El Ministerio de Exteriores de Irán calificó el señalamiento canadiense sobre la Guardia Revolucionaria como una vulneración de normas internacionales y, en respuesta, declaró a la Marina Real Canadiense como «organización terrorista». Según informó Europa Press, Teherán hizo pública esta decisión a través de un comunicado divulgado en la red social X, en el que afirmó que la medida adoptada responde directamente a la acción tomada por Ottawa en junio de 2024.
Europa Press detalló que el gobierno iraní fundamentó su actuar en el principio de reciprocidad. El comunicado oficial señaló: «El Gobierno de la República Islámica de Irán, basándose en el principio de reciprocidad (…) considera que la Marina Real Canadiense está sujeta a la Ley de Reciprocidad y sus disposiciones y, por lo tanto, en el marco de la reciprocidad, la identifica y declara como organización terrorista». Esta postura contempla la aplicación de medidas que Irán considera equivalentes a las adoptadas por Canadá, en reacción a la inclusión de la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas en territorio canadiense.
El medio Europa Press consignó que Teherán sostiene la Guardia Revolucionaria constituye uno de los cimientos de las fuerzas armadas estatales iraníes. El gobierno persa argumentó que la decisión de Ottawa de incorporarla a la lista de organizaciones terroristas contraviene los principios esenciales del Derecho Internacional, reclamando ilegalidad en la decisión canadiense. «La Guardia Revolucionaria es reconocida como uno de los pilares de las Fuerzas Armadas oficiales del país», expresó el Ministerio de Exteriores iraní en su declaración, reiterando su rechazo a la calificación impuesta por el Ejecutivo canadiense.
Durante el mes de junio de 2024, Canadá decidió sumar a la Guardia Revolucionaria de Irán a su registro de entidades terroristas, según publicó Europa Press. La administración canadiense manifestó que contaba con «motivos razonables» para creer que el cuerpo militar había ejecutado, concebido o estado involucrado en «actividades terroristas». Estas consideraciones motivaron la implementación de sanciones y restricciones, además del etiquetado oficial del grupo como una amenaza bajo los parámetros de la ley canadiense.
Estas decisiones provocaron críticas severas y respuestas categóricas por parte de las autoridades iraníes. El gobierno de Irán manifestó que el paso adoptado por Canadá constituye una violación a la legalidad internacional, ya que la Guardia Revolucionaria forma parte de las fuerzas armadas regulares, y no de un agrupamiento clandestino o irregular. La respuesta de Teherán busca subrayar su desacuerdo y advertir sobre lo que considera una escalada injustificada por parte de Ottawa.
Según reportó Europa Press, la declaración iraní se inscribe en una tendencia de tensiones crecientes entre ambas naciones, centradas en acusaciones mutuas relacionadas con presuntas actividades terroristas y violaciones a las normas del derecho internacional. El comunicado oficial iraní divulgado en X insistió en que la acción canadiense «viola los principios fundamentales del Derecho Internacional», mientras que la respuesta de Teherán aspira a mantener simetría en las sanciones, recurriendo al principio de reciprocidad diplomática.
Fuentes de Europa Press señalan que las autoridades de Irán y Canadá mantienen posturas firmes respecto a sus respectivos organismos militares y de seguridad. Mientras Ottawa argumenta razones de seguridad nacional, Teherán recalca la naturaleza institucional y oficial de la Guardia Revolucionaria, buscando legitimar sus propias acciones a nivel internacional y ante la opinión pública.
La controversia ha generado reacciones en cascada, con declaraciones y contra-declaraciones de ambos ejecutivos. La medida iraní implica que, desde la óptica de Teherán, la Marina Real Canadiense pasaría a ser susceptible de sanciones y restricciones similares a las impuestas por Canadá a la Guardia Revolucionaria, señaló Europa Press. A nivel diplomático, este cruce de decisiones agudiza la confrontación y complica cualquier diálogo bilateral.
De acuerdo con la cobertura de Europa Press, las autoridades iraníes reiteraron en reiteradas ocasiones la importancia de respetar el marco legal internacional y denunciaron que la acción canadiense representa, según su interpretación, un precedente negativo para las relaciones interestatales y para la legitimidad de las fuerzas armadas en general. Canadá, por su parte, ha repetido que sus acciones están motivadas por la seguridad y el cumplimiento de sus leyes nacionales.
El desarrollo de este conflicto bilateral se da en un contexto internacional marcado por sanciones, presiones diplomáticas y debates en torno a la legalidad de las designaciones terroristas otorgadas por gobiernos occidentales a órganos estatales de otros países. Europa Press informó que las autoridades persas han llamado a la comunidad internacional a observar estos hechos como una afrenta contra el ordenamiento jurídico global y han advertido sobre las posibles consecuencias derivadas de tales designaciones cruzadas.
