Tras más de un año de intervención bajo la gestión de Marcelo Petroni, la Justicia Federal determinó el cese del desplazamiento de las autoridades legítimas. El gremio denunció «consecuencias devastadoras» para la salud de los afiliados durante el periodo de control estatal.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) celebró este miércoles un fallo judicial clave para la institucionalidad del gremio. El juez federal Sebastián Casanello ordenó la inmediata restitución del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), dando por finalizada una intervención que se extendió por más de 15 meses.
Un fallo contra la «parcialidad e irregularidades»
Desde el sindicato liderado por José Voytenco, señalaron que esta decisión judicial revierte la medida adoptada en octubre de 2024 por el juez Villena, a quien cuestionaron por «manifiesta parcialidad e incompetencia territorial». La UATRE sostuvo que la intervención, designada por decreto del presidente Javier Milei, fue un «claro atentado contra la autonomía sindical».
El fallo del juez Casanello determinó que la hipótesis que originó el desplazamiento de las autoridades es hoy «prácticamente nula», concluyendo que no es necesario sostener la intervención de la obra social.
Denuncias de abandono y crisis prestacional
Durante el periodo en que Marcelo Petroni estuvo al frente de la entidad, el gremio acumuló múltiples denuncias por irregularidades administrativas y sanitarias. Entre los puntos más críticos señalados por UATRE se encuentran:
- Estructura administrativa: Denunciaron la duplicación innecesaria de cargos y el nombramiento de dirigentes sin experiencia en el área de salud.
- Crisis sanitaria: Se reportó una reducción drástica en el gasto de prestaciones médicas, lo que generó cortes en la entrega de medicamentos oncológicos y de alto costo.
- Impacto judicial: Hasta diciembre de 2025, se registraron 476 amparos judiciales por falta de cobertura.
- Casos fatales: El gremio informó sobre tres causas penales por «abandono de persona seguido de muerte», destacando el caso de José Alfredo Garavento, un paciente oncológico que falleció en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento.
El futuro de la obra social
A pesar del retorno a la gestión por parte de las autoridades electas, la UATRE advirtió que el vínculo con el Gobierno nacional sigue siendo conflictivo. «La lucha continúa, no sabemos en qué estado será devuelta la obra social», expresaron a través de un comunicado oficial, reafirmando su compromiso con la recuperación de un servicio digno para las familias rurales.
Con esta resolución, OSPRERA intenta cerrar una etapa de alta conflictividad institucional y judicial, priorizando ahora la normalización de las prestaciones médicas para sus miles de afiliados en todo el país.
