
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue cuestionado por medios de comunicación sobre la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y manejar esquemas de extorsión.
En su visita a Santiago de Querétaro, en Querétaro, para acudir a la celebración del 109 aniversario de la Constitución de 1917, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Sinaloa evitó pronunciarse respecto al arresto del mandatario municipal debido que, si no conoce los temas de la entidad que encabeza, menos los de otro estado.
“No sé lo de Sinaloa, menos lo de Jalisco. Una disculpa”, comentó el gobernador a medios de comunicación.
Cabe señalar que Rivera Navarro fue arrestado debido a que las autoridades lo investigan por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en Jalisco, así como por estar presuntamente relacionado con una célula delictiva del CJNG.

Al respecto, Rocha Moya dijo que recién se había enterado de la situación cuando bajó del avión, por lo que prefirió no emitir su postura.
Sin embargo, su declaración se da en un contexto de inseguridad y violencia en Sinaloa que ha provocado más de 2 mil 400 homicidios desde el inicio de la guerra interna que mantiene el Cártel de Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024.
De la desaparición de mineros, turistas y hasta los constantes enfrentamientos armados

Desde finales del 2024, Sinaloa ha sido el escenario de constantes enfrentamientos, ataques armados, asesinatos, localización de cuerpos desmembrados y desapariciones.
Culiacán fue el epicentro de la violencia debido a que las facciones de Los Chapitos -liderados por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán- y Los Mayos -encabezada por Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo”- comenzaron una disputa tras la captura y entrega de Zambada García a las autoridades de Estados Unidos, ocurrida el 25 de julio de 2024.
Con el paso de las semanas, los hechos violentos comenzaron a extenderse a otros municipios de la entidad, provocando que los comercios cerraran, el desplazamiento forzado de habitantes de lugares como Concordia y Culiacán, así como el despoblamiento de algunos como Tachinolpa, Guayabito y Ayuné.

Con el objetivo de reforzar la seguridad en Sinaloa, han sido desplegados en más de una ocasión elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal para controlar los hechos violentos.
El último ocurrió el pasado 29 de enero de 2026, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó el despliegue de mil 600 de sus elementos a los municipios de Culiacán y Mazatlán con el objetivo de disuadir actividades criminales.
Su arribo a la entidad se llevó a cabo un día después del ataque armado en Culiacán en contra de Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ambos diputados de Movimiento Ciudadano (MC).
Por estos hechos, Montoya Ojeda perdió un ojo y el diputado Torres Félix se mantiene hospitalizado y en recuperación.

Otro hecho ocurrió el 23 de enero, cuando se reportó la desaparición de 10 trabajadores de una mina en Concordia, quienes formaban parte de un proyecto de la empresa Vizsla Silver.
Tras la desaparición de los mineros, este miércoles 4 de febrero también se reportó el secuestro de cuatro hombres, una mujer y una niña en el municipio de Mazatlán, cuando se encontraban en la Zona Dorada vacacionando.
De los seis desaparecidos, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se ha podido ubicar a la niña y la mujer en un poblado del mismo municipio.
A más de un año del inicio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa, los hechos violentos continúan presentándose en la entidad.
