El documento judicial que funda el proceso advierte que el presidente peruano, José Jerí, habría considerado instruir a las fuerzas de seguridad para que ingresen en la Embajada de México en Lima, con el objetivo de ejecutar una orden judicial de prisión preventiva en contra de Betssy Chávez. Este hecho ha motivado la presentación de un recurso de ‘habeas corpus’ que busca, además del salvoconducto que le permita a la ex primera ministra salir del país, que ninguna autoridad estatal intervenga en la sede diplomática mexicana. Según consignó el medio, el ingreso por la fuerza en una embajada extranjera constituye una violación internacional. En consecuencia, el Poder Judicial ha otorgado un plazo de tres días a las partes implicadas en la demanda para que expongan sus argumentos.
Según informó el medio, la Justicia peruana admitió la tramitación de un ‘habeas corpus’ presentado en favor de Chávez, quien fue sentenciada a once años y cinco meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de octubre de 2022. Chávez se encuentra refugiada desde noviembre del año pasado en la Embajada de México ubicada en Lima. El recurso fue interpuesto por un ciudadano contra el presidente Jerí, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fiscalía y el Poder Judicial, y tiene como objetivo que se conceda un salvoconducto a la ex primera ministra para que pueda salir del país, previsiblemente rumbo a México.
El procedimiento judicial también busca que, mientras Chávez permanezca en la Embajada mexicana, ninguna autoridad del Estado peruano realice intentos de allanamiento o intervención en dicha sede, atendiendo a las advertencias sobre las posibles consecuencias internacionales de esa acción. Tal como publicó el medio, el recurso sostiene que cualquier acción de ingreso por parte de la fuerza pública en una misión diplomática contradice las normas internacionales y abriría un conflicto diplomático.
El fallo preliminar, que permite la tramitación del recurso, considera válidas las alegaciones que alertan del posible riesgo que supondría una intervención armada en instalaciones diplomáticas, en particular ante la existencia de la mencionada orden de prisión preventiva sobre la ex jefa de gabinete. El tribunal encargado de este proceso concedió a las entidades estatales demandadas un plazo de tres días para responder a las acusaciones planteadas y ofrecer sus justificaciones.
De acuerdo con la información proporcionada, la entrega de un salvoconducto recae en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Presidencia de la República. Este salvoconducto resultaría imprescindible para que Chávez salga de Perú bajo la protección de la Embajada de México, país al que buscaría trasladarse tras la tramitación de la medida.
El caso de Betssy Chávez ha generado tensiones entre los gobiernos de Perú y México. El medio detalló que, tras la recepción de Chávez en la sede diplomática mexicana, Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México, profundizando la crisis internacional derivada de la fallida asonada de 2022. La condena a Chávez, dictada por su implicación en los hechos en torno al intento de autogolpe de Estado, constituye el núcleo de las causas judiciales por las cuales se encuentra actualmente bajo protección diplomática.
La situación se mantiene a la espera de la presentación de alegaciones por parte de los organismos demandados. Hasta la fecha, Chávez permanece en la Embajada de México en Lima, resguardada mientras se resuelve la petición judicial de salida del país y se debaten las implicaciones legales y diplomáticas de su caso.
