La propuesta de restablecer la pena capital en Burkina Faso se produce mientras el gobierno de transición endurece también las restricciones legales relacionadas con la homosexualidad. De acuerdo con lo informado por la agencia Europa Press, el Consejo de Ministros de la junta militar, bajo el mando de Ibrahim Traoré, ha dado luz verde a un proyecto de ley que busca reimplantar la pena de muerte para delitos como alta traición, terrorismo y espionaje. Esta iniciativa será sometida a consideración de la Asamblea Legislativa de Transición, que deberá decidir si se modifica el Código Penal para permitir dichas ejecuciones.
Según detalló Europa Press, el ministro de Justicia burkinés, Edasso Rodrigue Bayala, explicó que esta medida responde a una serie de reformas integrales en el sistema judicial y busca atender «las profundas aspiraciones del pueblo» de Burkina Faso. El gobierno ha justificado la propuesta argumentando la necesidad de fortalecer el marco legal frente a amenazas consideradas gravísimas para la seguridad nacional.
Junto al restablecimiento de la pena máxima, el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros prevé sancionar la promoción y las prácticas de la homosexualidad, así como actividades relacionadas. El comunicado oficial, difundido por la Presidencia burkinesa a través de su página de Facebook y recogido por Europa Press, hace explícita la intención de restringir aún más las expresiones y conductas vinculadas a la diversidad sexual en el país.
La propuesta del ejecutivo se enmarca en un contexto legislativo que se ha vuelto más restrictivo en los últimos años. Europa Press señaló que la Asamblea Nacional de Burkina Faso derogó la pena de muerte para todos los delitos en mayo de 2018, durante el gobierno anterior encabezado por Roch Marc Christian Kaboré. De acuerdo con información recopilada por la organización Human Rights Watch y citada por el medio, las últimas ejecuciones judiciales documentadas ocurrieron en 1988, lo que indica que el país no ha aplicado la pena de muerte en más de tres décadas.
El endurecimiento de las disposiciones legales en torno a la homosexualidad no es una política aislada en Burkina Faso. Europa Press precisó que, en septiembre, el Parlamento de transición aprobó una ley que impone penas de entre dos y cinco años de prisión a quienes sean condenados por realizar prácticas homosexuales. Estas medidas sitúan al país dentro de la tendencia observada en unos treinta estados africanos donde la homosexualidad se considera delito. Algunos países, como Ghana o Uganda, han adoptado recientemente marcos legales más severos al respecto.
El proyecto aún debe superar la instancia parlamentaria correspondiente antes de que se formalice en el Código Penal. El debate parlamentario se prevé en un ambiente de transición política que ha implementado varias reformas legales bajo la conducción de las autoridades militares. Europa Press enfatizó que las motivaciones oficiales hacen referencia al fortalecimiento institucional y a la protección de la integridad del Estado frente a desafíos como el terrorismo y el espionaje.
La reacción internacional y local ante la posibilidad de reinstaurar la pena máxima y a las nuevas restricciones sobre la diversidad sexual permanece en desarrollo. En el pasado, organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos han expresado preocupación frente a iniciativas similares en la región, señalando los riesgos que implican para la vigencia de los derechos fundamentales. Europa Press comentó que la decisión de la Asamblea Legislativa de Transición se espera con atención tanto a nivel nacional como internacional, dada la trascendencia de las reformas propuestas en los ámbitos judicial y social.