“Reducir los casos que inquietan a la ciudadanía en varios municipios de Euskadi” es uno de los objetivos que han impulsado la participación del PNV en la redacción de las últimas enmiendas a la reforma legal que endurecerá las sanciones para delincuentes reincidentes. Según detalló Europa Press, el proyecto avanzó en la ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, donde fue aprobado por mayoría tras introducirse modificaciones negociadas entre Junts, PSOE y PP. El texto, promovido originalmente por el partido independentista catalán Junts per Catalunya y presentado en marzo del pasado año, había acumulado meses de retraso y sucesivas prórrogas por las diferencias entre los aliados del Gobierno de Pedro Sánchez acerca de la idoneidad y el alcance de la reforma.
La votación celebrada a puerta cerrada este jueves en la ponencia de la Comisión de Justicia reflejó, de acuerdo con Europa Press, una división entre los principales grupos parlamentarios y los socios de investidura del Ejecutivo socialista. Mientras Junts, el PSOE y el PP pactaron media docena de enmiendas transaccionales, partidos como EH Bildu y Podemos formalizaron su desacuerdo y voto negativo a la proposición. Otros grupos, como Sumar y ERC, decidieron reservar su postura hasta la deliberación en la comisión pública. La fuente precisó que el PNV, que ya había planteado esta demanda a Sánchez, apoyó la redacción final con el argumento de que incrementará la capacidad para combatir la delincuencia habitual y responder a una preocupación presente en la sociedad vasca.
El avance parlamentario de la proposición implica una modificación tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y prevé sanciones más duras para quienes reincidan en delitos como hurtos o fraudes de pequeña cuantía. Junts registró la iniciativa legislativa tras vincular el endurecimiento de la respuesta penal a sus exigencias para apoyar la investidura de Sánchez. El proceso estuvo marcado por tensiones sucesivas. De acuerdo con la cronología reconstruida por Europa Press, el texto se admitió a trámite seis meses después de su presentación, pero entró en un período de inactividad que se prolongó por meses debido a la falta de consenso con los partidos aliados del Gobierno, que expresaron desde el inicio su oposición a endurecer la legislación en esos términos.
La reactivación de la discusión parlamentaria no se produjo hasta la ruptura del diálogo anunciada por Junts con el Gobierno. Esto motivó que el PSOE aceptara retomar la tramitación y negociar cambios al articulado. Durante el trabajo en la ponencia, Junts logró acordar seis enmiendas transaccionales: dos con el PSOE y cuatro con el PP. Según describió Europa Press, la mayoría favorable en esa instancia no fue unánime debido al rechazo explícito de EH Bildu y Podemos. El calendario legislativo prevé que el informe de la ponencia sea debatido en sesión pública la semana del 17 de diciembre y, tras esa etapa, la propuesta pase al Pleno para su aprobación definitiva, una vez reanudada la actividad ordinaria del Congreso en enero o febrero.
Entre los puntos principales de la reforma, la proposición prevé la imposición de multas de uno a tres meses en los casos en los que el importe de lo hurtado no supere los 400 euros. No obstante, el castigo podrá aumentarse hasta una pena de prisión de uno a tres años si concurre la circunstancia de haber sido condenado de forma firme por otros tres delitos menos graves. Junts promovió una ampliación de los agravantes de la mano de modificaciones que incluyen el hurto de teléfonos móviles y aparatos informáticos con datos personales entre los supuestos sancionados más severamente, siempre que no se trate de robos de dispositivos nuevos en tiendas.
En materia de fraude, la reforma pactada por PP, PSOE y PNV incorpora previsiones para sancionar la multirreincidencia también en casos de estafa con intención de lucro obtenida mediante engaño suficiente para inducir al error. El texto prevé que al fijar la sanción se valoren el importe defraudado, el daño económico provocado, la relación entre implicados, los medios utilizados y otras circunstancias relacionadas con la gravedad del caso. En este ámbito, si la cantidad estafada no supera los 400 euros, se aplicará una multa de uno a tres meses, salvo cuando concurran agravantes previstos por la legislación. Si el culpable acumula condenas firmes por al menos tres delitos de la misma naturaleza, uno de ellos leve, podrá imponerse la pena del apartado primero del artículo correspondiente, tal como explicó Europa Press. La propuesta excluye del cómputo los antecedentes penales que hayan sido cancelados o deban serlo.
También entre las enmiendas se sumó la opción de imponer como medida cautelar, en casos concretos, la prohibición al infractor de acudir a espacios definidos, ya sean barrios, localidades, provincias o comunidades autónomas. La limitación puede incluir también la orden de no acercarse ni contactar con determinadas personas, y la gradación de esa restricción corresponderá al órgano judicial en función de la situación.
Otra de las modificaciones incorporadas a última hora, según describió Europa Press, fue una enmienda presentada oralmente y consensuada entre PP, PNV y Junts para castigar con uno a cinco años de prisión la conducta conocida como ‘petaqueo’. Esta figura hace referencia al apoyo logístico a las ‘narco lanchas’ a través de actividades como la adquisición, custodia, almacenamiento, transporte o suministro de combustibles líquidos en infracción de la legislación, con una temeridad manifiesta.
El portavoz del PNV, Mikel Legarda, manifestó según recogió Europa Press que el partido vasco asume el desafío de responder con soluciones a la multirreincidencia delictiva, una cuestión que, en palabras del propio Legarda, “genera preocupación en la sociedad vasca”, aunque subrayó la necesidad de abordar el problema con decisiones serenas y sin sobredimensionar el riesgo. La posición del PNV ha coincidido en las últimas semanas con las demandas planteadas tanto por Junts como por el PP, propiciando el consenso en las enmiendas clave pese a la oposición sostenida desde partidos aliados del Ejecutivo, que reiteraron su desacuerdo y reafirmaron su negativa a la reforma.
Según Europa Press, la tramitación continuará durante las próximas semanas en la Comisión de Justicia y, en una etapa posterior, en el Pleno del Congreso, donde se decidirá la aprobación definitiva de la reforma impulsada por Junts con el respaldo de PSOE, PP y PNV, y frente al rechazo de parte de los socios parlamentarios que permitieron la investidura del actual Gobierno.
