El Gobierno nacional fijó un plazo hasta el día de mañana miércoles 11 de febrero de 2025 para reactivar la emergencia económica, medida que permitirá financiar la atención de las zonas afectadas por las intensas lluvias que han golpeado al país. La decisión depende ahora de la Corte Constitucional, que deberá definir si levanta la suspensión provisional del decreto emitido a finales de diciembre.
Según explicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, los recursos destinados a atender la crisis por lluvias dependen de la decisión que adopte la Corte frente al decreto de emergencia económica.
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“Tenemos el decreto madre, vamos a dar hasta mañana. Tenemos un problema de tiempos pero también de decisiones de la Corte Constitucional”, afirmó el funcionario durante la segunda sesión del Consejo de Ministros en Córdoba.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció en esta sesión, indicando que, de mantenerse la suspensión, declarará nuevamente la emergencia económica y social para garantizar la financiación necesaria. “No podemos esperar mucho, mañana tendríamos que ver en qué momento se decreta la emergencia. O ver si ellos pueden levantar o no. Si no se puede, tendremos que hacer la convocatoria de todos los ministros, porque si falla uno, se cae”, agregó el mandatario.
Nuevos impuestos como alternativa de financiamiento
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, detalló los alcances del nuevo decreto que prepara el Ejecutivo. Ante la suspensión provisional de las medidas adoptadas en la anterior emergencia económica, estas no pueden repetirse de manera idéntica en un nuevo acto administrativo. Por ello, el Gobierno plantea enfocar la nueva emergencia en la obtención de recursos mediante un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas, con un esquema progresivo que excluye a las pequeñas y medianas empresas.
El gravamen se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a aproximadamente 10.000 millones de pesos, con una tarifa del 0,6 %. Para los patrimonios que superen las 600.000 UVT, es decir, cerca de 30.000 millones de pesos, la tarifa sería del 1,2 %. Según Hacienda, alrededor de 15.000 compañías estarían sujetas a este nuevo esquema tributario.
Magnitud de la recuperación
El ministro Ávila señaló que la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias demandará hasta 8 billones de pesos. “Propondremos una emergencia económica en la que nos queremos concentrar en un impuesto al patrimonio a las personas jurídicas que sea progresivo y que no afecte a la pequeña y mediana empresa”, explicó.
Este anuncio se produce una semana después de que la Corte Constitucional suspendiera provisionalmente el decreto de emergencia económica que buscaba recaudar el faltante del Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en 16,3 billones de pesos. La emergencia suspendida también incluía la reducción del umbral de entrada del impuesto al patrimonio y la implementación de otros tributos, como impuestos al alcohol, al tabaco y a los juegos de suerte y azar.
Contexto histórico de los estados de excepción
De concretarse esta nueva emergencia económica, sería el cuarto estado de excepción decretado por el Gobierno de Gustavo Petro. El primero fue en La Guajira en 2023 por una crisis humanitaria; el segundo, a principios de 2025, por la ola de violencia en el Catatumbo, Norte de Santander; y el tercero, en diciembre del año pasado, con el decreto actualmente suspendido.
Con esta medida, el Ejecutivo busca asegurar recursos para la atención inmediata de las zonas afectadas por las lluvias, mientras se define la situación jurídica del decreto ante la Corte Constitucional. La expectativa es que, si se logra reactivar la emergencia económica antes del 11 de febrero, se puedan garantizar los fondos necesarios para la recuperación de las áreas más golpeadas y evitar un retraso en la atención humanitaria.
