En una decisión controvertida, la investigación sobre la mansión de Pilar, donde se acumularon múltiples indicios de que pertenecería al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, volvió a cambiar de juez. Como habían pedido los apuntados como presuntos testaferros, la causa pasó al juzgado de Campana a cargo de Adrián González Charvay. La determinación fue tomada por el camarista de San Martín, Alberto Lugones. Es uno de los personajes claves detrás de la giro.
En principio, no era Lugones quien debía tomar la decisión. Por sorteo, quien debía resolver era el juez Néstor Barral, también integrante de la sala II de la Cámara.
Barral, según explicó Lugones, amplió su licencia hasta la semana próxima (originalmente, se ausentaría hasta el 14 de enero). Por lo tanto, al quedar a cargo de la sala, Lugones resolvió en soledad.
Barral había sido designado en 2023 en el tribunal de disciplina de la AFA y, frente al escándalo, renunció a fines del año pasado a la entidad. Fue el primer integrante de la Justicia en dejar su lugar en la asociación. Su salida estaría motivada en que no habría querido firmar una resolución contra Juan Sebastián Verón, que estaba enfrentado a Claudio Chiqui Tapia.
Lugones, consultado frente a los plazos, comentó que se reincorporó a funciones el viernes. Rápido, argumentó que tomó conocimiento de la causa y resolvió a favor del pedido de los presuntos testaferros.
Lugones integra la Cámara de San Martín desde 2014, luego de acceder al cargo por concurso. Sin embargo, su influencia no se limita a la función jurisdiccional. Desde hace años, Lugones es una figura central en el manejo del Poder Judicial. Representó a los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación y fue elegido presidente de ese organismo en dos oportunidades, la última en 2022, con el respaldo de todos los bloques, pero con el impulso determinante del peronismo.
En épocas del kirchnerismo, Lugones participó de la génesis de Justicia Legítima. Esa agrupación avaló y dio letra a las reformas que impulsó Cristina Kirchner para el Poder Judicial. Inclusó un sector llegó a formar parte de una marcha contra la Corte Suprema durante el gobierno de Alberto Fernández. El grupo se identifica con a Lista Celeste, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), que en general apoya con los lineamientos del peronismo y el kirchnerismo. En aquel momento, Lugones, referente de la Lista Celeste en el Consejo de la Magistratura, argumentó que la agrupación dejaba “libre a la gente de su espacio que quiera adherir a la marcha o no”, más allá de las diferencias con la convocatoria.
Lugones fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por la Coalición Cívica, el sector político que también fue uno de los primeros en apuntar a la mansión de Pilar y a Toviggino. La denuncia fue en 2019, a partir de la investigación contra el juez Ariel Lijo por el caso Siemens. Lijo había sido denunciado por procesar a los empresarios alemanes por sobornos, pero nunca haber indagado a los menemistas que aparecían involucrados. Archivó el caso sin contemplar las apelaciones de distintos organismos del Estado. A cargo de investigar su conducta estaba Lugones, que impulsó la desestimación. La Coalición lo denunció porque hizo la instrucción del caso a pesar de que su hija trabaja para el juez Ariel Lijo.
En ese entonces, consultado por LA NACION, el juez Lugones respondió: “Que Lijo sea el jefe de mi hija de ninguna manera afecta mi imparcialidad como consejero. Actuaría igual que con cualquier otro juez. Es un absurdo total. No me gusta que duden de mi buena fe”. Y aclaró que su hija ingresó a trabajar en el juzgado federal N°4 antes de que recibiera la acusación contra el magistrado.
El artículo 14 del Reglamento dicta que un consejero deberá excusarse “cuando existan causas que le impongan abstenerse por razones de parcialidad que deberán ser expresamente invocadas”. Lugones nunca se excusó en el expediente y, cuatro meses después de recibirlo, propuso la desestimación de la acusación contra Lijo sin pedir prácticamente medidas de prueba.
En declaraciones públicas, Lugones sostuvo posiciones que fueron leídas en clave política. Cuestionó el uso extensivo de la prisión preventiva, planteó reparos sobre sentencias basadas en testimonios de arrepentidos, una herramienta clave para luchar contra la corrupción, y afirmó que ciertos fallos debían ser revisados por instancias superiores.
En ese marco, mencionó el caso del ex vicepresidente Amado Boudou y la declaración de Alejandro Vandenbroele, una referencia que fue retomada por sectores del kirchnerismo para reforzar su crítica al funcionamiento del sistema judicial durante el gobierno de Mauricio Macri.
“Las investigaciones contra los jueces deben ser concluidas en el menor tiempo posible porque no funciona el Poder Judicial sin la tranquilidad que nosotros le debemos garantizar”, dijo Lugones en 2020, cuando fue designado en el Consejo.
Durante su accionar en el Consejo de la Magistratura, Lugones se mostró cercano a las decisiones del peronismo.
