La Comunidad de Madrid ha tenido que contratar de urgencia a cuatro empresas privadas para que cambien las calderas de 80 pisos de la Agencia de Vivienda Social (AVS), el organismo público encargado de promover vivienda protegida en la región. Y lo ha hecho porque la adjudicataria que tenía que mantener en buen estado este material no ha cumplido con su trabajo y porque las calderas tenían “deficiencias graves” que podían poner en peligro la integridad física de los inquilinos. La AVS reconoce que las inspecciones técnicas que realiza detectaron anomalías que “suponen un riesgo inminente de rotura en los circuitos de gas y agua, lo que podría derivar en fugas, intoxicaciones por CO, incendios o explosiones”. Además, la carencia de calefacción y agua caliente “en pleno periodo invernal hace incompatible la permanencia digna y segura de los residentes”.
La AVS gestiona 24.976 viviendas, 21.114 garajes y 1.333 locales. En el año 2021 firmó un acuerdo marco por 5,9 millones de euros para que la empresa Factesa Obras SA llevara a cabo “obras de reforma y rehabilitación no programables por motivo de incidencias en inmuebles titularidad o incorporados al inventario” de la Agencia, contrato que fue prorrogado en octubre de 2025. Entre los trabajos más habituales, la “reparación o sustitución de calderas o calentadores a gas”. Sin embargo, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso revela en el contrato de urgencia que esta empresa ha incumplido las condiciones por la que fue adjudicataria, no habilitando los medios personales adecuados para hacer frente a las urgencias, lo que ha conllevado “retrasos sistemáticos en tiempos de respuesta y ejecución”.
La AVS tiene contabilizado que esta empresa ha tardado como tiempo medio de respuesta ante una incidencia unos 68 días, cuando el acuerdo establece un máximo de 48 horas. Es acuerdo también establece que el plazo para arreglar la avería era de 96 horas, y ha tardado, de media, 87 días. Por eso hay 224 expedientes abiertos sin cerrar. ¿Las consecuencias? “Fugas de gas con riesgo de deflagración o acumulación de monóxido de carbono, roturas de tuberías de agua con daños estructurales, humedades y riesgos eléctricos, suspensión de un servicio esencial (calefacción y agua caliente) en condiciones climáticas adversas, e incremento del riesgo sanitario: frío extremo, enfermedades respiratorias y situaciones de emergencia social”. La AVS calcula que cada sustitución de emergencia le costará ahora 2.500 euros.
Los cuatro contratos de urgencia formalizados ahora, con fecha 23 de enero, conllevan un gasto de 242.000 euros. Aunque la AVS asegura que son 80 las calderas a cambiar, “se tiene constancia que pueden ascender a un número por ahora indeterminado, que podría llegar a más de 100 unidades, debido a las que puedan solicitarse en estos últimos días de enero”. Las viviendas protegidas están ubicadas en Madrid capital, Alcorcón, Arroyomolinos, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Valdemoro, Rivas Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Collado Villalba y San Sebastián de los Reyes. Lo curioso es que la AVS prorrogó en noviembre de 2025 seis meses más el contrato inicial de mantenimiento con Factesa.
