En el año 2025, 115 recién nacidos presentaron alguna discapacidad al nacer, lo que significa un aumento respecto al año anterior y se vincula a episodios de hipoxia durante el parto, una situación en la que el bebé no recibe suficiente oxígeno y puede sufrir secuelas neurológicas, parálisis cerebral o retrasos en el desarrollo. Este dato forma parte de los resultados recogidos en la Memoria Anual de la asociación El Defensor del Paciente, que atendió casi 15.000 denuncias por posibles fallos médicos a lo largo del año, según reportó el medio.
El documento, presentado este lunes y citado por El Defensor del Paciente, indica que durante 2025 se recibieron un promedio de 41 notificaciones diarias relacionadas con presuntas negligencias sanitarias, alcanzando la cifra de 14.986 casos, lo que implica 898 más que el año anterior. Entre las denuncias tramitadas, 951 terminaron en fallecimiento, un incremento de 153 muertes respecto al reporte previo del año 2024, de acuerdo con los datos expuestos por la asociación.
El análisis de los casos revela que la mayoría de acusaciones se debieron a errores en el diagnóstico médico y a la pérdida de oportunidades terapéuticas, seguidos por mala praxis, altas hospitalarias antes de tiempo, atención insuficiente, infecciones contraídas en hospitales y demoras en el servicio de ambulancias. El Defensor del Paciente señaló a través del informe que la situación “es la realidad”, pese a que representa un escenario complicado de asumir para la administración sanitaria.
En palabras de la organización, el sistema de salud español mantiene una cobertura universal, pero existen deficiencias derivadas, principalmente, de la gestión política y una falta de cuidados por parte de los responsables institucionales, según recogió el medio en la memoria de 2025. La asociación también alertó sobre el mayor volumen histórico de derivaciones a grupos hospitalarios privados observado en 2025. Según denunció la entidad, esto se relaciona directamente con la existencia de un millón de personas en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, cuestionando así la política de privatización como una decisión institucional.
Por especialidades, la cirugía plástica, reparadora y estética concentró 380 informes por resultados insatisfactorios, 29 más que el año anterior, además de 63 reportes relacionados con daños derivados de tratamientos de depilación láser, cuyo uso ha crecido en cadenas de estética donde, como advirtió la organización, en ocasiones el personal no está compuesto por médicos y se emplea tecnología de baja calidad, detalló El Defensor del Paciente.
Respecto a la atención en el parto, el informe especificó que no toda hipoxia corresponde a un error médico, pero sí constituye una negligencia cuando existe una falta de control o una reacción tardía ante anomalías detectadas durante el trabajo de parto, así como cesáreas de urgencia realizadas fuera de tiempo. Tal como explicó la asociación, el control inadecuado en este tipo de situaciones puede justificar una denuncia.
En el ámbito de la respuesta de emergencias, el reporte de El Defensor del Paciente incluye 31 muertes en situaciones donde, tras alertar al Servicio 112, no se asignó ambulancia o esta demoró más de una hora en llegar, lo que impidió la atención hospitalaria urgente de los pacientes afectados. También se informó el deceso de 30 personas por infecciones hospitalarias originadas en centros donde el protocolo de asepsia no se respetó adecuadamente. La asociación considera que esta cifra es inferior a la real, argumentando que anualmente fallecen en España más pacientes por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico.
En cuanto a las consecuencias graves tras intervenciones quirúrgicas, 155 pacientes desarrollaron discapacidad, quedando en situación de tetraplejia o paraplejia, según el informe, lo que representa 21 casos más en comparación con el año 2024. El reporte incluyó además 16 diagnósticos de hepatitis C tras transfusiones durante procedimientos médicos, un número que El Defensor del Paciente considera reducido frente a anteriores ejercicios.
Además, 64 denuncias refirieron altas médicas otorgadas cuando los pacientes no se encontraban en condiciones para reincorporarse al trabajo. Según aclararon desde la asociación al medio, la carencia de coordinación entre el sistema contractual y el sistema de protección de la Seguridad Social repercute negativamente en los derechos de los trabajadores.
El desglose territorial de las notificaciones indica que la Comunidad de Madrid encabezó la lista con 4.005 casos, seguida por Andalucía con 2.730, Cataluña con 2.059 y la Comunidad Valenciana con 1.133. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco, Murcia, Aragón, Canarias, Extremadura, Cantabria, Asturias, Baleares, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla completan la relación según el volumen de denuncias registradas.
Durante 2025, las listas de espera constituyeron la principal causa de alerta entre los usuarios. Según el balance oficial del Ministerio de Sanidad, al 30 de junio existían en España 832.728 ciudadanos aguardando cirugía, con una demora promedio de 118 días. Este dato supone una leve mejoría frente al año anterior, con 15.582 personas menos en lista y tres días menos de espera media. No obstante, El Defensor del Paciente cuestionó la veracidad de las cifras aludiendo a datos “cronificados” y un volumen que se aproxima al millón de ciudadanos en espera de una operación. Según consta en el informe recogido por el medio, para la agrupación la congestión del sistema y la demanda incrementan la saturación de urgencias y atención primaria, donde la obtención de cita puede dilatarse hasta dos semanas y la programación de análisis un mes.
La saturación en las urgencias hospitalarias motivó un volumen importante de reclamos en centros como el Hospital Universitario de Canarias, el Hospital Universitario La Paz en Madrid, el Hospital Universitario de Toledo, el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), el Hospital Universitari Vall d’Hebron en Barcelona, el Hospital Clínico Universitario de Valencia, el Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla, el Hospital Universitari Son Espases en Palma de Mallorca y el Hospital Universitario de Cruces en Bilbao, según lo detallado por la asociación.
El informe además identificó que, además de las listas de espera, las áreas con mayor número de denuncias fueron cirugía general, servicios de urgencias, traumatología, ginecología y obstetricia, odontología y cirugía maxilofacial, transporte sanitario y ambulancias (especialmente 112 y 061), oncología, oftalmología y cardiología.
Sobre los puntos críticos relativos a la detección precoz de enfermedades, la entidad se refirió a la crisis de los cribados de cáncer como una muestra de las carencias actuales del sistema, principalmente motivadas, según denunció El Defensor del Paciente en el medio, por la falta de especialistas y las decisiones orientadas hacia la privatización. El informe cita como escándalo nacional los problemas surgidos primero en Andalucía, pero que se han extendido a todo el país.
Finalmente, la asociación expresó en su memoria preocupación por la implementación de inteligencia artificial en el ámbito médico. Según su valoración recogida por el medio, el uso de esta tecnología incrementa el riesgo de diagnósticos erróneos y fallos en la medicación, y provoca distanciamiento entre médicos y pacientes, afectando la atención personalizada y agregando dificultades en procesos clínicos complejos.
