El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha fallado a favor de los bomberos de la Comunidad de Madrid en la denuncia interpuesta por el colectivo contra el gobierno autonómico liderado por Isabel Díaz Ayuso. Según un comunicado difundido este martes por CSIT Unión Profesional, el juez ha dado la razón al sindicato reconociendo que la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo desvió a otras partidas de sus cuentas unos 40 millones de euros destinados a mejorar el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.
El recurso presentado por los bomberos de Madrid explica que se trata de fondos que el Ejecutivo regional obtuvo de las primas de las aseguradoras (UNESPA) entre los años 2019 y 2023. Al mismo tiempo, recuerdan “que este dinero es abonado por todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en sus pólizas de seguros”, en las que pagan un recargo del 5% para que lo recaudado se ceda a la administración pública y esta lo destine a los servicios de bomberos.
El fallo ordena al Ejecutivo regional a destinar de forma exclusiva estos recursos a inversiones reales para los bomberos, tras haber detectado su uso en partidas ajenas, como “gastos de renting», que no contribuyen a mejorar la respuesta ante emergencias.
Falta de medios en la protección contra incendios
El Sindicato de Bomberos, mayoritario en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y federado en CSIT, y denunica “el impacto negativo en la seguridad y protección de los ciudadanos” que ha tenido la desviación de fondos en un servicio esencial que ya cuenta con problemas de financiación. La falta de inversión en medios materiales se refleja en jornadas con “más de 40 vehículos fuera de servicio”, según advirtieron los representantes sindicales. La escasez de equipos especializados, como autoescalas, furgones de salvamento o bombas forestales en todos los parques, obliga a desplazar recursos desde instalaciones distantes, lo que incrementa el tiempo de respuesta y puede comprometer la vida de las víctimas.
El deterioro de las infraestructuras también ha sido otro foco de preocupación que ha provocado “continuas denuncias ante la Inspección de Trabajo”, con requerimientos sin cumplir por problemas tan básicos como goteras o presencia de ratas. A esta precariedad se suma la falta de equipos de protección individual y la ausencia de parques prometidos que nunca se han construido, situación que, según el sindicato, agrava la respuesta operativa.
Inversión íntegra en el Cuerpo
En cuanto a la gestión de la contribución especial, los bomberos señalaron que la Consejería de Medioambiente, Agricultura e Interior es la responsable legal de su administración, siempre bajo propuesta de la Dirección General de Emergencias, que ha visto pasar cinco titulares distintos en el periodo en cuestión.
La sentencia del TSJ de Madrid establece la obligación del Gobierno regional de destinar íntegramente estos fondos a inversiones reales en el Cuerpo de Bomberos. Esta decisión impide que estos recursos se diluyan en organismos generales, como la Agencia de Seguridad y Emergencias (A.S.E.M.), cuya creación fue rechazada por el 99% de la plantilla, según datos del sindicato.
