El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones impulsado por la mayoría absoluta del PP en el Senado contra el Gobierno y el Congreso de los Diputados a raíz del «veto» del Ejecutivo de Pedro Sánchez a enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible.
Así consta en varias disposiciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que dan cuenta de que el Pleno de la corte de garantías aceptó el pasado 11 de febrero entrar a estudiar ese choque entre órganos constitucionales.
Se trata de uno de los más de diez conflictos de atribuciones promovidos desde el Senado contra otras instituciones del Estado durante esta legislatura por diversos asuntos, entre ellos la Ley de Amnistía o los Presupuestos Generales del Estado.
El origen del choque está en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en la Cámara Alta, donde el PP consiguió introducir varias enmiendas, que luego fueron refrendadas por el Congreso de los Diputados, aunque el Gobierno vetó algunas de ellas argumentando que afectaban al equilibrio presupuestario.
Las enmiendas a las que hace referencia el conflicto institucional son las 118 y 148, por las que se incorporan un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley de Movilidad Sostenible.
El nuevo artículo 61 bis, que fue vetado por el Gobierno, hace referencia a que el Ministerio de Transportes habilitará anualmente una partida de los Presupuestos Generales del Estado para el fomento de la movilidad sostenible, exceptuando la movilidad en el ámbito urbano e interurbano.
