Bogotá y otras 16 ciudades del país se preparan para presenciar la que sería la última jornada de manifestaciones del 2025, después de que cientos de estudiantes de medicina anunciaran para el lunes 29 de diciembre un plantón nacional con el que pretenden exigir que el Gobierno cumpla la promesa, incluida en la reforma laboral, de remunerar a los internos a partir de 2026.
Aunque el pago fue aprobado como parte de la legislación, todavía no existen reglamentación ni respaldo presupuestal, lo que mantiene en incertidumbre a quienes cumplen extensas jornadas sin recibir compensación.
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La movilización convocó internos de universidades públicas y privadas en 17 ciudades, entre ellas, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, además de Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.
Las principales concentraciones se desarrollarán en instituciones representativas de cada ciudad, como el Ministerio de Salud en Bogotá, el Hospital Universitario del Caribe en Cartagena y la Clínica General del Norte en Barranquilla.
Los organizadores aclararon que la jornada se llevará a cabo sin afectar la atención en servicios críticos. Aquellos en turnos esenciales participarán a través de redes sociales mediante la etiqueta #InternosConPagoYa.
El trasfondo de la protesta radica en la realidad de los internos de medicina, quienes durante su último año universitario trabajan a tiempo completo en hospitales y clínicas —de domingo a domingo y con turnos diarios de hasta doce horas— sin recibir remuneración.
A esto se suman el costo de matrículas elevadas y los gastos de alojamiento, alimentación y transporte.
Los líderes del movimiento han resaltado que, aunque el respaldo legal para el pago a internos existe gracias a la última reforma laboral, la ausencia de reglamentación y de autorización presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda impiden su aplicación efectiva.
La ley determina que, desde 2026, los internos tendrán derecho a un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual y una afiliación completa a los sistemas de salud y pensión, ya que en la actualidad solo cuentan con cobertura de riesgos laborales.
De acuerdo con las estimaciones actuales, el Estado debe asignar más de 146.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 8.600 internos provenientes de 67 facultades de medicina, mediante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
Uno de los promotores nacionales del plantón, Andrés Salcedo, señaló que la responsabilidad de activar la ejecución presupuestal recae sobre los ministerios de Hacienda y Salud.
“Nos movilizamos por el pago a internos. Hace seis meses, dentro de la reforma laboral, quedó estipulado que los estudiantes de último año de medicina van a recibir una ayuda de un salario mínimo mensual. ¿Esto por qué? Los internos son personas que están de tiempo completo en los hospitales, de domingo a domingo, doce horas al día. Además de esto, tienen que asumir el costo de millonarias matrículas por semestre y sus gastos de manutención”, explicó Salcedo.
La principal dificultad para avanzar en esta política pública sigue siendo la ausencia de autorización presupuestal del Ministerio de Hacienda, necesaria para que el Ministerio de Salud disponga de los recursos destinados a pagar a los internos desde el próximo año.
Los organizadores del plantón advierten que la inquietud aumenta cada día que pasa sin esa autorización, ya que los plazos fiscales son estrictos para la asignación de fondos.
En este escenario, el futuro de los internos y la concreción de la reforma dependen de una decisión administrativa clave por parte del Gobierno. Hasta ahora, la comunidad médica en formación continúa a la expectativa, insistiendo en que no se postergue la garantía de sus derechos y que la ley aprobada se convierta en realidad operativa antes de que finalice el periodo fiscal.
