Las solicitudes de documentación y declaraciones a diversos directivos, así como la exigencia de identificar a los responsables de la supervisión, destacan entre las medidas que el PSOE-M ha planteado en el procedimiento judicial contra Ribera Salud y la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz. Estas demandas adquieren mayor relevancia debido a los recientes antecedentes en los que, según publicó eldiario.es, la jefa de auditoría de Ribera Salud envió un correo a los directivos del hospital donde instruía la reutilización de catéteres de electrofisiología, elementos de uso único, para reducir costes. El partido socialista se suma así a la investigación que lidera la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz número 4.
De acuerdo con Europa Press, el PSOE-M ha presentado un escrito dirigido al tribunal solicitando personarse como acusación popular en la causa. El objetivo principal de esta actuación es profundizar en la investigación abierta tras las denuncias de posible prevaricación en la gestión de la sanidad pública vinculada al hospital de Torrejón operado por la empresa Ribera Salud. Esta causa ha surgido luego de conocerse instrucciones internas que, conforme detalló Europa Press, ponen en el punto de mira decisiones sobre la gestión de listas de espera, la reutilización de materiales destinados a un solo uso y el proceso de selección de pacientes no contemplados por cápita en los triajes hospitalarios previos.
Las investigaciones del caso comenzaron cuando se difundieron audios en los que, según eldiario.es, el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, solicitaba a los responsables de servicio del hospital modificar las listas de espera, priorizando un aumento de las mismas con el fin de mejorar los rendimientos económicos de la concesionaria. En paralelo, el correo fechado el 6 de octubre de la jefa de auditoría de la empresa, al que también tuvo acceso eldiario.es, sugería la esterilización y reutilización de catéteres de electrofisiología en un hospital gestionado por la firma en Elche. Esta práctica está prohibida por los riesgos de infección asociados, aunque el mensaje instaba a realizarla en el hospital público de Torrejón, gestionado de forma privada, con la mayor celeridad para obtener ahorros económicos.
Según detalló Europa Press, la formación socialista argumenta que el método de actuación que está siendo sometido a investigación podría constituir varios delitos, como la afectación a un servicio público esencial, en este caso la sanidad; la omisión de los deberes de control, supervisión o ejecución que le corresponde a la Comunidad de Madrid; la provocación de un daño potencial a la salud de la ciudadanía; la posible inclusión de un sesgo discriminatorio fundamentado en la residencia o la renta per cápita; y la afectación al interés público por destinar fondos estatales a una entidad privada cuando se brindarían servicios deficitarios o, incluso, inexistentes.
A raíz de estos hechos, el PSOE-M ha reclamado que el tribunal tome declaración a Pablo Gallart y que exija al Gobierno regional la entrega del expediente completo del Hospital de Torrejón, junto con los documentos relativos a su empresa concesionaria, Torrejón Salud. Además, según consignó Europa Press, demandan que la Intervención General de la Comunidad de Madrid lleve a cabo un análisis pormenorizado de la ejecución del contrato de gestión sanitaria para los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote.
La solicitud socialista también alcanza al Ejecutivo autonómico, para que identifique a las personas responsables de las labores de supervisión en relación con la gestión contractual y hospitalaria. Como parte del procedimiento, el PSOE-M ha pedido que se recabe la colaboración de los medios de comunicación, solicitando la entrega de toda la documentación e informes que posean sobre el caso, y que se identifique oficialmente a los directivos del Hospital de Torrejón para que presten declaración ante el tribunal, informó Europa Press.
Simultáneamente, Más Madrid anunció este miércoles su intención de personarse en el caso, según informó Europa Press. Esta actuación refleja la creciente presión política en la Comunidad de Madrid respecto a la gestión de la sanidad pública y la implicación de entidades privadas como Ribera Salud en la administración de hospitales. Las denuncias se han centrado en la presunta prevaricación y en la manipulación de listas de espera, así como en prácticas consideradas peligrosas para la salud de los pacientes.
El procedimiento judicial en marcha implica la evaluación de la legalidad de las órdenes impartidas por los órganos directivos en distintos ámbitos de la administración hospitalaria y la verificación del cumplimiento de los estándares básicos de seguridad sanitaria. Europa Press reportó que entre los documentos clave exigidos por el PSOE-M figura el expediente íntegro de la concesión y la relación de responsables operativos y de supervisión, lo que pone el foco en el nivel de control ejercido por las autoridades públicas sobre los servicios bajo concesión.
Las revelaciones sobre la posible reutilización de material médico de un solo uso y la instrucción de aumentar las listas de espera impulsaron la apertura de diligencias y elevaron la tensión política en Madrid. Conforme avancen las actuaciones judiciales, la atención continuará puesta en la transparencia y rendición de cuentas tanto de las empresas concesionarias como de las administraciones responsables, mientras la causa sigue sumando interrogantes sobre los procedimientos internos de los hospitales públicos gestionados por privados.
