El intendente manifestó su rechazo a la medida cautelar solicitada por la ambientalista Susana Laborde y confió en que la Justicia no dará lugar a la presentación.
Tras conocerse la solicitud de una medida cautelar presentada por la ambientalista María Susana Laborde, que podría frenar la subasta pública del Complejo Casino de Necochea, el intendente Arturo Rojas expresó su fuerte rechazo a la iniciativa y sostuvo que espera que “el juez contencioso administrativo Carlos Herrera no dé lugar a este disparate”.
La presentación judicial plantea un pedido de informes para determinar si se han cumplido los requisitos legales establecidos en la Ordenanza Nº 12.009/25 y en los decretos municipales Nº 3569/25 y 18/26, vinculados a la autorización de la venta del inmueble mediante subasta pública.
Visiblemente molesto, el jefe comunal afirmó que “no se entiende que alguien defienda una estructura de hormigón en el estado de abandono en el que se encuentra”, y consideró que existe “una clara intencionalidad política” detrás de la acción judicial. En ese sentido, remarcó que “esto no va en contra de una administración, sino en contra de todos los vecinos del distrito que esperan que finalmente lleguen inversores para recuperar lo que alguna vez fue la postal de Necochea”.
El pasado 3 de febrero de 2026, la Municipalidad de Necochea fue notificada formalmente de un pedido de informes realizado por el Juzgado Contencioso Administrativo de Necochea, a cargo del juez Carlos Herrera, en el marco de la presentación efectuada por Laborde. La solicitud judicial se circunscribe a requerir “todo lo concerniente a la realización de la Ordenanza Nº 12.009/25, decreto 3569/25 y decreto 18/26 sobre la autorización de la venta mediante subasta pública del Complejo Casino y si las mismas han cumplido con la normativa vigente”.
Cabe recordar que, durante el anterior llamado a licitación para la venta del Casino con presentación de proyectos, la Justicia local ya había rechazado intentos similares de la misma ambientalista para frenar el proceso, situación que el Ejecutivo municipal considera como un nuevo obstáculo al desarrollo de la ciudad.
Ante este escenario, el Departamento Ejecutivo deberá responder el requerimiento judicial en un plazo de 48 horas. Al respecto, Rojas aseguró que la información será presentada “lo antes posible” y reiteró su expectativa de que el magistrado “rechace la cautelar in limine”, evitando así que se vea interrumpido el proceso de subasta del histórico complejo.
