La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) planea avanzar con un proceso propio para solicitar la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, impulsando la coordinación con otras organizaciones sociales para presentar una respuesta unificada. El anuncio fue realizado por Leonidas Iza, líder indígena y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), quien explicó los alcances de esta iniciativa y el contexto político y social que rodea a la propuesta, según detalló el medio ecuatoriano Primera Plana.
De acuerdo con la información publicada por Primera Plana, Iza recalcó que “la mayoría de los ecuatorianos confiaron en el Presidente de la República, pero así como confiaron, en este momento existe una reacción negativa frente a lo que está haciendo el Gobierno Nacional”. En la entrevista, el representante indígena enfatizó que la intención de Ecuarunari busca ofrecer una salida democrática y legal al malestar existente por supuestos incumplimientos del mandatario, al tiempo que animó a otras organizaciones a sumarse de manera articulada para evitar que los esfuerzos queden dispersos. La Conaie, a través de su líder, extendió un llamado para que los movimientos sociales y colectivos ciudadanos unan fuerzas y presenten demandas comunes ante las instituciones correspondientes.
El medio Primera Plana reportó que la iniciativa de Iza surge tras las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin), Guido Perugachi, quien días antes confirmó que su organización también trabaja en una propuesta para revocar el mandato presidencial de Noboa, quien asumió el cargo en 2025. Perugachi argumentó ante el mismo medio que existen “varios motivos para la revocatoria”, señalando supuestas fallas del Gobierno en áreas consideradas prioritarias como la educación, la salud y la seguridad, así como la ausencia de cumplimiento de compromisos asumidos durante la campaña electoral.
Según publicó Primera Plana, la Constitución de Ecuador establece un mecanismo claro para solicitar la destitución de autoridades que fueron elegidas por voto popular. Desde la reforma constitucional de 2008 se permite a la ciudadanía presentar procesos de revocatoria si se considera que el funcionario ha perdido la confianza de los electores o incumplido sus funciones. La normativa determina que estas iniciativas deben registrarse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y solamente pueden tramitarse luego de que la autoridad en cuestión haya completado al menos un año de mandato y antes de que inicie su último año en el cargo.
El líder indígena Leonidas Iza remarcó ante Primera Plana la importancia de que las acciones para solicitar la revocatoria del mandato avancen de manera colaborativa entre las organizaciones interesadas. A su juicio, resulta fundamental construir una hoja de ruta que logre expresar el sentir de diversos sectores sociales y evitar duplicidad de esfuerzos a través de respuestas individualizadas o iniciativas fragmentadas que puedan restar efectividad al proceso.
En sus declaraciones recogidas por el medio ecuatoriano, Guido Perugachi puntualizó que la Fenocin identifica una lista de agravios por los cuales evaluó viable solicitar la revocatoria del mandato presidencial. Entre estas razones figuran las deficiencias en la prestación de servicios básicos, la falta de implementación de políticas públicas de impacto en áreas sensibles y una percepción de abandono de distintos compromisos asumidos frente a la ciudadanía.
El procedimiento constitucional para poner en marcha la revocatoria requiere la recolección de firmas que representen un porcentaje específico del electorado nacional, así como la presentación formal de pruebas o argumentos que demuestren la pérdida de confianza o el incumplimiento de funciones. Según la Constitución ecuatoriana referida por Primera Plana, este mecanismo busca ofrecer una vía institucional y pacífica para canalizar la insatisfacción social frente al desempeño de autoridades públicas.
El anuncio de las organizaciones indígenas y campesinas aparece en un contexto de creciente malestar social y movilización de diferentes sectores, según relata Primera Plana, con múltiples colectivos expresando preocupaciones por la situación de derechos y los servicios esenciales en el país. Dirigentes sociales han insistido en la necesidad de sumar voluntades y fortalecer los procesos unitarios, con el fin de ejercer presión ante el gobierno de Daniel Noboa y exigir la satisfacción de demandas ciudadanas pendientes.
De acuerdo con el reporte de Primera Plana, las demandas discutidas por las organizaciones incluyen no solo la exigencia de políticas públicas que aborden cuestiones concretas, sino también el establecimiento de canales de diálogo permanente entre el Gobierno y los sectores sociales. Las organizaciones han manifestado su intención de mantener la presión en diversas instancias, recurriendo a herramientas legales y constitucionales disponibles para hacer oír sus planteamientos.
Ambas dirigencias, tanto la de Conaie como la de Fenocin, han reiterado su disposición a construir consensos amplios y articular los procesos de revocatoria bajo pautas democráticas que respeten el marco legal vigente, según precisa la información difundida por Primera Plana. En este sentido, buscan sentar un precedente sobre los mecanismos de control y exigencia ciudadana frente a los gobernantes, mientras continúa el debate público acerca del desempeño del actual Ejecutivo y el cumplimiento de los compromisos estipulados tras las elecciones.
El escenario planteado por la posibilidad de una revocatoria refleja el nivel de descontento de sectores indígenas, campesinos y sociales, así como la potencial consolidación de alianzas para exigir accountability y cambios en la política pública, según la cobertura periodística del medio ecuatoriano.
