El debate parlamentario en Brasil cobró intensidad luego de que una modificación impulsada durante la tramitación redujera el alcance de la reforma penal únicamente a los condenados por los disturbios ocurridos en Brasilia el 8 de enero de 2023. Tal como divulgaron Globo y Folha, esta alteración, propuesta por el senador Esperidiao Amin del Partido Progresistas, omitió la necesidad de un nuevo paso legislativo en la Cámara de Diputados y dirigió directamente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva la decisión final sobre la ley que ajusta las sentencias para procesados por el intento de golpe contra el orden democrático.
La agencia Senado informó que la aprobación en el Senado de la denominada “ley de dosimetría” introdujo un mecanismo que reduce significativamente los períodos de reclusión para los sentenciados por estos hechos. Según el texto validado por la cámara alta, los convictos pasarán a cumplir poco más del 16% de sus condenas en prisión, lo que representa una baja relevante respecto a la normativa vigente. El respaldo vino por parte de 48 senadores, con 25 votos en contra y una abstención, mostrando un escenario de división política sobre la respuesta judicial adecuada ante delitos que atentan contra los tres poderes del Estado.
El Senado brasileño, según consignó su propia agencia, fijó un sistema escalonado para la ejecución de las penas en estos casos. La proporción de la sentencia que se cumple en prisión ahora variará entre el 20% y el 70%, en función de criterios como la reincidencia, la gravedad y naturaleza del delito cometido, la vinculación con organizaciones criminales y si se trata de una primera infracción. El Senado explicó que este nuevo esquema busca ajustar el régimen de castigo de manera individualizada según las características y antecedentes de cada procesado involucrado en los hechos del 8 de enero.
Durante los debates, según Globo y Folha, legisladores de distintas corrientes subrayaron preocupaciones ante la posibilidad de que la reducción de penas se aplicara a delincuentes sentenciados por delitos violentos distintos a los ataques institucionales. Para evitar esta consecuencia, la modificación impulsada por Esperidiao Amin reservó la aplicabilidad de la nueva ley únicamente a quienes participaron en los disturbios de enero de 2023. Según explicó el propio Amin, citado por Globo, la intención de la medida consistió en “corregir distorsiones en las sentencias vinculadas al 8 de enero” y recalcó que la reforma no equivale a una amnistía general, sino que se perfila como un primer paso hacia una posible amnistía futura.
Dentro del plenario, varios senadores remarcaron que crímenes como el feminicidio quedarían expresamente fuera del ámbito de la ley, defendiendo la necesidad de que estos delitos sigan sujetos a los parámetros penales ya existentes. De acuerdo con los registros parlamentarios citados en Globo, la deliberación sobre la ley reflejó alianzas y tensiones, reavivando divisiones persistentes desde los incidentes ocurridos en enero del año pasado.
Folha destacó que uno de los ejes más discutidos fue la individualización de sanciones: la normativa prevé que cada procesado reciba una evaluación específica adecuada a su implicación, antecedentes penales y posibles vínculos organizativos.
La presión social, antecedentes de sentencias elevadas –algunas superiores a 27 años para participantes identificados con el expresidente Jair Bolsonaro– y la polarización sobre cómo castigar estos delitos generaron posiciones enfrentadas entre los senadores. Según Globo, mientras algunos promovieron garantizar proporcionalidad y derechos procesales, otros advirtieron que la rebaja de las penas podría debilitar la eficacia disuasoria del sistema penal respecto a delitos cometidos contra las instituciones democráticas.
La decisión ahora recae en el presidente Lula da Silva, quien dispone de la facultad de promulgar la ley, vetarla de forma parcial o total. Globo precisó que, si decide ejercer el veto, el proyecto regresaría al Congreso, donde las mayorías legislativas podrían revertir la determinación presidencial, abriendo una nueva etapa de debate y confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Según la agencia Senado, este proceso legislativo expone la dificultad de articular justicia y proporcionalidad en la aplicación de la ley, al mismo tiempo que se resguarda la protección del orden democrático.
El texto aprobado también repercutirá en futuras interpretaciones jurídicas respecto al modo en que el Estado enfrenta delitos que ponen en peligro la democracia. De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por Globo y la agencia Senado, la eventual entrada en vigor de la ley marcaría un cambio relevante en el tratamiento penal de estos incidentes e influirá en el abordaje de eventuales crisis institucionales futuras.
La cobertura mediática y parlamentaria presentada por Folha, Globo y la agencia Senado detalla cómo la tramitación de la “ley de dosimetría” reabrió antiguos debates en la política y la sociedad brasileña sobre la proporcionalidad en la justicia y los límites institucionales para proteger las reglas democráticas en contextos de alta tensión. La resolución presidencial y el posible retorno del proyecto al debate congresual mantienen la atención pública y política sobre la evolución de la respuesta institucional ante los ataques más graves registrados en la historia reciente de Brasil contra los tres poderes del Estado.
