El Gobierno de Gustavo Petro impulsa una nueva reforma tributaria con el objetivo de recaudar $16,3 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026, estimado en $546,9 billones. El proyecto, denominado ley de financiamiento, permanece estancado en el Congreso, en medio de un debate político marcado por advertencias de crisis fiscal y posturas enfrentadas entre el Ejecutivo y la oposición.
Mientras el ministro de Hacienda Germán Ávila defiende la progresividad y la equidad de la propuesta, el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, denuncia irregularidades en el trámite y rechaza la creación de nuevos impuestos.
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La iniciativa del Gobierno busca fortalecer las finanzas públicas y reducir la desigualdad social mediante una reforma tributaria progresiva. Al respecto, Ávila, por medio de una columna de opinión para La República denominada “Ley de financiamiento y nuevo pacto fiscal”, el proyecto representa “otro paso para avanzar en un pacto fiscal en el que concurran ciudadanía y Gobierno para honrar el principio constitucional de progresividad en la tributación como instrumento decisivo en la lucha contra la desigualdad”.
También, el ministro resaltó la importancia de recuperar el equilibrio fiscal a mediano plazo, en línea con el compromiso de retomar la regla fiscal tras la activación de la cláusula de escape en junio pasado.
Medidas para incrementar los ingresos
Y es que el proyecto de ley de financiamiento contempla una serie de medidas para incrementar los ingresos del Estado. Entre las más relevantes se encuentran:
- Impuesto al consumo sobre bebidas alcohólicas y tabaco: aportaría $3 billones.
- Gravamen a patrimonios superiores a $2.600 millones: con un cambio sustancial a partir de $6.200 millones, que generaría $2,2 billones.
- Impuesto a personas jurídicas con mayores tasas para instituciones financieras y el sector del carbón: sumaría $1,3 billones.
Además, se propone revisar y eliminar exenciones fiscales consideradas injustificadas, así como gravar sectores con baja carga impositiva, como juegos en línea, combustibles y servicios digitales extranjeros. El Gobierno también plantea tributos a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.
Mensaje a la oposición
En la columna, el líder de la cartera envió un duro mensaje a la oposición, que lidera el Centro Democrático: “Los opositores a la ley de financiamiento parecen preocupados por los impuestos saludables, al tabaco y a los licores. Pero no han presentado una sola argumentación seria que demuestre que dicho proyecto afectaría a los sectores de menores ingresos”.
Sobretasa a los bancos
El sector financiero se encuentra en el centro del debate. Ávila señala que este sector tributa con tasas efectivas cercanas al 17%, mientras que las comunicaciones, la industria y la agricultura lo hacen al 28%, 27% y 26%, respectivamente. Las utilidades del sector financiero alcanzaron $111,4 billones a septiembre, frente a $95,2 billones en el mismo periodo de 2024, lo que refuerza el argumento oficialista sobre la necesidad de una mayor contribución de quienes más ganan.
No obstante, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, enfatizó que no existe nada más costoso para la economía de un país que los incentivos o medidas mal diseñadas. Señaló que algunas políticas públicas buscaban resolver problemas, pero en la práctica terminaron agravándolos o generando efectos contrarios a los esperados.
El líder gremial recordó, por ejemplo, que en Colombia suele afirmarse que aumentar la sobretasa del impuesto de renta a las entidades financieras es una medida efectiva para incrementar el recaudo, una discusión frecuente en el país. Sin embargo, destacó que la evidencia demuestra lo contrario.
Indicó que, “en 2022, cuando la sobretasa era del 3%, se recaudaron $3 billones del sector financiero; y en 2023, tras incrementarla del 3% al 5%, en lugar de observarse un incremento en la tributación, lo que hubo fue una reducción, lo que se conoce como la curva de Laffer. El recaudo cayó a $2,2 billones”.
Asimismo, el trámite legislativo de la reforma ha estado marcado por la polarización y la falta de consenso. De acuerdo con el senador Enrique Cabrales, la llamada “ley de financiamiento” fue archivada en la Comisión Cuarta del Senado con 8 votos a favor, tras denunciar que varios miembros de la corporación abandonaron la sesión, lo que atribuyó a un intento de sabotaje orquestado por Ávila y el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilmer Castellanos.
“Una falta de respeto con el país. En la Comisión Cuarta estamos cumpliendo con el quórum y dando el debate de frente contra la nefasta reforma tributaria”, afirmó el congresista.
Ante esto, reiteró su compromiso de proteger los recursos públicos y evitar que nuevos impuestos perjudiquen a las familias y los trabajadores. Además, desafió al presidente de la Comisión Cuarta a retomar el debate en la próxima sesión, por lo que exigió transparencia en el proceso legislativo.
Herramienta para avanzar en un sistema justo y eficiente
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la reforma es una herramienta para avanzar hacia un sistema tributario más justo y eficiente. El ministro sostuvo que gravar patrimonios altos, en especial, aquellos que superan los $6.000 millones o incluso los $148.000 millones, responde al principio de que “personas con tal riqueza contribuyan mucho más al financiamiento de los bienes y servicios sociales”. El funcionario cuestionó cuántos trabajadores, personas de clase media o pequeños empresarios poseen ese nivel de patrimonio, y defendió que la progresividad tributaria es clave para reducir la desigualdad y financiar la política social.
Ávila también destacó que el artículo 363 de la Constitución Política establece los principios de equidad, eficiencia y progresividad en el sistema tributario, y que avanzar en esa dirección permite generar recursos para los servicios públicos esenciales. De paso, rechazó los argumentos de quienes se oponen a que los de mayor capacidad económica tributen más, señalando que esa postura perpetúa la desigualdad en el país.
Familias y trabajadores, los más afectados
Por su parte, Cabrales y otros opositores a la reforma insisten en que la creación de nuevos impuestos afectaría de forma negativa a las familias y los trabajadores. El senador manifestó su preocupación por el impacto de los llamados “impuestos saludables” al tabaco y los licores, y exigió un debate transparente y responsable en el Congreso. Cabrales sostiene que la oposición está cumpliendo con el quórum y dando el debate de frente, y denunció intentos de viciar el proceso legislativo.
El Gobierno dejó abierta la posibilidad de modificar o eliminar algunas de las medidas más controvertidas durante el debate parlamentario. Entre los escenarios alternativos se contempla la exclusión total del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, en especial, para la cerveza, y la eventual eliminación del impuesto al carbono, que en la actualidad representa $100 por galón y afecta el precio de la gasolina.
Ávila remarcó que el Congreso de la República puede revisar estos puntos y ajustar el proyecto según las inquietudes manifestadas por los legisladores.
La aprobación del Presupuesto General de la Nación en el Senado y la Cámara, con 49 de 75 votos y 73 de 97 votos respectivamente, evidencia la urgencia de tramitar la ley de financiamiento para equilibrar ingresos y gastos. Sin embargo, la resistencia de un grupo de senadores en las comisiones económicas impide avanzar en la discusión, lo que, según el Gobierno, pone en riesgo la estabilidad fiscal y podría derivar en medidas como el aumento del precio de la gasolina.
