La proximidad del vencimiento del plazo reglamentario y la advertencia sobre posibles ilegalidades si no se convoca un proceso formal de audiencia pública han elevado la presión sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la revisión del marco de retribución de las redes eléctricas. Según detalló El País, el órgano regulador se enfrenta a la tarea urgente de proponer una alternativa que responda a las observaciones emitidas por el Consejo de Estado, después de que este avalara la circular relacionada con la metodología de cálculo para la tasa de retribución financiera, pero considerara improcedente la normativa enfocada al nuevo modelo de distribución eléctrica previsto para 2026-2031.
El medio El País reportó que la controversia principal radica en los aspectos competenciales sobre quién posee la capacidad legal de limitar las inversiones en redes eléctricas: el Consejo de Estado ha dictaminado que estas facultades corresponden exclusivamente al Ministerio para la Transición Ecológica y no a la CNMC. La circular rechazada tenía como objetivo determinar el modo en que se retribuiría a las empresas distribuidoras por el funcionamiento y las inversiones durante el próximo ciclo regulatorio. El plazo para decidir se reduce a escasos diez días, generando incertidumbre entre compañías y asociaciones del sector, que consideran indispensable un marco normativo claro debido al papel estratégico de las redes en el proceso de descarbonización.
De acuerdo con las informaciones de El País, la Asociación para la Transición Energética (ATE) ha pedido a la CNMC que revoque la actual propuesta y prorrogue el sistema vigente de retribución. Esta petición se basa en la falta de tiempo disponible y en la necesidad de evitar escenarios de inseguridad jurídica que podrían afectar la transición del sector y el desarrollo de inversiones orientadas a la reducción de emisiones. La ATE ha subrayado que las inversiones en red son un elemento esencial para cumplir los compromisos de transición energética y que el marco económico debe incentivar su ejecución.
El medio también informó que diversos expertos han señalado que aprobar un nuevo esquema sin un proceso de audiencia pública podría suponer la nulidad del mismo, ya que afectaría el derecho de los interesados a plantear alegaciones. De ahí que entre las vías planteadas figure la redacción de una nueva circular, lo cual implicaría abrir consulta pública e incorporar sugerencias, un proceso que, a juicio de El País, no termina antes de que finalice el año. Esta limitación temporal hace que tome fuerza la posibilidad de mantener el sistema actual de retribución por costes auditados, aunque esta opción arrastra complicaciones legales y podría afectar la planificación a largo plazo del sector.
La postura de ATE, recogida por el medio, insiste en que persista el actual régimen temporalmente y en que se diseñe más adelante una nueva metodología que respete estrictamente los plazos y los procedimientos legales, de modo que encaje con los lineamientos estatales y refleje la viabilidad para los actores del sector. Asimismo, recalca que ya había alertado sobre una posible extralimitación en las competencias de la CNMC, un argumento que el Consejo de Estado validó tras su dictamen consultivo.
Otro punto al que hace referencia la información de El País es el rechazo de la circular por parte del Consejo de Estado. Dicha decisión compromete uno de los ejes fundamentales sobre los que se pretende asentar la futura regulación de las redes eléctricas, ya que la tramitación acelerada ha generado dudas legales y técnicas. Representantes del sector y especialistas en derecho administrativo han alertado de que la premura en la toma de decisiones sin consultar adecuadamente a los agentes afectados puede conllevar riesgos legales como la declaración de nulidad de la normativa.
La próxima reunión del consejo de la CNMC, agendada para el lunes 22 de diciembre, se perfila clave en este proceso. Durante esa sesión, sus diez consejeros deberán valorar si adoptan las recomendaciones que han planteado tanto la ATE como el Consejo de Estado, o si prefieren buscar soluciones alternativas para evitar un vacío regulatorio que pueda paralizar la actividad. Según la información recabada por El País, el malestar y la preocupación son generalizados entre las compañías distribuidoras y las asociaciones empresariales ante la posibilidad de perder claridad normativa justo cuando se requiere estabilidad para incentivar inversiones imprescindibles.
La ATE, en sus declaraciones recogidas por El País, también ha solicitado que todo futuro desarrollo normativo se alinee de manera estricta con los criterios técnicos y políticos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, garantizando que los incentivos para invertir, tanto en el corto como en el largo plazo, sean suficientes para facilitar el despliegue de infraestructuras eléctricas compatibles con los objetivos españoles de descarbonización.
En el contexto descrito por El País, la inminencia del plazo y la complejidad jurídica de las objeciones han dejado en vilo a todos los involucrados. La determinación que adopte la CNMC incidirá en la forma de calcular la retribución de las redes eléctricas, modificando o prorrogando el esquema vigente que marca actualmente el flujo y la magnitud de las inversiones críticas para la transformación energética en España.
