La inminente entrega del informe de la comisión antiacoso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por el caso Salazar centró la atención en los procedimientos internos que emplea la organización política ante denuncias de acoso o violencia. Según publicó el medio original, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, abordó desde Bruselas la activación de la investigación interna a raíz de la denuncia anónima presentada contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo. Durante su intervención, Montero insistió en la política de “tolerancia cero” frente a casos con indicios suficientes de acoso o violencia dentro del PSOE, subrayando tanto el compromiso institucional como el funcionamiento autónomo y seguro de sus mecanismos de denuncia.
Tal como consignó el medio, Montero explicó que el PSOE estableció su protocolo interno un día antes de que el caso Tomé se hiciera público, procurando adelantar la investigación desde la fase preliminar y sin esperar la conclusión total de los informes internos. La dirigente socialista calificó estos procedimientos de pioneros, argumentando que otorgan a las víctimas la posibilidad de denunciar incluso de manera anónima y bajo condiciones de confidencialidad y seguridad reforzadas. De acuerdo con lo detallado por la publicación, Montero defendió la rapidez e independencia de la comisión responsable de evaluar los casos, asegurando que tales protocolos constituyen un modelo que brinda protección y respeto institucional a las personas afectadas.
En sus declaraciones, la ministra insistió en que el PSOE exige la asunción de responsabilidades políticas por parte de los investigados cuando las pruebas reunidas lo justifican, adelantando la respuesta institucional respecto a la resolución de la investigación administrativa. Según lo reportado por el medio, la política de respuesta inmediata y efectiva busca generar confianza entre los miembros y dar garantías a quienes presentan denuncias de conductas inapropiadas. Montero puso de relieve que el modelo socialista contempla la protección integral de las posibles víctimas tanto en el entorno profesional como dentro del partido, estableciendo canales confidenciales y estrictos en la recolección y valoración de denuncias.
Durante el acto celebrado en Bruselas en el contexto de la candidatura de Málaga para convertirse en sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea, y acompañado por la presencia de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y Francisco de la Torre Prados, alcalde de Málaga, Montero abordó la gestión de casos recientes en el PSOE y comparó estos procedimientos con la actuación del Partido Popular (PP). La ministra acusó al PP de “hipocresía” al exigir responsabilidades al PSOE que, según su impresión, no aplica dentro de sus propias filas. Según detalló el medio, citó como ejemplo el caso del alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce, indicando que el partido no habría pedido formalmente su renuncia tras los señalamientos recibidos.
El medio resaltó que Montero amplió sus críticas hacia Juanma Moreno, acusándolo de eludir responsabilidades ante sucesos recientes en el PP y presentando expresiones como “nadie me coge el teléfono al otro lado” para ilustrar, según su interpretación, la ausencia de respuesta y determinación por parte de la dirección popular. La vicepresidenta defendió el modelo interno del PSOE y sostuvo que prioriza la activación de los procedimientos desde la identificación de los primeros indicios, con el objetivo de reforzar la protección preventiva respecto a mujeres o víctimas de acoso.
Según publicó el medio, Montero destacó la función de la comisión antiacoso socialista en asegurar la objetividad y la independencia en la evaluación de las denuncias, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de todas las partes implicadas. La ministra señaló que los equipos encargados de gestionar estas reclamaciones disponen de recursos y autonomía suficientes para determinar la gravedad de las acusaciones presentadas y valorar su veracidad.
La dirigente socialista también cuestionó la postura del PP sobre el abordaje institucional de la violencia o el acoso, al afirmar que el partido niega la existencia de estos problemas y rechaza el papel de organismos especializados, a los que habría tachado de “chiringuitos”. En contraste, Montero defendió la política activa del PSOE y justificó la aplicación temprana de protocolos para preservar la imparcialidad, la confidencialidad de las denuncias y el respeto al proceso interno, además de asegurar que todo el procedimiento cuenta con etapas y medios para dilucidar la realidad de los hechos denunciados.
El medio recabó además que, para Montero, ofrecer un marco seguro y transparente para la presentación de denuncias refuerza tanto la independencia organizativa de las comisiones de valoración como el principio de transparencia en la toma de decisiones institucionales. De esta forma, la ministra ratificó la declaración de “tolerancia cero” frente a cualquier manifestación de acoso o violencia de género que pudiera producirse dentro del partido socialista, asegurando que la integridad de los procesos depende de la aplicación estricta y permanente de estos mecanismos, la protección de las víctimas y la responsabilidad política vinculada a los hallazgos e indicios obtenidos durante la investigación.
