La salida voluntaria es una opción para los migrantes detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y están expuestos a la deportación. Bajo este proceso, los extranjeros aseguran su liberación y, en la mayoría de los casos, no se le impedirá el reingreso legal en el futuro.
¿Qué es la salida voluntaria y quiénes pueden pedir esta opción?
En el sitio Illinois Legal Aid Online (ILAO) explican que la salida voluntaria significa que una persona decide irse de EE.UU. por su cuenta en lugar de ser deportada oficialmente. Esta debe ser concedida por un juez de inmigración o por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Cuando una persona solicita la salida voluntaria:
- Admite que puede ser deportada.
- No obtiene una orden oficial de deportación en su expediente.
- Al salir, deberá cubrir sus propios gastos de viaje.
Una guía del National Immigrant Justice Center (NIJC) añade que es un beneficio disponible para personas detenidas y no detenidas que desean regresar a su país de origen.
Sin embargo, advierte: “En algunos casos, puede ser la única opción disponible, pero en otros, el gobierno puede utilizarla como herramienta de presión para convencer a alguien de que renuncie a sus derechos o a otras opciones de alivio migratorio, incluso cuando la salida voluntaria no les resulta de gran ayuda”.
Una persona puede solicitarla antes de la audiencia preliminar o al concluir el procedimiento, siempre que cumpla con los requisitos necesarios.
Beneficios de la salida voluntaria
El NIJC señala que si se concede la salida voluntaria, el extranjero no recibe una orden de deportación, “lo que puede ayudar a preservar la posibilidad de reingresar a Estados Unidos en el futuro”.
Además, si el migrante tiene un familiar que puede presentar una petición en su nombre, este recurso puede permitirle solicitar una visa incluso después de salir de Estados Unidos, sin tener que esperar a que expire el período de inadmisibilidad.
La opción se utiliza con mayor frecuencia cuando una persona no desea continuar con su caso hasta la conclusión de los procedimientos de deportación mientras está detenida, pero desea conservar alguna esperanza para una futura solicitud, aunque no es una garantía de res egreso.
En Immigration Equality refieren que la salida voluntaria es preferible a una orden de expulsión, ya que si a una persona se le establece la deportación, se le puede prohibir el reingreso a Estados Unidos hasta por diez años y puede estar sujeta a sanciones civiles y penales si ingresa sin la debida autorización.
Además, una persona con una orden de expulsión tiene prohibido solicitar la cancelación de la remoción, el ajuste de estatus y otros beneficios migratorios durante diez años.
Quiénes no pueden obtener una salida voluntaria
Una guía elaborada por el Florence Immigrant & Refugee Rights Project y publicada en el sitio del ICE, precisa que un migrante no puede obtener una salida voluntaria si:
- Ha cometido un delito agravado (ejemplos: asesinato, violación o abuso sexual de un/a menor)
- Se le acusa de ser un extranjero que intentó entrar en EE.UU. por un puerto de entrada, pero no fue admitido o alguien que es interceptado en el mar.
- Un juez de inmigración ya le había concedido la salida voluntaria después de que decidiera que había entrado ilegalmente en EE.UU.
- Llegó a Estados Unidos con el Programa de Exención de Visado.
¿La autodeportación y la salida voluntaria son lo mismo?
La salida voluntaria es un proceso legal reconocido que requiere una solicitud y la aprobación de un juez de inmigración. Mientras que la autodeportación describe el acto por el cual una persona no ciudadana abandona voluntariamente Estados Unidos por su cuenta, explican los expertos legales de ILAO.
La diferencia es que en la segunda opción no intervienen tribunales de inmigración, no está reconocida por la ley y puede conllevar riesgos e implicaciones legales complejas.
“La autodeportación significa salir de Estados Unidos por cuenta propia sin pasar por un proceso judicial. No existe una ley oficial que establezca cómo funciona y no está reconocida legalmente”, advierten.
