Las autoridades iraníes informaron que más de un centenar de personas fallecidas durante los recientes disturbios en el país todavía no han sido identificadas, y que existen discrepancias en la información oficial sobre algunas de las víctimas. Este dato fue revelado tras la publicación de una lista con los nombres de 2.986 personas muertas en las protestas, en un contexto donde la cifra global reconocida por Teherán alcanza las 3.117 muertes. Según reportó Europa Press, la diferencia corresponde precisamente a las víctimas cuya identidad aún permanece pendiente de confirmación o que presentan inconsistencias de registro en el Sistema de Registro Civil nacional.
La Presidencia iraní, bajo el mandato de Masud Pezeshkian, difundió el domingo una nómina detallada de las víctimas mortales registradas durante la última ola de manifestaciones. De acuerdo con el comunicado citado por Europa Press, las autoridades señalaron que el total de fallecidos asciende a 3.117 personas, aunque puntualizaron que el documento publicado abarca 2.986 nombres, mientras los casos restantes serán incluidos en una actualización posterior una vez que las autoridades finalicen la verificación de datos pendientes. Según el informe oficial, esta cifra podría modificarse si surgen nuevos datos identificativos o si se resuelven las discordancias en los registros civiles.
El comunicado de la Presidencia de Irán incluyó una referencia a la situación de las familias afectadas, expresando que el país «llora» junto a quienes han perdido a sus seres queridos durante los incidentes recientes. Europa Press consignó que el gobierno iraní recalcó que «todas las víctimas de estos recientes incidentes y disturbios han sido hijos de esta tierra, y ninguna persona en duelo debe quedarse en silencio e indefensa». Además, la nota oficial atribuyó parte del incremento en la cifra de víctimas a lo que denominó «terroristas» presuntamente respaldados por actores extranjeros, entre ellos Estados Unidos e Israel, que habrían buscado inflar el número de muertes con la intención de fomentar una intervención internacional.
Del lado de las organizaciones civiles, Europa Press detalló que diversas agrupaciones han planteado cifras que doblan las reconocidas por el gobierno, alcanzando las 6.000 víctimas mortales. Esos colectivos cuestionan la versión oficial y argumentan que la magnitud real de los fallecimientos podría ser considerablemente superior, debido a que algunas muertes no habrían sido registradas formalmente o se habrían producido fuera del alcance de los controles institucionales.
En el comunicado presidencial, Masud Pezeshkian insistió en que el Estado actuará como «guardián» de los derechos ciudadanos, conforme al pacto asumido con el pueblo iraní. Según replicó Europa Press, el mandatario sostuvo que tanto la población como las autoridades mantienen la responsabilidad de atender el sufrimiento de los sobrevivientes y de aquellos que han perdido familiares. Pezeshkian enfatizó que «el deber moral y humano del pueblo, del Gobierno y de las autoridades es prestar la debida atención al sufrimiento adicional de los supervivientes de todos aquellos que perdieron la vida».
La presidencia también anunció la próxima implementación de un sistema en línea, previsto para activarse en las siguientes 48 horas, cuya finalidad consiste en facilitar que cualquier persona aporte información adicional o presente reclamaciones vinculadas a las muertes, sin burocracia ni trabas administrativas. Este mecanismo, según afirmó el gobierno según consignó Europa Press, protegerá la privacidad y la dignidad de quienes expongan sus casos, y dará cauce a la revisión y resolución de posibles ambigüedades en la documentación oficial.
En su mensaje, el Ejecutivo instó a la unidad y al fortalecimiento de la solidaridad nacional, expresando el deseo de que el país recupere la estabilidad y que la atención a las víctimas y sus familias sirva como base para promover la cohesión interna tras la crisis social. Europa Press subrayó que este comunicado se inscribe en una estrategia del gobierno destinada a contrarrestar las críticas provenientes tanto de la sociedad civil como de actores internacionales, que han manifestado preocupación por la transparencia en la gestión de los datos y el respeto a los derechos humanos en el contexto de las protestas.
