La polémica que rodeó al Hospital de Torrejón por las presuntas directrices de su empresa concesionaria con el fin de «aumentar su beneficio económico» sirvió como detonante para que el Ministerio de Sanidad impulsara una reforma legislativa con el ánimo de reforzar la gestión pública en el sistema sanitario. El Consejo de Ministros, según informó el medio, prevé aprobar este martes el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una normativa elaborada por el Ministerio de Sanidad que plantea sustituir de manera definitiva el marco legal vigente desde 1997, limitando los modelos de colaboración con el sector privado en la sanidad española.
De acuerdo con la información difundida, la nueva normativa significará la derogación de la Ley 15/1997, base legal que ha permitido la colaboración público-privada en la gestión de hospitales y otros servicios sanitarios durante las últimas décadas. La medida contempla restringir la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión de centros y servicios del SNS, priorizando la gestión pública directa. Según explicó la ministra de Sanidad, Mónica García, el fin es garantizar la integridad y sostenibilidad del sistema sanitario estatal y “blindar” la sanidad pública frente a los intereses empresariales, poniendo especial énfasis en evitar los excesos y polémicas registradas en casos concretos.
El medio detalló que el Ministerio trabaja en esta reforma desde el año 2024. El anuncio inicial de la ministra García indicaba que la presentación del anteproyecto ante el Consejo de Ministros tendría lugar a comienzos de 2026, pero la situación surgida en centros como el Hospital de Torrejón —objeto de críticas por el papel de su concesionaria— precipitó los plazos y priorizó el avance de la iniciativa en el calendario legislativo.
Con el nuevo texto legislativo, dejarían de estar permitidos algunos de los modelos más emblemáticos de gestión mixta en el sistema sanitario español, entre ellos el modelo del Hospital de Torrejón, el de Alzira y el de la Fundación Jiménez Díaz, todos ellos caracterizados por una participación relevante de empresas en la administración y explotación de los servicios sanitarios. El anteproyecto establece un marco restrictivo tanto para la gestión como para la provisión de servicios, de modo que solo se admitan fórmulas que garanticen la gestión pública directa y limiten los intereses privados en el sector público de la sanidad. Tal como resaltó la ministra, la reforma legislativa no pretende eliminar por completo la colaboración público-privada, sino que apunta a corregir lo que calificó de «desmanes» y excesos en la aplicación de ese modelo.
Según publicó la fuente, el proceso legislativo de la nueva ley contempla distintos pasos: tras la aprobación inicial en el Consejo de Ministros, el anteproyecto se abrirá a consulta pública, permitiendo la recepción de aportaciones y alegaciones por parte de colectivos y ciudadanos interesados. Posteriormente, el texto regresará al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley. Tras esta segunda validación, el documento se remitirá al Congreso de los Diputados, donde el trámite parlamentario dará lugar a debates y posibles enmiendas antes de su eventual entrada en vigor.
Este movimiento legislativo por parte del Ejecutivo responde a un debate prolongado sobre el papel de la gestión privada en el SNS y a la búsqueda de medidas que fortalezcan la naturaleza pública del sistema sanitario español. El medio informó que la decisión del Gobierno se produce en un contexto en el que la colaboración con empresas privadas en la prestación sanitaria ha generado controversias recurrentes, especialmente en lo referente a la influencia de criterios empresariales sobre la gestión clínica y los servicios a la ciudadanía.
La ministra de Sanidad, según consignó el medio, ha defendido la necesidad de «blindar» el sistema ante posibles intereses lucrativos y priorizar la salud pública sobre cualquier otra consideración. En este sentido, el anteproyecto de ley busca incorporar salvaguardas normativas que impidan la consolidación de modelos en los que la obtención de beneficios económicos condicione la atención sanitaria en el SNS.
La elaboración del nuevo marco legal se inscribe en una tendencia de revisión y posible restricción de modelos de externalización de servicios que han sido implementados desde la aprobación de la Ley 15/1997. Diversos territorios han puesto en cuestión tanto la eficacia como la transparencia de estos modelos, a raíz de los conflictos surgidos en la gestión de hospitales bajo concesiones a operadores privados.
Tras la fase inicial de consulta pública y la eventual validación parlamentaria, la nueva legislación podría conllevar modificaciones en los contratos de gestión y concesiones existentes, además de reestructuraciones en la administración de hospitales y centros afectados por el anterior modelo de colaboración. La implementación de la ley representa un giro respecto a la política sanitaria de las últimas décadas y coloca a la gestión pública directa como el estándar para el futuro de la sanidad española.
