Las recientes restricciones administrativas han situado a la infraestructura sanitaria y a los servicios sociales de la Franja de Gaza al borde del colapso. Un tercio de los centros de salud del territorio podría ver interrumpidas sus operaciones en los próximos dos meses debido a nuevas regulaciones impuestas por Israel a las organizaciones internacionales dedicadas a labores humanitarias, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.
El Equipo Humanitario para el Territorio Palestino Ocupado y diversas agencias de Naciones Unidas han alertado sobre el impacto inmediato que generaría la exigencia de un nuevo sistema de registro para las ONG extranjeras, establecido por las autoridades israelíes. Según detalló Europa Press, el procedimiento, calificado por organismos internacionales como arbitrario y con falta de transparencia, hace que únicamente una minoría de organizaciones haya conseguido regularizarse conforme al nuevo esquema, lo que limita severamente la capacidad de respuesta frente a las necesidades actuales de la población.
La normativa ha generado retrasos notables en el acceso y despliegue de ayuda, afectando el abastecimiento de insumos médicos y la continuidad de programas vitales dentro de Gaza. De acuerdo con el comunicado difundido por Europa Press, los procesos exigidos obstaculizan la asistencia frente al deterioro progresivo de servicios esenciales en la zona. Las organizaciones indican que, si el sistema vigente no se modifica, no existe infraestructura local capaz de reemplazar el trabajo de las ONG internacionales, lo que agravaría la crisis humanitaria.
El marco jurídico que regula la provisión de ayuda humanitaria se ha visto transformado por estas nuevas medidas y exigencias administrativas. Europa Press reportó que tanto la ONU como otras agencias involucradas carecen de recursos logísticos suficientes para suplir la labor de las ONG en caso de que se vean forzadas a salir del territorio. La reducción de fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha agudizado aún más la limitación de respuestas posibles por parte del sistema internacional.
Las restricciones afectan también el acceso a insumos y la distribución de ayuda humanitaria, dado que estos procesos dependen de la autorización del gobierno israelí. La imposición de obstáculos administrativos y logísticos repercute directamente en la capacidad de reacción ante la emergencia que vive Gaza. Según publicó Europa Press, las entidades humanitarias han solicitado el cese inmediato de tales limitaciones y han reclamado la supresión de cualquier normativa que dificulte el ingreso, despliegue y distribución de la ayuda.
El comunicado firmado por el Equipo Humanitario, y recogido por Europa Press, sostiene que el acceso humanitario responde a exigencias legales recogidas en el Derecho Internacional Humanitario y que no debe someterse a condicionamientos políticos o adicionales. El texto reitera el llamado a la comunidad internacional para exigir que se restablezcan las condiciones normales de operación a las autoridades israelíes, permitiendo así asegurar el flujo continuo de asistencia y evitar el colapso de la infraestructura fundamental que sostiene la vida en Gaza.
Entre las recomendaciones incluidas en el pronunciamiento, destaca la necesidad de procedimientos claros y transparentes, así como de tiempos de respuesta establecidos, que permitan planificar la asistencia y garantizar la permanencia de los servicios. Europa Press consignó que las organizaciones han advertido sobre las consecuencias graves y duraderas que tendría la suspensión de operaciones, considerando que cientos de miles de personas dependen exclusivamente de la intervención internacional para acceder a medicinas, atención médica y otros servicios básicos.
La nota publicada por Europa Press plantea que el llamamiento internacional tiene como objetivo urgente evitar que se deteriore aún más la red de apoyo humanitario. El comunicado sostiene que, si las actuales restricciones no se eliminan de manera inmediata, la vida, la alimentación y la integridad física de la población civil enfrentaría daños irreparables, y la capacidad de recuperación del sistema de salud y asistencia social quedaría severamente comprometida.
