El gobierno de Perú ejecutó la expulsión de treinta y nueve ciudadanos venezolanos por infringir el Decreto Legislativo 1350, conocido como la ‘Ley Migratoria’, según informó la División de Extranjería perteneciente a la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
La operación, que se llevó a cabo desde la base aérea de la Policía Nacional del Perú (PNP), incluyó a siete mujeres y treinta y dos hombres, y representa una nueva muestra del endurecimiento de las políticas migratorias en el país.
Las autoridades policiales detallaron que la medida forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la seguridad y la legalidad en el territorio peruano.
Desde enero hasta el 22 de diciembre de 2025, se aplicaron 3.411 órdenes de expulsión a extranjeros con situación irregular. Estas acciones respondieron a infracciones como el ingreso no autorizado, el exceso de permanencia y conductas que afectan el orden público.
Para la ejecución de las expulsiones, se utilizó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE). Este mecanismo permite actuar ante situaciones de ingreso irregular, permanencia fuera de los límites legales o alteraciones del orden público, de acuerdo con la información oficial.
Operativos y tecnología
Entre enero y diciembre de 2025, Superintendencia Nacional de Migraciones y la PNP desarrollaron 7.161 operativos de verificación y fiscalización migratoria en distintas regiones del país. Estas intervenciones permitieron identificar a 114.099 extranjeros, mediante el cruce de datos personales con registros oficiales y sistemas de alerta nacionales e internacionales.
Las zonas con mayor actividad de control migratorio fueron Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa. En estos puntos estratégicos, las autoridades detectaron a 8.583 personas extranjeras en situación administrativa irregular, quienes quedaron a disposición de la Policía Nacional para la aplicación de las sanciones correspondientes.
La estrategia de control incluyó el uso de tabletas electrónicas, que facilitaron la identificación en tiempo real y permitieron agilizar los procedimientos de verificación.
Además, se desplegaron vehículos denominados migramóviles, equipados con módulos de trabajo, conexión satelital a internet y autonomía energética. Estas unidades, actualmente operativas en Arequipa, Lima y Tumbes, posibilitan que los procedimientos sancionadores se inicien en el mismo lugar donde se detectan las infracciones.
Colaboración interinstitucional
El despliegue de los operativos fue posible gracias a la coordinación de Migraciones con entidades como el Ministerio Público, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), así como con municipalidades distritales y provinciales.
De acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, esta cooperación ha robustecido la vigilancia y el control migratorio en todo el territorio.
Además de las expulsiones, la normativa establece sanciones administrativas adicionales, como multas y salidas obligatorias para quienes transgreden las disposiciones migratorias.
Funciones y atribuciones
La Superintendencia Nacional de Migraciones administra y controla el ingreso, permanencia y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros en territorio peruano. Entre sus funciones principales se encuentran la concesión y renovación de categorías migratorias, la supervisión del cumplimiento de la normativa, la imposición de sanciones por estadía irregular o ingreso no autorizado, y la expedición de pasaportes electrónicos y otros documentos de viaje para ciudadanos peruanos.
La entidad también implementa controles biométricos y tecnológicos en los puntos de ingreso y salida del país, lo que permite fortalecer la seguridad fronteriza. Además, colabora con organismos nacionales e internacionales en la gestión ordenada y segura de los flujos migratorios y ofrece servicios de orientación, información y regularización a extranjeros y peruanos en el exterior.
Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. La Superintendencia Nacional de Migraciones advirtió que los operativos de control y fiscalización continuarán para prevenir situaciones que puedan afectar el orden público.
La postura de Jerí frente a la migración
José Jerí ha marcado una postura en la política exterior peruana al descartar la creación de corredores humanitarios para el tránsito de migrantes, una propuesta impulsada recientemente desde sectores políticos de Chile. El mandatario ha vinculado directamente el descontrol migratorio con el auge del crimen organizado en el país, sosteniendo que el Perú no facilitará el paso ni la permanencia de extranjeros indocumentados bajo ninguna circunstancia, pues su prioridad es revertir la “turbulencia” de inseguridad heredada y restablecer el principio de autoridad en todo el territorio.
Con un discurso de “mano dura”, la administración de Jerí ha reforzado la militarización de la frontera sur y ha intensificado los operativos de control de identidad, bajo la premisa de que “sin papeles, no son bienvenidos”. Esta estrategia busca enviar un mensaje disuasivo a nivel regional, estableciendo que el Estado peruano priorizará el orden interno sobre la diplomacia flexible, garantizando que cualquier ingreso al país cumpla con los filtros legales rigurosos o, de lo contrario, enfrentará la expulsión inmediata y medidas correctivas en defensa de la soberanía nacional.
