La corte de apelaciones de Estados Unidos ha autorizado al gobierno federal a avanzar en la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, pese a las recientes gestiones diplomáticas entre ambos países centradas en cooperación económica y comercio. Esta decisión judicial no solo altera las expectativas generadas tras el encuentro entre el presidente hondureño Nasry Asfura y su homólogo Donald Trump en la residencia Mar-a-Lago, sino que sitúa a más de 80,000 personas bajo un escenario de incertidumbre legal y social, marcando un punto de inflexión para miles de familias hondureñas residentes en Estados Unidos.
La sentencia del tribunal del Noveno Circuito, emitida el 9 de febrero de 2026, revoca la protección migratoria inmediata que había dispuesto previamente un juez de distrito y establece que el gobierno estadounidense puede ejecutar la cancelación del TPS mientras se resuelve la apelación en instancias superiores. Como resultado, advierte la corte, miles de hondureños, nicaragüenses y nepalíes podrían perder la autorización para residir y trabajar legalmente en el país norteamericano, al quedar “la protección temporal sin aplicación para más de 80,000 personas”.
La corte fundamentó su veredicto al considerar que el gobierno ha reunido “criterios razonables para concluir que las condiciones en los países afectados —entre ellos Honduras— han mejorado lo suficiente como para poner fin al programa”. Además, según el fallo, la administración de Trump habría acreditado el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos, argumento que fue disputado en instancias previas. En cambio, el magistrado de distrito que bloqueó temporalmente la decisión había señalado que el Departamento de Seguridad Nacional podría no haber ajustado completamente su actuación a las normas y alertó sobre posibles motivaciones discriminatorias detrás del cese de este amparo migratorio.
El TPS es un mecanismo humanitario, establecido por la legislación migratoria estadounidense, que habilita a ciudadanos cuyos países sufrieron catástrofes naturales o conflictos armados a residir y trabajar en el país sin temor a la deportación. Para Honduras, este estatus fue concedido en 1999 tras el huracán Mitch y ha sido renovado de forma periódica. Miles de hondureños han desarrollado sus vidas bajo ese estatuto, pero nunca les garantizó acceso a la residencia permanente ni a la ciudadanía, limitando su estabilidad a la renovación periódica del beneficio.
Con el último fallo judicial, la protección contra la deportación y la autorización para trabajar de quienes dependen del TPS quedan en riesgo de extinción, a la espera de nuevas resoluciones judiciales o medidas administrativas. En caso de concretarse la cancelación, y tras un “periodo de gracia reconocido por ley”, quienes no logren regularizar su situación enfrentarán procesos migratorios, posibilidad de deportación o la opción, más restringida y difícil,de buscar nuevas visas.
En las semanas previas a la resolución, la comunidad hondureña en Estados Unidos, junto con organizaciones migrantes y autoridades consulares, manifestaba un clima de esperanza a raíz de la visita de Asfura a Palm Beach. Dicho encuentro fue calificado como cordial y productivo, con la “intención de fortalecer la relación bilateral, potenciar inversiones y revisar aranceles”, en palabras del propio mandatario hondureño. No obstante, aunque las negociaciones se centraron en temas de comercio y seguridad, la cuestión migratoria solo fue mencionada de manera tangencial en el comunicado oficial.
La administración de Trump insiste en que el TPS no puede prolongarse indefinidamente y sostiene que las causas que motivaron su instauración han dejado de existir, las próximas etapas judiciales y diplomáticas definirán el futuro de un asunto que concentra la atención en ambos países.
