La Real Academia Española anunció que el término ‘mena’, utilizado para referirse a menores migrantes no acompañados, incluye a partir de ahora en su diccionario un matiz despectivo en su uso, lo que generó reacciones tanto en instituciones gubernamentales como en organizaciones sociales. Esta situación se suma a un año en el que el fenómeno de los menores extranjeros sin compañía acaparó la atención pública. El debate giró en torno a la gestión, distribución y acogida territorial de estos menores, y estuvo marcado por decisiones judiciales y acuerdos políticos relevantes. Según publicó Europa Press, los procedimientos legislativos y judiciales definieron durante 2025 un marco inédito para la protección y el reparto de menores migrantes a lo largo del territorio español.
Durante este periodo, según Europa Press, el Tribunal Supremo emitió varios requerimientos al Gobierno central para que asumiera la tutela y acogida de unos 1.000 menores no acompañados que se encontraban en Canarias y habían solicitado protección internacional. El Ejecutivo respondió a los autos ofreciendo 817 plazas para alojar a estos menores, cifra que comunicó al Supremo el 21 de noviembre, el mismo día en que concluía el plazo legal fijado para dar cumplimiento a las exigencias judiciales. En diciembre, el Supremo reiteró su petición, instando al Gobierno central a que, en un plazo de 30 días, tomara las medidas necesarias para hacerse cargo de los menores bajo tutela de la Comunidad de Madrid que hubieran solicitado asilo, “con la necesaria colaboración y cooperación de la comunidad autónoma requirente”, según el texto de la resolución difundido por Europa Press. Las resoluciones subrayaron la obligación de actuar siempre bajo el principio del interés superior del menor y exigieron un informe al Ejecutivo al concluir el plazo concedido.
A lo largo del año, el Ejecutivo promovió acuerdos con distintas fuerzas políticas y entidades territoriales para instrumentar un modelo de reparto de los menores migrantes entre comunidades autónomas. En marzo, de acuerdo con Europa Press, el Gobierno pactó con Junts el traslado de unos 4.000 menores llegados a Canarias, un compromiso que se tradujo en la aprobación en abril, por el Congreso de los Diputados, de un real decreto-ley específico. La iniciativa contó con 179 votos favorables procedentes del PSOE y sus aliados parlamentarios, 170 votos en contra del Partido Popular y Vox, y la abstención de Unión del Pueblo Navarro.
El nuevo real decreto-ley reformó el artículo 35 de la Ley de Extranjería e introdujo mecanismos extraordinarios para garantizar el bienestar de la infancia migrante en contextos de llegada masiva. El texto estableció no solo modalidades de reparto territorial, sino también parámetros sobre capacidad ordinaria de acogida. Como detalló Europa Press, en agosto, el Consejo de Ministros aprobó la regulación administrativa que fijaba una ratio para las plazas de acogida: 32,6 menores no acompañados por cada 100.000 habitantes en el conjunto nacional. Este criterio determinó la distribución de responsabilidades de cada comunidad y ciudad autónoma.
La comunidad andaluza dispone de una capacidad ordinaria para alojar a 2.827 menores, mientras que Cataluña gestiona 2.650 plazas y la Comunidad de Madrid, 2.325. Las siguientes cifras corresponden a otras comunidades autónomas: Aragón, 441 plazas; Asturias, 331; Islas Baleares, 406; Canarias, 737; Cantabria, 194; Castilla y León, 783; Castilla-La Mancha, 692; Extremadura, 344; Galicia, 886; Murcia, 517; Navarra, 223; País Vasco, 731; La Rioja, 107. En el caso de las ciudades autónomas, Ceuta acogió a 27 menores en condiciones ordinarias y Melilla, a 28.
Europa Press también recogió que, conforme a la nueva normativa, aquellas autonomías cuya cifra de menores tres veces supere la capacidad ordinaria establecida podrán ser declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Esta situación activará un protocolo de traslados para equilibrar la carga entre territorios, de acuerdo con lo estipulado legalmente.
Las intervenciones del Tribunal Supremo consistieron en al menos tres autos diferentes durante el año. En el primero, fechado en marzo, se urgió al Gobierno a proveer soluciones rápidas para la tutela de los menores solicitantes de asilo ubicados en Canarias. Para junio, el Supremo advirtió que si el Ejecutivo no respondía con la velocidad requerida, se expondría a sanciones coercitivas. En octubre, una nueva resolución judicial otorgó 15 días improrrogables al Gobierno para ejecutar la medida judicial, destacó Europa Press.
En el caso relacionado con la Comunidad de Madrid, se produjo un recurso contencioso-administrativo presentado por esta región frente al Gobierno de España tras la negativa de una petición previa realizada en julio. Solicitaban que el Ejecutivo central asumiera la acogida de los menores bajo la tutela autonómica que hubieran solicitado o manifestado la voluntad de solicitar protección internacional. El Supremo resolvió favorablemente a la petición cautelar de la comunidad autónoma, que exigía la colaboración necesaria entre el Estado y la administración regional en la custodia y atención a los menores.
La controversia sobre el uso del término ‘mena’ cobró fuerza en los últimos meses del año, cuando la Real Academia Española incluyó un matiz despectivo en la definición de este acrónimo. Según reportó Europa Press, tanto el Gobierno como organizaciones no gubernamentales se manifestaron en contra del uso peyorativo recogido en el diccionario. Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, y Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud, expresaron su rechazo señalando que se trata de una palabra que “deshumaniza”. Ambas instituciones atribuyeron a la RAE la función de registrar el uso social de los términos y reconocieron que la Academia no avala necesariamente las connotaciones, sino que registra el uso extendido en la sociedad. Organizaciones no gubernamentales también lamentaron la inclusión persistente de esta palabra en el diccionario.
El año quedó caracterizado por el protagonismo de la cuestión migratoria de menores no acompañados, el debate parlamentario y social en torno a la distribución entre comunidades y la respuesta institucional a las exigencias planteadas por las altas instancias judiciales. Las distintas fases del proceso de reparto y tutela, así como los nuevos protocolos y cupos, convirtieron este tema en un asunto prioritario en la agenda pública y política, según resaltó Europa Press.
