La Fiscalía General de la Nación retiró la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), apenas cuatro horas después de haberla oficializado.
Esta decisión implica que, por el momento, no se llamará a responder al alto funcionario por una presunta omisión en el caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay, aunque la medida no descarta que continúen las investigaciones internas sobre posibles fallas en la protección del dirigente opositor.
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La Fiscalía informó que este giro en la investigación se basa en la existencia de la Resolución 00633 del 19 de junio de 2025. Esta resolución creó un grupo especial de tareas y fijó cuáles funcionarios son competentes para actuar en expedientes de alto perfil como el de Uribe Turbay.
La fiscal Elsa Reyes, que había presentado la imputación y programado audiencia para el 11 de febrero de 2026, no integraba ese equipo, motivo por el que se consideró incorrecta su actuación.
Augusto Rodríguez, considerado uno de los colaboradores más cercanos al presidente Gustavo Petro, se convirtió durante parte de la jornada en el primer funcionario de alto rango del gobierno vinculado formalmente a la investigación sobre el magnicidio.
El director de la entidad de protección enfrentaba la acusación de tentativa de homicidio y prevaricato por omisión debido a que, según la recopilación de evidencias del abogado Víctor Mosquera –representante de la familia de Uribe Turbay–, el exsenador y su círculo cercano habrían solicitado en al menos 23 ocasiones el refuerzo de su esquema de seguridad a la UNP, solicitud que nunca fue atendida.
El día del atentado, el 7 de junio de 2025, Miguel Uribe abordado por un sicario que logró acercarse a menos de dos metros. En ese momento, solo tres escoltas protegían al entonces precandidato presidencial, a pesar de ser identificado como uno de los actores políticos más amenazados del país.
La Fiscalía había informado públicamente que “una fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá radicó solicitud de audiencia de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez Ballesteros, como presunto responsable del delito de prevaricato por omisión. Esto, en atención a que no habría atendido los llamados de protección y de mejora del esquema de seguridad del precandidato Miguel Uribe Turbay”.
Sin embargo, la ausencia de competencia específica de la fiscal Elsa Reyes llevó a una revisión interna del proceso. Esta situación generó un cortocircuito entre funcionarios de la administración de Luz Adriana Camargo, actual fiscal general.
El expediente recaerá ahora sobre la mesa técnica que integrará la fiscal asignada y el grupo de tareas especiales. Este nuevo comité evaluará el material recopilado durante meses para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
El retiro de la imputación no significa que los informes y alertas sobre omisiones en el esquema de seguridad de Uribe Turbay sean descartados. Por el contrario, el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Pava, intermedió para que la investigación continúe bajo los procedimientos establecidos en la resolución vigente.
A lo largo del proceso, permanecen abiertas interrogantes sobre la gestión interna que permitió que el caso avanzara hasta la imputación sin que se advirtiera la existencia de un grupo designado para este tipo de expedientes.
La Fiscalía señaló que la funcionaria habría actuado por iniciativa propia tras recibir la denuncia formal, lo que podría indicar fallos de comunicación institucional. La Casa de Nariño manifestó, a través de Augusto Rodríguez, que la medida adoptada por la Fiscalía tenía “tinte político”.
Mientras tanto, la UNP informó que Miguel Uribe Turbay había transferido el esquema de protección a su esposa, un hecho que también figura en los expedientes revisados por la Fiscalía.