El aumento del salario mínimo decretado el lunes 29 de diciembre de 2025 por el presidente de la República, Gustavo Petro, para 2026, que lo elevará en un 23% y llevará la cifra hasta 2.000.0000 pesos mensuales incluido el subsidio de transporte, generó preocupación en las ciudades capitales: no solo por su impacto en los trabajadores, sino por las consecuencias inmediatas para el transporte público urbano, que cuyo incremento depende de este concepto.
Así lo expresó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, que en un duro pronunciamiento advirtió al país que este ajuste salarial anunciado por el jefe de Estado disparará los costos de operación, al someter a los sistemas de transporte a una presión financiera sin precedentes. En especial en grandes urbes como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga e incluso Pereira, en la que operan sistemas masivos de transporte.
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Según Petro, el incremento llevará el salario mínimo de 1.423.500 pesos en 2025 a un $1.746.882 en 2026, sin incluir el auxilio de transporte, y hasta los 2.000.000 al sumarlo. El primer mandatario, en la alocución pregrabada, afirmó que “el incremento decretado será del 23 por ciento en promedio, pero que, restando la inflación, el incremento real para los ciudadanos sería del 18,7%”; en lo que ha querido denominar como un salario vital para los colombianos.
Frente a esto, la asociación hizo énfasis en la relación directa entre el incremento de este concepto y el aumento del costo del pasaje urbano. “Este aumento del salario mínimo generará un incremento adicional promedio cercano a los 200 pesos por pasaje en los sistemas de transporte público urbano, sobre el ajuste ya proyectado con base en un incremento del 11%”, expresó la organización, que a continuación profundizó en su posición frente al tema.
Asocapitales encendió las alertas frente a lo que sería el fuerte incremento del precio del pasaje
Según la asociación, el impacto es significativo porque entre un 40 % y el 55 % de los costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, indexados al salario mínimo”. Y precisó que “cada aumento salarial se traslada de forma automática a los costos de operación, incluso sin ampliaciones de flota, rutas o frecuencias, afectando de manera directa el costo por kilómetro recorrido y el equilibrio financiero de los sistemas”.
Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, apuntó hacia la magnitud de lo que sería una reacción en cascada. “Un incremento del 23% en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de 200 pesos adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas», dijo.
La advertencia se extiende a las ciudades intermedias en los que los sistemas estratégicos cuentan con menor respaldo financiero. Sobre casos concretos, la agrupación de ciudades capitales detalló que en Cali, el impacto del aumento está “profundizando su déficit estructural y obligará al municipio a destinar mayores recursos para sostener la operación, evitar presiones tarifarias o prevenir reducciones en la calidad del servicio”. Una situación que se repetirá.
Por su parte, en Medellín, en donde opera el metro, aunque el equilibrio financiero es más sólido, “el incremento salarial impacta los costos de operación de buses alimentadores, tranvía y personal de estaciones, traduciéndose en mayores transferencias públicas o en la necesidad de reprogramar inversiones futuras”, señaló la organización en su misiva, que profundizó en consecuencia lo que sucedería en Bogotá, que cuenta en la actualidad con TransMilenio.
En efecto, en la capital de la República, en donde opera el mayor sistema de transporte masivo del país, la asociación expresó que el aumento reciente del salario mínimo “ejerce una presión significativa sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria, incrementando el costo por kilómetro“ y llevará al Distrito a ampliar el esfuerzo fiscal anual para garantizar la continuidad del servicio, sin que esto perjudique a millones de usuarios que acuden a este medio para movilizarse.
Incremento del salario mínimo también traerá consecuencias en otras ciudades
La situación es aún más comprometida en ciudades pequeñas como la Heroica, en la que, según Asocapitales, “el impacto resulta proporcionalmente mayor», dado que se trata de un sistema de menor escala y con menor capacidad fiscal, y en él se elevarán, de forma rápida, los costos operativos. “Y genera riesgos de desbalance financiero”, complementó la asociación en su comunicado, en una situación que se replicaría en otras urbes del territorio nacional.
El desafío de fondo, para Asocapitales, va más allá de la masa salarial: los sistemas enfrentan al mismo tiempo aumentos en el precio de combustibles, costos de mantenimiento y tasas de interés, además de la volatilidad en la demanda. Así pues, advirtió que, con ese panorama, las ciudades están haciendo un esfuerzo fiscal importante para garantizar el transporte público como un derecho “y evitar trasladar estos mayores costos a los usuarios”.
Sin embargo, este desafío requeriría una respuesta del Ejecutivo, “con reglas claras de corresponsabilidad y esquemas de cofinanciación sostenibles”. Aunque la organización reconoció que el aumento salarial es una decisión “socialmente necesaria”, reiteró la importancia de “abordar sus efectos fiscales y operativos de manera integral, especialmente en servicios públicos esenciales como el transporte urbano”, además de exhortar al Gobierno a tomar medidas.
En ese orden de ideas, para la asociación, es urgente “fortalecer una visión nacional del transporte público, que articule la política laboral con la realidad fiscal de los territorios y garantice sistemas de transporte eficientes, accesibles y financieramente viables para millones de colombianos”. Una visión en la que estarían de acuerdo los principales gremios económicos, que cuestionaron los alcances del anuncio hecho por el jefe de Estado.
