El fallo judicial consideró la magnitud de las pruebas y la posición jerárquica de los exministros involucrados como factores determinantes para ordenar la prisión provisional inmediata de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Según consigna el Tribunal Superior de Bogotá, ambos exfuncionarios son señalados como cabecillas de una supuesta red que habría empleado fondos públicos para la compra de votos legislativos, desviando recursos destinados originalmente a proyectos de infraestructura vial y atención de emergencias. La medida de privación de libertad contradice la anterior solicitud de la Fiscalía General, que había propuesto arresto domiciliario para los acusados debido a los cargos planteados.
Tal como publicó el medio, la resolución emitida este jueves detalla que Bonilla, exministro de Hacienda, y Velasco, exministro del Interior, permanecen bajo investigación por su presunta participación en el desvío de más de 612.000 millones de pesos colombianos —unos 135 millones de euros— para generar apoyos en el Congreso a favor de iniciativas impulsadas por el Ejecutivo durante el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la información reportada por el Tribunal, estos fondos, pertenecientes a 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y cinco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se asignaron a legisladores a cambio de respaldo parlamentario clave.
El medio informó que la acusación principal contra Bonilla y Velasco gira en torno a asociación para delinquir, cohecho y manejo indebido en la celebración de contratos. Estos delitos se sustentan en documentos y testimonios recabados por los órganos judiciales, los cuales revelan una presunta coordinación estructurada para redireccionar fondos públicos que tenían como finalidad atender necesidades en obras públicas y emergencias. Según detalló el Tribunal Superior de Bogotá, la decisión de privación de la libertad no solo busca sancionar una posible infracción, sino además garantizar la transparencia del proceso y prevenir eventuales obstáculos durante el desarrollo de la investigación.
De acuerdo con el medio, la Fiscalía sostiene que durante 2023 los exministros, en sus respectivas carteras, concretaron maniobras irregulares para modificar la orientación de partidas presupuestales, enfocando los recursos de Invías y UNGRD como herramientas para asegurar la aprobación de proyectos legislativos impulsados desde el gobierno. Las investigaciones detectaron una relación directa entre la reasignación presupuestal y el voto favorable de congresistas, lo que habría comprometido tanto la gestión de políticas públicas en infraestructura como el manejo de emergencias a nivel nacional.
Los planes del Invías implicados representan una proporción relevante del esquema de desarrollo vial en Colombia, mientras que los pertenecientes a la UNGRD estaban diseñados para dar respuesta a situaciones de desastre y gestión del riesgo. El medio subrayó que el uso indebido de estos recursos plantea serios cuestionamientos sobre la integridad de los procedimientos internos para la asignación de fondos públicos y la rendición de cuentas en el seno del gobierno.
Durante la audiencia, el órgano judicial explicó que la actitud y la operatividad identificadas en el proceder de Bonilla y Velasco, en el contexto de la red que se investiga, agravaron el daño al patrimonio público y justifica la medida de prisión. El Tribunal enfatizó que asegurar la presencia de los imputados resulta indispensable para evitar cualquier tipo de injerencia, presión sobre funcionarios involucrados o alteración de las pruebas pendientes de valoración por parte de las autoridades.
El proceso judicial continuará con el análisis detallado de las evidencias presentadas, que incluyen declaraciones y documentos financieros que podrían respaldar la responsabilidad de otros actores dentro de la supuesta red. Las autoridades investigan si existieron presiones a servidores públicos adicionales o mecanismos de complicidad que facilitaron la canalización fraudulenta de los fondos. Según detalló el medio, el expediente permanece en estudio, a la espera de nuevas resoluciones tanto de la Fiscalía como del propio Tribunal Superior de Bogotá.
El caso ha provocado cuestionamientos en la esfera política y en la opinión pública, rela-cionados con los métodos de control existentes para prevenir la manipulación del presupuesto estatal y la transparencia en la distribución de partidas especiales asignadas para infraestructura y manejo de crisis. Según consignó el medio, el impacto de las denuncias y la privación de libertad de dos exministros que formaron parte del gabinete de Gustavo Petro seguirá influyendo en el debate sobre la lucha contra la corrupción y la efectividad de los mecanismos de supervisión en la administración pública colombiana.
