El veredicto emitido por el jurado popular descartó que el acusado hubiera actuado bajo legítima defensa, destacando que el uso de la violencia fue injustificado e innecesario en la confrontación mortal ocurrida en una finca de Inca, Mallorca. El jurado concluyó que existían alternativas menos lesivas para protegerse a sí mismo y a su familia, como regresar al interior de la vivienda y solicitar la intervención policial, según publica el medio local.
La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca acogió la lectura del fallo este viernes, tras dos jornadas de deliberaciones por parte de los nueve miembros del jurado, detalló la agencia de noticias. El tribunal consideró acreditado que el propietario de la finca, enfrentado a uno de los asaltantes que irrumpieron en su propiedad el 24 de septiembre de 2020 con la intención de sustraer plantas de marihuana, utilizó un arma blanca y propinó al intruso varias puñaladas. Los hechos, según el jurado, evidenciaron una intención de acabar con la vida del asaltante, descartando la versión de defensa propia esgrimida por el procesado.
El jurado valoró el resultado de la autopsia y subrayó el carácter especialmente violento del ataque. Según recogió la prensa local, los miembros del tribunal expusieron en su informe: “Podría haber regresado, encerrado para proteger su integridad y la de su familia, y después llamar a la policía. No había necesidad de ataque, y además este fue muy violento, tal y como se desprende de la autopsia”. El jurado no apreció pruebas que acreditaran que el apuñalamiento se hubiera producido de forma sorpresiva ni por la espalda, ni tampoco que hubiera existido un segundo ataque con arma blanca una vez el asaltante se hallaba fuera de la finca.
Por otro lado, el tribunal popular declaró responsables de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa a los otros tres hombres involucrados, quienes acompañaban al fallecido en la noche de los hechos. Según se desprende del acta del proceso, los tres asaltantes actuaron con premeditación, asignándose funciones concretas: uno de ellos accedió al interior de la propiedad, mientras los otros tres vigilaron desde el exterior de la finca, aguardando cerca del muro y de la valla metálica que servía como cierre de seguridad. El jurado enfatizó que existió un acuerdo previo y una distribución de roles entre los implicados.
Sobre las circunstancias personales de los ladrones, el jurado rechazó tomar como atenuante su consumo de estupefacientes. Si bien reconoció que los acusados eran consumidores habituales, sostuvo que en el momento de la tentativa de robo no actuaban bajo los efectos de las drogas. “Su juicio no estaba afectado”, recoge la agencia, citando el dictamen del tribunal popular.
Los hechos, relatados por medios locales, se desarrollaron cuando los cuatro individuos se aproximaron a la finca con el propósito de sustraer plantas de marihuana, propias de la propiedad privada de Inca. Tras forzar la entrada en la parcela a través de un agujero practicado en la valla, uno de ellos accedió mientras los otros vigilaban el exterior. Al enfrentarse con el propietario se produjo un forcejeo que derivó en el apuñalamiento mortal del intruso.
Los alegatos finales de los representantes legales de las partes se centraron en si concurrían o no circunstancias eximentes o atenuantes en la conducta del procesado y en la de los acompañantes. En su resolución, según informan los medios presentes, el tribunal rechazó que existiera justificación suficiente para que el propietario actuara de la forma en que lo hizo. El jurado también descartó que los asaltantes vieran mermada su capacidad de juicio por la supuesta influencia de drogas.
La decisión obliga al acusado a enfrentar una condena por homicidio, mientras los otros acusados deberán responder penalmente por intento de sustracción mediante el uso de fuerza en bien ajeno, reportó la agencia informativa. El proceso ha generado debate sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza frente a la invasión de la propiedad y el grado de responsabilidad de quienes participan en tentativas de robo en grupo concertado.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma se inscribe en el contexto judicial de las islas Baleares y contribuye a la jurisprudencia local sobre la defensa de la propiedad privada y los límites legales a la reacción violenta ante delitos de robo, recogió el medio en cuestión.
