Una app, una falsa enamorada y extorsiones desde la cárcel: revelaron la trama detrás del suicidio del soldado en la Quinta Olivos

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El soldado de 21 años que en diciembre pasado se suicidó con un balazo en la cabeza en la Quinta de Olivos había sido víctima de una banda de estafadores y extorsionadores que operaba desde cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Así lo informaron en una conferencia de prensa la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

La víctima, identificada como Rodrigo Gómez, prestaba servicio en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, que se encarga de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos.

El soldado cayó en la trampa a partir de un contacto que hizo en una app de citas. Gómez pensó que había conocido a una joven, pero en realidad era una puesta en escena y terminó siendo extorsionado por $1.400.000, según informaron a LA NACION fuentes de la investigación.

“El 16 de diciembre pasado hubo un hecho que nos conmocionó a todos, una muerte violenta. Un joven de 21 años, integrante del Ejército y que cumplía su guardia en una de las casillas de la Quinta de Olivos, lamentable tomó la decisión de quitarse la vida. Hubo una serie de elementos que nos indicaban que había algo detrás del suicidio, que había que seguir investigando. Llegamos a las consecuencias. La pista estaba en la carta [de despedida] que dejó”, dijo la ministra Monteoliva.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la jueza Sandra Arroyo Salgado anunciaron la caída de la denominada “PYME del delito”. También estuvieron presentes el jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Alejandro Rolle, y el jefe de la Gendarmería Nacional, Comandante General Claudio Brilloni.

La pista que el soldado dejó en la carta hacía referencia a una app de citas.

“Quién diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. Estoy con problemas legales y muchas deudas. Nunca pensé que mi vida iba a terminar así, no le tengo miedo a la muerte, sí respeto. Tengo miedo de decepcionarlos”, escribió en la carta de despedida el soldado, según reveló Monteoliva.

La trampa mortal

Gómez pensó que había contactado a una joven, de nombre Julieta, pero en realidad era un perfil creado en la app Evermatch por la banda, denominada por los investigadores la «Pyme del delito».

Tras los primeros mensajes por la app, continuaron los intercambios en chats de WhatsApp.

Después llegaba lo que la organización criminal llamaba “el audio del terror”: un mensaje de voz de la supuesta madre de Julieta donde acusaba a la víctima de ser un degenerado porque su hija era menor de edad.

El plan criminal continuaba con la aparición de un supuesto integrante de la Policía de la Ciudad que le exigía dinero a cambio de que la causa judicial no avanzara.

La Pyme del delito, según explicó la jueza Arroyo Salgado, le usurpó la identidad a un oficial de la Policía de la Ciudad para concretar el plan criminal.

“A medida que se pudo avanzar en la investigación se determinó que detrás de la manipulación extorsiva había tres delincuentes que estaban detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense”, dijo la ministra Monteoliva.

Según pudo saber LA NACION, fueron varias las transferencias que hizo el soldado, todas de entre $5000 y $10.000. “La extorsión fue por $1.400.000, mucho dinero para él”, dijo un detective que participó de la investigación.

Además de los tres sospechosos alojados en la cárcel de Magdalena y en unidad penitenciaria de La Plata, en las últimas horas hubo otros cuatro detenidos que serán indagados en las próximas horas por la jueza Arroyo Salgado.

De la investigación participaron la División Homicidios, que depende de la Superintendencia Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la misma fuerza de seguridad.

“Hoy el Estado argentino puede decir que esta muerte violenta no fue un hecho inexplicable y que no fue un hecho que quedó impune. Servirá para prevenir nuevos hechos y evitar que haya más víctimas”, dijo la jueza Arroyo Salgado.

La ministra Monteoliva sostuvo: “Un teléfono celular en la mano de un delincuente que está preso es permitirle que tenga un arma en la celda. No se puede permitir en ninguna cárcel del país”.

En la citada conferencia de prensa estuvo presente el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. “Fue un caso de mucha repercusión interna por las características”, dijo el funcionario nacional y después felicitó a Monteoliva, a la jueza Arroyo Salgado y a los uniformados que participaron de la investigación.

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