
Tufail Hussain, máximo responsable de Islamic Relief Worldwide, rechazó de forma rotunda cualquier vínculo entre su organización y The Canadian-Muslim Vote tras la prohibición de entrada a una delegación canadiense a territorios palestinos, suceso que llevó al Gobierno de Canadá a presentar una queja formal contra Israel. El medio canadiense CBC informó que Hussain advirtió que asociar injustificadamente a entidades humanitarias con grupos políticos representa un riesgo tanto para los trabajadores en el terreno como para las comunidades beneficiarias de su apoyo.
La controversia surgió en la frontera entre Jordania y los Territorios Palestinos Ocupados, cuando casi treinta ciudadanos canadienses, incluidos seis miembros del Parlamento federal, trataron de ingresar en el marco de una visita coordinada y financiada por The Canadian-Muslim Vote. Según detalló CBC, la delegación tenía un programa de tres días orientado a establecer contacto con comunidades palestinas desplazadas, organizar reuniones y observar la situación local tanto en zonas bajo administración israelí como en territorio palestino. El propósito central del viaje consistía en recoger impresiones de primera mano y explorar mecanismos para fortalecer el pluralismo democrático, utilizando recursos provenientes de donaciones individuales gestionadas por la mencionada organización canadiense.
De acuerdo con la versión oficial israelí, publicada por CBC, la denegación de ingreso se apoyó en presuntos vínculos de algunos integrantes de la comitiva con Islamic Relief Worldwide, entidad que, según las autoridades de Israel, figura en su lista de organizaciones terroristas. También se aludió a una supuesta carencia de coordinación formal con los organismos responsables de aprobar dichos desplazamientos.
Este episodio generó una reacción inmediata del Gobierno canadiense. Anita Anand, ministra de Relaciones Exteriores, utilizó la red social X para confirmar la presentación de una queja formal dirigida a funcionarios israelíes y asegurar que su gobierno mantenía contacto directo con el grupo afectado. Anand remarcó la preocupación de Ottawa por el trato recibido por sus nacionales en la frontera y demandó explicaciones.
The Canadian-Muslim Vote, responsable de costear la visita, refutó de forma pública la decisión de Israel a través de declaraciones recogidas por CBC. Voceros de la organización señalaron que los fondos utilizados procedieron exclusivamente de aportaciones ciudadanas orientadas a la promoción del diálogo político y la participación democrática. Uno de los portavoces expresó: “Claramente, eso no es algo en lo que Israel crea”, defendiendo la transparencia de las operaciones de la entidad y su apego a la legalidad.
Entre los canadienses a los que se impidió el ingreso figuraron seis diputados federales. Este dato, reportado por CBC, amplió la proyección política del conflicto. Jenny Kwan, diputada del Nuevo Partido Democrático, manifestó en un comunicado difundido por el medio que la naturaleza pacífica y pública del viaje había sido informada a Israel con anterioridad, para asegurar la ausencia de riesgos para la seguridad nacional israelí. Kwan sostuvo que resulta fundamental preservar el acceso a instancias de observación legislativa y fomentar espacios de diálogo en situaciones complejas.
El embajador de Israel en Canadá, Iddo Moed, defendió públicamente la resolución tomada por sus autoridades migratorias. En declaraciones citadas por CBC, Moed explicó que la denegación de entrada obedeció a un proceso de investigación sobre posibles vínculos entre The Canadian-Muslim Vote y Islamic Relief Worldwide. Además, argumentó que la protección de la seguridad nacional constituye el criterio esencial para permitir el ingreso de extranjeros, y destacó la vigencia de este principio en contextos marcados por conflictos y disputas territoriales.
A nivel diplomático, CBC describió el incidente como un factor de tensión añadido a las relaciones bilaterales, centrándose en el debate sobre los procedimientos para recibir comitivas parlamentarias, el reconocimiento del trabajo de organizaciones de la sociedad civil y la normativa que condiciona el acceso a territorios bajo controles especiales. La política de restricción de entrada abrió deliberaciones dentro de ambos gobiernos en torno a los requisitos y mecanismos que rigen la actividad de delegaciones extranjeras en áreas sujetas a vigilancia reforzada.
La Cancillería canadiense y la representación diplomática en Israel se mantienen en comunicación directa, según CBC, para examinar el impacto de lo sucedido en la cooperación bilateral y para delimitar estrategias ante futuros casos similares. La situación resalta los desafíos en la organización de viajes parlamentarios o humanitarios hacia zonas en disputa, en particular cuando existen sospechas de seguridad o diferencias de interpretación sobre la legitimidad de las entidades involucradas.
The Canadian-Muslim Vote insistió públicamente en que sus operaciones cumplen tanto la legislación canadiense como las normas internacionales, mientras que los representantes israelíes afirmaron la necesidad de extremar el control sobre quienes buscan ingresar a regiones bajo su administración. CBC subrayó que la disputa renueva el debate en torno a las obligaciones de los estados en lo referente al acceso de delegaciones legislativas y representantes humanitarios en escenarios de seguridad intensificada.
El medio informó que la controversia mantiene abiertas las discusiones respecto a las condiciones futuras para la entrada de delegaciones oficiales y el alcance de la colaboración diplomática en el contexto regional. Las consecuencias de este episodio para próximas visitas y acuerdos bilaterales permanecen bajo seguimiento tanto de las instituciones canadienses como israelíes, en un proceso de observación constante y evaluación de alternativas políticas y operativas.
