La Justicia levantó el secreto bancario, financiero y fiscal del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino y de quienes se sospechan que serían sus testaferros en la adquisición de una mansión en Pilar y el control de sociedades vinculadas a esa firma, según documentos judiciales a los que accedió LA NACION.
La decisión fue firmada esta noche por el juez en lo penal Económico Marcelo Aguinsky y es la medida judicial más directa contra el tesorero de la AFA desde que se inició esta investigación por presunto lavado de dinero. Toviggino es la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Esta medida fue solicitada por el fiscal en lo penal Económico Claudio Naval Rial y fue decidida luego de que Aguinsky se reuniera con el titular de la DGI, Mariano Mengochea.
La medida del juez dispone el “levantamiento del secreto fiscal, financiero y bancario respecto de REAL CENTRAL S.R.L. (ex CENTRAL PARK DRINKS), MALTE S.R.L; SOMA S.R.L. SERVICIOS LINDOR S.A, WICCA S.A.S y MENDOZA WINES S.A .
Además, dispone la misma medida sobre Pablo Ariel Toviggino (DNI 27.134.489), Darío Fabián Toviggino (DNI 28.870.842), Juan Pablo Beacon (DNI 27.564.523), Luciano Nicolás Pantano (DNIN° 38.319.497), Ana Lucía Conte (D.N.I. N° 13.554.786) y Mauro Javier Paz (DNI N°25.427.969).
Las empresas aparecen ligadas con actividad económica asociada a Toviggino y las personas son las que la justicia presume que son sus testaferros para adquirir la mansión de Villa Rosa, autos, una bodega, y un bar, entre otras empresas.
Darío Toviggino es familiar del tesorero Pablo; Beacon es un abogado allegado a la AFA; Pantano es quien aparece como dueño de la casona de Pilar; Conte es su madre y socia mayoritaria en la propiedad de la mansión, y Paz, es quien le vendió esa casa a Pantano, que es un monotributista.
“La información financiera, bancaria, y fiscal de las personas mencionadas se vincula directamente con transacciones que podrían tener un origen ilícito y que, por su propia naturaleza, estarían relacionadas con la actividad de los imputados aquí investigada”, dice la decisión del juez Aguinsky.
Aguinsky, además, solicitó a la DGI un informe técnico sobre la compleja malla societaria ligada a la fastuosa quinta de Pilar, sospechada de pertenecer a Toviggino.
Además, para el mediodía del lunes está prevista una reunión virtual entre el juez y Luciano Pantano y Ana Conte, el monotributista y la jubilada que son titulares de Real Central S.R.L, la sociedad dueña del establecimiento y de la millonaria colección de autos que se encontró en el lugar. En el encuentro, los imputados podrán presentar un descargo oral o escrito.
En la reunión de este viernes, el titular de la DGI Mengochea recibió de manos del juez un oficio con el que se le solicita al organismo de control fiscal que, en su papel de auxiliar de la Justicia, elabore un estudio económico, financiero y fiscal sobre las sociedades ligadas al lugar, incluida Real Central S.R.L.
Según pudo saber LA NACION, el pedido de informe también alcanza a por lo menos otras cuatro sociedades: Malte S.R.L, que trabó vínculos comerciales con la AFA y fue dueña formal de la casaquinta entre junio de 2023 y mayo de 2024; Soma S.R.L, de la que forma parte un miembro de la familia Toviggino y está ligada societariamente a la anterior, a través de un dirigente de la AFA, Mauro Javier Paz; Wicca S.A.S, propiedad de la exsecretaria de finanzas de la AFA y actual empresaria vitivinícola, María Florencia Sartirana, y del exdirector general ejecutivo de la entidad deportiva, Juan Pablo Beacon; y a Mendoza Wines.
De acuerdo con fuentes con acceso al caso, la medida es en respuesta a un pedido del fiscal Claudio Navas Rial y está orientada a poder identificar la existencia de un presunto delito -presumiblemente lavado- detrás de la gran “asimetría” que existe entre los perfiles económicos de los propietarios y la quinta, que cuenta con helipuerto y un haras de caballos.
El juez levantó esta mañana el secreto de sumario de la causa. Dispuso, a su vez, levantar la feria de enero para poder avanzar en la causa, una medida de la que puso en conocimiento hoy al titular de la DGI Mengochea.
La reunión del lunes próximo con Pantano y Conte, prevista para las 11 de la mañana, se pactó en los términos del artículo 73 del Código, que le da derecho a cualquier imputado a presentarse ante el juzgado a realizar algún descargo aclaratorio.
La hipótesis que sigue la Justicia es que tanto la quinta como los bienes millonarios que se exhibieron con los allanamientos -cuando la causa todavía estaba en manos del juez Daniel Rafecas– podrían formar parte de una maniobra de lavado de activos, una figura penal que exige un hecho precedente.
Ahora, los investigadores están detrás de la “fuente” de todo ese dinero, bajo la firme sospecha de que no pueden pertenecerle ni a Pantano ni a Conte.
Además de un bolso deportivo y una placa homenaje con el nombre de Pablo Toviggino, dentro de la quinta la Justicia encontró con flota de 52 autos, muchos de ellos de lujo, y 2 kartings de competición.
