“La proposición fue una estrategia política diseñada únicamente para revertir cinco escaños republicanos a manos demócratas.” Así lo expresó la jueza Josephine Staton del distrito central de California al dictar su decisión sobre los mapas electorales aprobados por el Congreso estatal. Según publicó el diario The New York Times, la resolución judicial valida la legalidad de la redistribución de distritos legislativos impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom. El tribunal federal de Los Ángeles respaldó estos mapas, rechazando los argumentos de la Administración de Donald Trump y las objeciones presentadas por el Partido Republicano.
De acuerdo con la información de The New York Times, la controversia se centró en la aprobación de la denominada «Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral», conocida como Proposición 50, impulsada por Newsom y sancionada por los votantes de California. La iniciativa buscaba ajustar la composición de los distritos legislativos a raíz de maniobras similares promovidas por el Partido Republicano en Texas, cuyo objetivo era asegurar hasta cinco escaños adicionales en las elecciones legislativas previstas para 2026.
El Partido Republicano, con el respaldo de la Administración Trump, interpuso una solicitud judicial ante el tribunal federal, alegando que los nuevos mapas avalados por el Congreso californiano resultaban inconstitucionales, ya que estarían orientados a beneficiar directamente a los demócratas. Los republicanos argumentaron además que el rediseño de los distritos legislativos se fundamentaba en criterios raciales, con el propósito de captar el voto latino y debilitar la representación republicana en el Congreso estatal.
Según detalló The New York Times, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, manifestó su desacuerdo con la sentencia emitida el miércoles. «California ha diseñado de forma inadmisible su nuevo mapa del Congreso basándose en la raza. Eso es inconstitucional. Estamos revisando todas las opciones legales», declaró Bondi, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones judiciales por parte de las autoridades federales para impugnar la decisión.
La Proposición 50, centro de la disputa, fue elaborada como respuesta a las prácticas de redistribución promovidas por el Partido Republicano en Texas, donde se buscaba mediante la modificación de los límites electorales asegurar el control de cinco escaños adicionales para las elecciones de 2026. En el caso de California, los críticos afirmaron que el proceso impulsado por Newsom tenía como finalidad revertir el control de escaños hoy en manos del Partido Republicano y fortalecer la presencia demócrata, especialmente a través de un enfoque dirigido hacia las comunidades latinas.
El diario The New York Times recogió expresamente la frase contenida en la sentencia de la jueza Staton, en la que se subraya el carácter político del proceso de redistribución: «Las pruebas presentadas reflejan que la proposición fue una estrategia política diseñada únicamente para revertir cinco escaños republicanos a manos demócratas». Esta afirmación sirvió de base para las objeciones republicanas, que interpretan la reconfiguración distrital como un acto de manipulación con intencionalidad partidista y racial.
De acuerdo con la publicación del medio estadounidense, el fallo judicial da vía libre a la aplicación de los nuevos mapas legislativos en California, pese al rechazo de líderes republicanos y la Administración Trump. Las autoridades estatales defienden la constitucionalidad del proceso, mientras que los opositores mantienen su postura crítica, advirtiendo sobre un posible precedente para futuros procesos de redistribución electoral en otros estados del país.
El debate sobre la legitimidad y el fundamento de la redistribución de distritos legislativos en California sigue abierto, con actores nacionales involucrados e implicaciones que se extienden más allá del ámbito estatal. Las declaraciones de la fiscal general Pam Bondi y la intervención de la jueza Staton muestran la importancia del caso, que, según The New York Times, podría inspirar acciones similares en otros territorios y provocar debates adicionales sobre el uso de criterios raciales y partidistas en la definición de los mapas electorales.
