La investigación judicial del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz que por el momento ha dejado 42 muertos ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, un municipio cercano al lugar del accidente de tan solo 9.000 habitantes, y que justo esta semana se encontraba en un cambio de representación de su jueza titular.
Estos días la instrucción ha sido guiada por María del Carmen Troyano Torrejón, que ocupaba la plaza en funciones interinas desde agosto de 2025, y cuyo papel principal ha sido el levantamiento de cadáveres y los traslados y entierros de las víctimas, pero desde este martes va a ser Cristina Pastor Recover la encargada de llevar a cabo las pesquisas, al haber estrenado su primera plaza fija, según lo recoge el BOE de este 20 de enero.
Recover forma parte de la 74ª promoción de la Escuela Judicial y hasta ahora había desempeñado funciones como jueza sustituta, según informa el Diario de Córdoba. Ha sido destinada temporalmente a diferentes órganos judiciales de Andalucía a través de acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el fin de cubrir vacantes o realizar sustituciones dentro del refuerzo habitual del servicio judicial.
Antes de su incorporación a Montoro, ocupó de forma provisional la titularidad del Tribunal de Instancia de Loja (Granada), en la plaza número 1, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025, también para cubrir una vacante. Ahora asumirá la responsabilidad de una investigación compleja y de gran repercusión social.
El futuro de la investigación
De esta manera la nueva jueza asume una investigación muy compleja que tendrá diferentes ramas para intentar descubrir las causas detrás del accidente y si existen responsables que puedan ser imputados.
Por ello, tendrá que dirigir y supervisar la incorporación de diligencias policiales realizadas por la Guardia Civil, que incluyen la inspección ocular de los trenes y del tramo de vía afectado, la toma de declaraciones, entre ellas la del maquinista del tren Iryo implicado en el descarrilamiento, y la recogida de pruebas documentales y digitales (como registros de tráfico ferroviario, cajas negras, comunicaciones y sistemas de seguridad).
Además de estas actuaciones iniciales, la instrucción implicará la solicitud de informes periciales especializados. En accidentes ferroviarios graves, estos peritajes abarcan análisis sobre el estado de la vía, posibles fallos técnicos en los trenes, aspectos de señalización y sistemas de seguridad, así como el estudio de las propias actuaciones de las compañías implicadas y de los organismos reguladores.
Las primeras denuncias
A lo largo del proceso, la jueza también deberá resolver peticiones de personación de acusaciones particulares, populares y la fiscalía, recepcionar sus escritos y decidir sobre la práctica de nuevas diligencias que estas partes consideren relevantes. Un trabajo que ya ha empezado, ya que varias asociaciones ya han presentado denuncias contra cargos de Adif y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
En un momento en el que todavía se sabe muy poco de lo ocurrido y el foco está puesto en ayudar a los afectados, la Asociación Liberum ha presentado este martes una denuncia, a la que ha tenido acceso Infobae, contra el director de la AESF, el director Corporativo de Seguridad en la Circulación de Adif y el subdirector de Circulación AV de Adif por delitos de Homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores.
A este escrito se han adherido otras organizaciones como Manos Limpias, Hazte Oír o Iustitia Europa, una unión que comparten de otras causas como el ‘Caso Koldo’ o la investigación contra Begoña Gómez.