El análisis de las razones expuestas en el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que defendieron la absolución de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, y que argumentaron que la difusión de un correo electrónico relevante para el caso respondía a que llevaba ya días circulando por distintas redacciones, ha sido considerado por Roberto García Ceniceros como una señal preocupante para la salud de la Fiscalía. En declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente recién elegido del Foro Judicial Independiente (FJI) planteó que, si la absolución de García Ortiz se sustentaba en la existencia generalizada de filtraciones constantes de datos reservados en la Fiscalía, el escenario resultaría aún más negativo para la independencia y la confianza en la institución. Sobre esta base, García Ceniceros abordó las repercusiones de la reciente sentencia sobre García Ortiz, que ha puesto en el foco el deterioro en la relación entre los poderes del Estado y la urgencia de reforzar el respeto institucional.
De acuerdo con Europa Press, el presidente de FJI subrayó que la crítica a las resoluciones judiciales entra dentro de la normalidad democrática, mientras condenó las descalificaciones personales contra jueces y magistrados que se han producido desde la política tras la sentencia contra el ex fiscal general por revelación de secretos vinculada al caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su opinión, resulta alarmante que miembros del Gobierno, ejerciendo como representantes de otros poderes estatales, hayan llegado a atacar directamente a integrantes de la carrera judicial, llegando incluso a los insultos. García Ceniceros señaló que acusar a los jueces de “hacer política” equivale a imputarles delitos tan graves como la prevaricación.
El magistrado, destinado actualmente en la Audiencia Provincial de Barcelona, afirmó según indicó Europa Press, que tal proceder genera una situación en que la sospecha de corrupción podría dirigirse igualmente contra el Ejecutivo, puesto que se podría cuestionar si los decretos aprobados por este responden a motivos económicos o de favores, llegando así a un terreno donde la descalificación general devora el respeto entre instituciones. García Ceniceros lamentó además la rapidez y el tono extremo con que figuras políticas se pronunciaron tras conocerse la sentencia, lo cual, en su opinión, refleja una dinámica de confrontación inmediata y falta de moderación. Bajo esta situación, apeló a la necesidad de que el respeto institucional entre el Poder Judicial y el Gobierno se restablezca a través de los cauces constitucionales previstos, señalando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como uno de los vehículos esenciales para dicho equilibrio.
El presidente de FJI valoró que la sentencia contra García Ortiz, adelantada por temor a filtraciones, ha contribuido a agravar la sensación de deterioro interno dentro de la Fiscalía. En su explicación, incidió tanto en la gravedad de una condena como en las implicaciones, si la absolución se hubiera basado en la normalización de las filtraciones, con la consiguiente percepción de descontrol en el flujo de datos reservados. Europa Press recogió que para García Ceniceros, ni la confirmación de la culpabilidad ni la hipótesis de una Fiscalía ajena a los movimientos de información resultan tranquilizadoras para la imagen de la institución.
En relación a la etapa que se abre en la Fiscalía General tras el relevo por Teresa Peramato, el Foro Judicial Independiente, a través de un comunicado citado por Europa Press, expresó su esperanza en que la nueva titular impulse una mayor autonomía e independencia para el Ministerio Fiscal. García Ceniceros explicó en entrevista con el medio que este objetivo no puede alcanzarse de forma inmediata y reconoció las dificultades que enfrentará Peramato en la tarea de restablecer la confianza en la institución. Valoró positivamente los pronunciamientos públicos de Peramato acerca de fortalecer la independencia del Ministerio Fiscal, aunque aclaró que, pese a su liderazgo, el margen de actuación interna frente a las normas establecidas será limitado y dependerá de la firmeza con que defienda la autonomía del organismo.
Europa Press señaló que García Ceniceros advirtió de los riesgos que acarrearía que la nueva fiscal general se alineara sin reservas con una determinada corriente política o institucional, dada la coyuntura actual. Sumó que el contexto exigirá especial atención para evitar la percepción de seguidismo y velar por la integridad de la Fiscalía.
Respecto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aprobada por el Consejo de Ministros a finales de octubre pero pendiente aún de refrendo parlamentario, García Ceniceros sostuvo su rechazo en nombre del FJI y consideró, según reportó Europa Press, que la transferencia de la instrucción penal a la Fiscalía dejaría la imparcialidad de esta fase procesal en entredicho. Argumentó que el Ministerio Fiscal se rige por criterios de dependencia jerárquica, culminados en la figura del fiscal general del Estado, quien es nombrado directamente por el Gobierno. En este sentido, defendió que la acción pública requiere el control de un organismo independiente, equiparable al marco actual del Poder Judicial.
La discusión sobre la reforma de la Fiscalía, igualmente aprobada en Consejo de Ministros pero paralizada en las Cortes Generales y vinculada a la nueva LeCrim, encontró la oposición frontal de García Ceniceros, quien calificó la propuesta de establecer un mandato de cinco años para el fiscal general del Estado —no coincidente con el del Ejecutivo— como una medida “pura cosmética”. Según el magistrado, informado por Europa Press, este ajuste, sumado a la posibilidad de que la Junta de Fiscales de Sala pueda imponer su criterio sobre el jefe del Ministerio Público con el respaldo de las tres quintas partes de sus integrantes, no aborda el problema de fondo. Para García Ceniceros, el verdadero reto reside en garantizar que el manejo de la instrucción penal quede en manos de una institución que disfrute de independencia plena frente al Gobierno de turno.
El presidente de FJI dejó claro al medio Europa Press que, si bien resultaría conveniente que el mandato del fiscal general no coincidiera con el ciclo político del Ejecutivo, esto no resuelve de raíz la falta de autonomía. Manifestó que solo una reforma que separe por completo la influencia política de la Fiscalía podría equipararla en independencia al Poder Judicial y devolver la confianza ciudadana en la imparcialidad de la justicia.
