El ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, planteó que las recientes denuncias de agresiones sexuales presentadas por trabajadoras domésticas contra Julio Iglesias podrían indicar un posible caso de trata de personas, según detalló Europa Press. De acuerdo con el mismo medio, el Gobierno se encuentra evaluando la revocación de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida al cantante, procedimiento que pasaría por el Consejo de Ministros. La noticia surge tras la presión ejercida por miembros del gabinete y figuras políticas, en medio de investigaciones dirigidas a esclarecer los hechos denunciados por exempleadas que trabajaron en propiedades de Iglesias en el Caribe en 2021.
El propio ministro Urtasun confirmó que se mantiene el análisis de la situación, en parte como respuesta a preguntas de la prensa antes de la presentación de nuevas medidas estatales para la música en vivo. «Cualquier gobernante se ve interpelado ante una situación así», declaró Urtasun, según reportó Europa Press. Explicó que el Ejecutivo está valorando los hechos debido a la gravedad de las investigaciones abiertas: “Desde luego, les confirmo que es algo que estamos estudiando y que valoraremos porque evidentemente nos sentimos interpelados por un caso de unas investigaciones tan graves”, afirmó el ministro. Urtasun destacó que el proceso abierto obliga a escuchar a las mujeres afectadas y explicó que el Gobierno determinará los siguientes pasos tras el desarrollo de los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes.
El contexto de las acusaciones implica a trabajadoras del servicio doméstico, quienes afirmaron haber sufrido agresiones sexuales mientras prestaban servicios en viviendas del artista ubicadas en el Caribe durante 2021. Según Europa Press, el caso ha adquirido visibilidad por el alcance de las presuntas vulneraciones a los derechos humanos, con parte de la investigación periodística realizada por eldiario.es en colaboración con Univisión. El ministro de Cultura consideró este escenario como «profundamente repugnante». Además, recordó la existencia de la Unidad de atención contra las violencias machistas en el sector audiovisual y cultural, que dispone de línea telefónica y correo electrónico para víctimas dentro del ámbito cultural.
Frente a las declaraciones públicas sobre el caso y en reacción a la defensa del artista efectuada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el ministro Urtasun manifestó un rechazo enfático a sus palabras. Sostuvo que en supuestos de acoso o abuso sexual, los responsables políticos deben priorizar la atención a las víctimas. Según informó Europa Press, Urtasun declaró: “Sobre esta cuestión de las condecoraciones, la primera cosa que quiero decir es rechazar absolutamente las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, que ayer salió en defensa del señor Julio Iglesias. Cuando hay denuncias de acoso y de abuso sexual, la obligación de cualquier gobernante es ponerse del lado de las víctimas y escucharlas y ponerlas en el centro”.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se pronunció previamente respaldando la posible retirada de la distinción a Julio Iglesias. Según recogió Europa Press, la ministra señaló que había conversado tempranamente con Ernest Urtasun y que él resolverá la cuestión en los próximos días. Díaz subrayó que la eventual revocación de la medalla no vulnera la presunción de inocencia, argumentando que conviven la responsabilidad penal con la responsabilidad ética o política. Explicó que el debido proceso y los derechos constitucionales deben respetarse, pero que las autoridades también están obligadas a actuar bajo parámetros éticos ante hechos de esta naturaleza.
Según Europa Press, Yolanda Díaz insistió en que el caso requiere una respuesta ejemplar. Añadió que los resultados de la investigación coordinada por eldiario.es y Univisión evidencian vulneraciones extensas de los derechos de las trabajadoras y de las mujeres como colectivo. Díaz afirmó: “En este caso, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que estaban en una posición de debilidad extrema. Extrema en cuanto que seres humanos y extrema en cuanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. La vicepresidenta transmitió su apoyo inmediato a las víctimas y alentó a que las investigaciones prosigan, además de felicitar al equipo periodístico responsable de la investigación.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Díaz abordó la situación de las mujeres, manifestando que ya no saben “qué más podemos hacer o decir al mundo” por el cansancio ante el maltrato reiterado, y advirtió de retrocesos en derechos adquiridos. Pidió que toda la dirigencia política exprese un compromiso público en la defensa de los derechos humanos de las mujeres tanto en España como globalmente, argumentando que existen posturas que no reciben condena por parte de algunos sectores políticos.
La vicepresidenta criticó con contundencia las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso, quien manifestó que no participaría en el “desprestigio” de Julio Iglesias por su trayectoria. Según Europa Press, Díaz sostuvo que estas manifestaciones representan alinearse con el machismo y el lado del presunto agresor, al omitir la defensa de los derechos humanos. Además, cuestionó la posición del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mostrando preocupación ante la falta de pronunciamiento sobre un tema de esta trascendencia, al tiempo que llamó a la responsabilidad pública en la educación y la actitud hacia casos de presuntos abusos.
El debate sobre la posible retirada de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Julio Iglesias quedará en manos del Consejo de Ministros, órgano encargado de decidir sobre las distinciones públicas. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa monitorizando el curso de las investigaciones judiciales y las potenciales ramificaciones del caso. Según las directrices que detalló el ministro de Cultura, antes de adoptar cualquier medida adicional, se pondrá el foco en el respeto al proceso legal y en la atención a las personas afectadas. El ámbito político y cultural español observa de cerca el desarrollo de este proceso, marcado por el debate público en torno a la ética institucional y la protección de las víctimas de violencia y abuso.
