La nueva figura al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes deberá afrontar la culminación de la reforma de la Prueba de Acceso a la Universidad y la tramitación parlamentaria de una ley que rebajará el número máximo de alumnos por aula en Primaria y Secundaria. Según informó Europa Press, el nombramiento de Milagros Tolón en sustitución de Pilar Alegría en el Gobierno coincide con el inicio de una etapa marcada por cambios normativos y tensiones en torno a la financiación y la organización del sistema educativo en España.
De acuerdo con el mismo medio, uno de los hitos centrales de 2025 ha sido la aprobación del real decreto que modifica los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. Este decreto, aprobado a mediados de octubre, endurece las condiciones para fundar nuevos centros superiores, respondiendo a la intención del Ejecutivo de García de frenar la proliferación de conocidos como “chiringuitos” universitarios y garantizar que todos los centros, sin importar su ubicación, cumplan estándares homogéneos de calidad.
Europa Press detalló que este proceso normativo recibió observaciones relevantes por parte del Consejo de Estado. En concreto, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades hubo de modificar dos puntos para obtener el aval de este órgano consultivo. El Gobierno retiró la exigencia de experiencia en gestión universitaria para las entidades promotoras y, además, clarificó que la recomendación de la Conferencia General de Política Universitaria respecto a la ampliación de títulos en nuevas universidades dejaría de ser vinculante, aunque continúa siendo preceptiva. Este marco regulatorio se encuentra actualmente recurrido ante el Tribunal Supremo tanto por la Comunidad de Madrid como por la institución educativa CEU, que han cuestionado el decreto por supuesta vulneración de competencias autonómicas y por entender que resulta lesivo para los intereses de sus promotores.
En el ámbito político, la salida de Pilar Alegría del Ministerio de Educación ha sido valorada por la comunidad educativa como una marcha sin la completa satisfacción de docentes y sindicatos. De acuerdo con datos recogidos por Europa Press, la secretaria general de la Federación Enseñanza de CCOO, Teresa Esperabé, evaluó a la ministra con un “no llega al suficiente”, en referencia al balance de gestión al finalizar la legislatura. Por parte de UGT, la responsable de educación Beatriz García expresó que el colectivo se siente “huérfano”, dado que las expectativas iniciales no se tradujeron en una mejora de la realidad educativa ni en la reversión de los recortes de 2012.
Milagros Tolón asume el cargo heredando varios retos legislativos. Entre ellos destaca terminar la tramitación de la citada ley que rebaja la ratio máxima de alumnos por clase. Dicha iniciativa legislativa, impulsada en el anterior mandato, plantea establecer un máximo de 22 alumnos por clase en Educación Primaria, frente a los 25 actuales, y de 25 en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria, frente a los 30 existentes. Esta propuesta pretende garantizar una mejor atención al estudiantado y reducir la carga lectiva para el profesorado, medida que tendrá que completarse con el respaldo parlamentario necesario en esta nueva etapa encabezada por Tolón.
El año 2025 ha evidenciado, según lo reportado por Europa Press, las dificultades de las universidades públicas españolas en cuanto a la financiación. Todavía no se ha alcanzado el objetivo del 1% del Producto Interior Bruto para educación superior, como estipula la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En la Comunidad de Madrid, esta problemática se ha materializado en una huelga de las seis universidades públicas a finales de noviembre, bajo el lema “Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian”. Esta movilización respondió tanto a la denuncia de “infrafinanciación” como al rechazo de determinadas disposiciones de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) autonómica. La presidenta de la CRUE, Eva Alcón, alertó desde las páginas de Europa Press que el déficit financiero en los centros públicos no constituye una situación pasajera, sino que arrastra un diagnóstico pendiente de solución.
En el terreno de los exámenes de acceso a la universidad, 2025 ha sido el año en que debutó la nueva Prueba de Acceso a la Universidad, anteriormente conocida como Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad. El rediseño mantiene preguntas tipo test e introduce criterios y estructuras comunes a nivel estatal. Entre las novedades, la penalización por faltas de ortografía se fija en una reducción del 10 por ciento sobre la calificación del examen, y los estudiantes cuentan con la posibilidad de escoger entre diferentes preguntas, aunque se exige el dominio total del temario.
El curso incorpora otras novedades normativas, según informó Europa Press. Entre ellas, la aprobación de un real decreto sobre Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que veta la oferta de bebidas azucaradas y bollería en los menús escolares, y promueve la presencia diaria de frutas, verduras frescas, pescados, carnes de calidad, legumbres y rechaza productos ultraprocesados, precocinados y un consumo excesivo de frituras.
Una vertiente adicional en la agenda educativa ha consistido en la integración en el currículo escolar de un plan formativo relativo a emergencias de Protección Civil. Este contenido afectará a estudiantes de todas las etapas, e incluye formación en autoprotección, sistemas de alerta y emergencia como el 112, y en la gestión de situaciones de riesgo tales como inundaciones, movimientos sísmicos, fenómenos meteorológicos extremos, incendios forestales y riesgos tecnológicos relacionados con accidentes industriales, químicos, nucleares o de transporte de materiales peligrosos. Para los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria se añade orientación en apoyo psicológico y recursos de ayuda para víctimas de catástrofes, así como herramientas para distinguir entre información verificada y desinformación en contextos de emergencia.
El periodo objeto de análisis —detalló Europa Press— también refleja las tensiones en la relación entre el Gobierno central y departamentos autonómicos, especialmente por la percepción de invasión competencial y el impacto de las nuevas normas sobre el sistema universitario. Los procedimientos judiciales abiertos por la Comunidad de Madrid y el CEU ante el Tribunal Supremo subrayan las discrepancias en la interpretación de las competencias y atribuciones sobre la creación de centros superiores, una cuestión que continuará en el debate político y judicial.
En este contexto, el año ha mostrado un cuadro de transformaciones regulatorias, cambios en figuras políticas relevantes y demandas de mejora en la dotación presupuestaria de un sistema educativo sometido a continuos procesos de ajuste y reforma institucional, marcado por los desafíos normativos en la universidad y la escuela, la configuración de la Selectividad y la incorporación de contenidos actuales y preventivos en el currículo nacional.
