Las amenazas dirigidas a las víctimas incluían advertencias explícitas sobre informar a sus familias en sus países de origen sobre su verdadera situación laboral en España, de acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional. Estas presiones se sumaban a un control estricto sobre la vida diaria de las mujeres, quienes solo podían salir de las viviendas dos horas cada jornada y debían estar disponibles a toda hora para ejercer la prostitución. Según lo publicado por el cuerpo de seguridad y recogido por la prensa, estas condiciones se dieron en el contexto de una operación que finalizó en la detención de dos personas, un hombre de 29 años y una mujer de 31, presuntamente responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva en Santa Cruz de La Palma.
El origen de la investigación policial, según detalló la Policía Nacional, se remontó a finales de noviembre. Dos jóvenes extranjeras, de 21 y 23 años, contactaron con las autoridades después de huir de un apartamento céntrico en la capital de la isla, donde aseguraron haber sido explotadas sexualmente junto a otras mujeres. Las víctimas, en estado de temor y nerviosismo, alertaron a los agentes sobre las condiciones a las que estaban sometidas, según relató la Policía y divulgaron medios como el propio cuerpo de seguridad.
Pocas horas después de esta denuncia, la Policía desmanteló una vivienda utilizada para el ejercicio forzoso de la prostitución. Los investigadores arrestaron poco después a los dos presuntos responsables, señalados como autores de delitos relacionados con la trata de personas con fines de explotación sexual y la prostitución coactiva con ánimo de lucro. De acuerdo con el relato oficial citado por distintas fuentes, los detenidos captaban a sus víctimas en sus países de origen, gestionaban su traslado a La Palma y, para facilitar su llegada, costeaban los billetes de avión. Así, las víctimas adquirían una deuda económica cuyo pago se convertía en un mecanismo adicional de sometimiento.
Según informó la Policía Nacional, al llegar a la isla, las mujeres veían inmediatamente restringida su libertad. Los arrestados les retiraban los pasaportes y otro tipo de documentación, impidiéndoles el libre tránsito y controlando sus movimientos y horarios. Posteriormente, las distribuían en diferentes domicilios donde eran obligadas a ejercer la prostitución bajo vigilancia continua. Las restricciones incluían tanto el tiempo de salida diaria como la obligación permanente de estar disponibles para los servicios a cualquier hora, consistiendo el control en un seguimiento minucioso de sus horarios, tal como reportó el cuerpo policial.
En la vertiente económica, las víctimas no solo perdían el control sobre su rutina y movimientos. Los presuntos explotadores se apropiaban del 50% de las ganancias obtenidas por las víctimas, manteniendo así un control económico directo sobre ellas. Además, según la Policía Nacional, las mujeres permanecían en un estado constante de intimidación mediante la amenaza de contactar a sus familiares y revelar la verdadera naturaleza de sus actividades laborales en España, lo que aumentaba el temor por posibles represalias contra sus familias o por el estigma social en sus comunidades de origen.
Sobre la situación judicial, la Policía informó que ambos detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes de La Palma tras su arresto. Mientras el procedimiento legal continúa en curso, la investigación policial sigue abierta con el objetivo de esclarecer completamente cómo operaba la red y determinar si existen más víctimas bajo la misma modalidad. Fuentes policiales indicaron que, a medida que avanzan las averiguaciones, no se descartan nuevas revelaciones sobre la magnitud de la actividad de trata de personas con fines de explotación sexual en la isla.
