La rectificación oficial acerca del contenido de la decisión 61/2025 ha subrayado que la inclusión de Hezbolá y los hutíes en la lista de sanciones respondía a un fallo administrativo relacionado con la publicación prematura del documento, antes de haber completado su revisión. Según informó Europa Press, desde el gobierno iraquí se ha señalado que esta decisión no representaba la posición real del país respecto a la política internacional sobre organizaciones terroristas y que el listado debía limitarse exclusivamente a individuos y entidades vinculados a Estado Islámico y Al Qaeda, tras una solicitud proveniente de Malasia.
El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ordenó la apertura inmediata de una investigación para esclarecer el proceso por el cual Hezbolá y los hutíes, dos grupos respaldados internacionalmente y sin vínculos operativos con Estado Islámico ni Al Qaeda, aparecieron en la lista nacional de sanciones por terrorismo. De acuerdo con el comunicado oficial reproducido por Europa Press, se ha dado instrucciones para identificar a los responsables de la publicación de la lista y establecer responsabilidades administrativas por la negligencia detectada en la gestión del documento, que apareció en la ‘Gaceta Oficial’ el 17 de noviembre de 2025.
En el comunicado divulgado por la oficina del primer ministro a través de sus canales oficiales, se precisó que la congelación de activos autorizada por Irak, conforme a la solicitud de autoridades malasias, debía aplicarse estrictamente a entidades e individuos afiliados con Estado Islámico y Al Qaeda. Europa Press detalló que, pese a la publicación inicial, el Comité para Congelar los Bienes Terroristas emitió posteriormente una aclaración para corregir el contenido de la lista y eliminar a los partidos y entidades erróneamente incluidos, refiriéndose de manera implícita a Hezbolá y los hutíes, que tradicionalmente han mantenido posiciones enfrentadas a las organizaciones yihadistas mencionadas.
El informe indicó que la decisión oficial inicial disponía la congelación de todos los recursos muebles, inmuebles y económicos de Hezbolá y los hutíes en Irak por presunta «participación en ataques terroristas». No obstante, poco después del anuncio, el propio Comité para Congelar los Bienes Terroristas matizó, a través de una nueva comunicación, que las medidas de congelación de bienes únicamente afectan a personas y grupos que tengan relación con Estado Islámico y Al Qaeda, excluyendo a organizaciones diferentes a estas dos.
Según publicó Europa Press, la oficina del primer ministro recalcó la postura inalterable de Irak en torno a las causas nacionales e internacionales que conciernen a las comunidades de Líbano y Palestina. En el mismo comunicado se remarcó que las posturas políticas y humanitarias del gobierno iraquí reflejan la voluntad colectiva de la sociedad nacional, incluyendo el apoyo a los derechos de pueblos considerados hermanos, como la libertad y la dignidad en sus lugares de origen.
De acuerdo con la misma fuente, la oficina de Mohamed Shia al Sudani afirmó: “Ningún detractor ni voz ilegítima puede cuestionar la firmeza del Gobierno iraquí en su defensa de los derechos históricos de los pueblos indígenas, su apoyo a ellos, su oposición a la ocupación, la agresión, el genocidio y el desplazamiento forzado, y su rechazo a todos los actos de violencia que la comunidad internacional no ha logrado confrontar”. Esta declaración buscó subrayar la diferencia entre la política nacional respecto al apoyo a movimientos y resistencias en la región y la implementación de sanciones bajo el esquema de lucha contra el terrorismo acordado internacionalmente.
Europa Press reportó que la confusión emergió luego de que el Comité para Congelar los Bienes Terroristas hiciera público un documento en el que aparecían dos grupos cuya inclusión no se justificaba bajo el marco legal establecido ni respondía a criterios vinculantes con acusaciones de terrorismo, lo que motivó la rápida reacción gubernamental. Según la información brindada por ese medio, el propio Comité reconoció el error y atribuyó el incidente a la difusión de la lista antes de culminar el proceso de verificación y validación que exigiría su carácter de oficialidad.
El gobierno de Bagdad, conforme detalló Europa Press, prometió revisar y corregir los documentos publicados en la ‘Gaceta Oficial’ para retirar la asociación de Hezbolá y los hutíes con los actos terroristas adjudicados a Estado Islámico y Al Qaeda, dejando constancia de que estos grupos no comparten agenda ni lazos operativos con las organizaciones yihadistas contra las que se dirigen las sanciones nacionales.
De acuerdo con el seguimiento de Europa Press, este incidente ha puesto de manifiesto una serie de fallas administrativas en la gestión de las sanciones nacionales y lleva al Ejecutivo iraquí a examinar los procedimientos internos del Comité para Congelar los Bienes Terroristas. El objetivo de la pesquisa oficial es, según el comunicado, depurar responsabilidades entre quienes participaron en la redacción, supervisión y publicación del listado, y garantizar que hechos similares no ocurran en futuras decisiones relacionadas con sanciones o medidas de carácter internacional.