encuentros entre el Ministerio, sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros agentes implicados, constituyen el núcleo de la propuesta defendida por el departamento que encabeza Mónica García, según informó el Ministerio de Sanidad.
Según recogió el medio, el Ministerio resaltó que estas modificaciones han surgido durante un “proceso de diálogo técnico y político” con las organizaciones sindicales en el Ámbito de Negociación, en respuesta a la convocatoria de una huelga indefinida programada por estas organizaciones para comenzar el próximo 27 de enero. La cartera sanitaria enfatizó que el borrador presentado integra todas aquellas demandas que ingresan dentro de su ámbito de competencia, buscando “garantizar la unidad del régimen estatutario del personal del Sistema Nacional de Salud, evitando desigualdades entre territorios, facilitando la movilidad profesional y permitiendo una planificación sanitaria homogénea”, según citó el Ministerio en el comunicado oficial reproducido por el medio.
En el mismo comunicado, el Ministerio defendió que el texto “articula un marco común respetuoso con las competencias autonómicas”, y advirtió acerca de la importancia de avanzar en la aprobación del nuevo Estatuto Marco. Desde Sanidad señalaron que paralizar el proceso legislativo por cuestiones ajenas al marco competencial supondría perder lo que calificaron como una “oportunidad histórica” para modernizar una normativa que, según detallaron, se mantiene pendiente de reforma desde hace más de veinte años.
Entre los contenidos del borrador, Sanidad incluyó la ampliación de la protección ante noches y turnos especialmente exigentes, la obligatoriedad de garantizar conciliación laboral y familiar de manera forzosa, así como una reordenación en la clasificación profesional del personal del Sistema Nacional de Salud. El documento también contempla transformaciones en el modelo de prestación de guardias, la reducción de la jornada máxima semanal y mecanismos para limitar la sobrecarga laboral, medidas que, de acuerdo con el Ministerio, apuntan a homogeneizar la organización del trabajo en toda la red sanitaria pública y ofrecer un mayor equilibrio entre las distintas realidades autonómicas, según confirmó el comunicado recogido por el medio.
Sobre las demandas sindicales no incluidas en el borrador, el Ministerio expuso que la normativa estatal debe respetar el marco de competencias de las comunidades autónomas (CCAA). Según explicó Sanidad, la ley básica nacional no puede detallar aspectos operativos de gestión interna, ya que esto sería contrario a la Constitución. De acuerdo con lo publicado por el medio, el Ministerio resaltó específicamente la imposibilidad de abordar cuestiones relativas a las retribuciones básicas y complementarias del personal, así como la posibilidad de fijar cuantías concretas para guardias, nocturnidad y otros conceptos salariales. Estas materias, insistió Sanidad, dependen de los servicios de salud autonómicos y de la Ley de Presupuestos, lo que impide la intervención del Estatuto Marco en este terreno.
En cuanto a la jubilación anticipada, Sanidad explicó que esta facultad compete en exclusiva a la Seguridad Social y que el Estatuto Marco únicamente puede consignar una referencia al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, que regula los coeficientes reductores de edad de jubilación. El Ministerio recalcó que no tiene capacidad legal para conceder o modificar las condiciones para el acceso anticipado a la jubilación del personal sanitario, función que corresponde al organismo mencionado.
El Ministerio abordó además la demanda sindical relativa a la fijación de una jornada semanal de 35 horas, aseverando que la duración del horario laboral corresponde a cada autonomía, así que, según sus palabras, “el Ministerio no puede establecer un límite obligatorio, ni superior ni inferior”. Tampoco se incluyó la gestión concreta de la asignación de turnos y guardias, pues –según Sanidad– la descentralización del sistema obliga a que estos aspectos se negocien en el ámbito regional, tal como constató el comunicado difundido por el Ministerio.
Según detalló el medio, desde Sanidad aseguraron que la continuidad del proceso legislativo y el recorrido parlamentario del Estatuto Marco permitirán seguir incorporando aportaciones constructivas, siempre dentro del marco del reparto constitucional de competencias. El Ministerio reiteró la voluntad de diálogo y la disposición para seguir negociando, pero insistió en que las limitaciones legales del Estatuto Marco impiden incorporar algunas de las exigencias planteadas por las organizaciones sindicales durante las más de sesenta reuniones que han celebrado desde el inicio de este proceso.
Los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación —SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde— han expresado que consideran irrenunciables asuntos como las retribuciones básicas vinculadas a la nueva clasificación profesional, una definición de jornada laboral que consideren digna y adecuada, y la posibilidad de la jubilación anticipada. Frente a estas reclamaciones, el Ministerio reiteró la inviolabilidad de las competencias autonómicas y el alcance limitado de una ley básica estatal. Según el comunicado difundido, desde la cartera de Mónica García se insistió en que el borrador no invade la gestión ni la organización de los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma, por lo que los aspectos esenciales del funcionamiento diario y la gestión concreta continúan correspondiendo a las autoridades regionales.
El texto final, detalló el Ministerio en el comunicado reproducido por el medio, seguirá abierto a nuevas sugerencias y contribuciones dentro de los márgenes que fija la legislación estatal. Según reiteró Sanidad, la tramitación parlamentaria ofrecerá la oportunidad de introducir modificaciones siempre que respeten el modelo de competencias establecido en la Constitución y no contravengan la descentralización del Sistema Nacional de Salud.