La renuncia del comisario principal José Ángel González al puesto de director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional ha desatado una fuerte polémica política, en la que la dirección del Partido Popular (PP) ha intensificado la presión para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por supuestamente encubrir una investigación por acoso sexual en la cúpula policial. De acuerdo con lo reportado por varios medios y según información difundida por el medio que provee el texto, la dimisión del mando policial se produjo después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid citara a González como investigado, tras admitir a trámite una querella por un presunto delito de agresión sexual ocurrido en abril, y registrada el 9 de enero.
El debate se trasladó al Congreso este miércoles, donde la dirección nacional del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, reclamó de forma contundente la renuncia de Grande-Marlaska. Según publicó el medio, el líder del PP criticó al Ejecutivo por “saber, tapar y proteger” el presunto delito, y cuestionó que el Gobierno solo haya apartado al mando policial tras hacerse pública la información. Afirmó en su cuenta en la red social X que si habían mantenido a un “presunto violador al frente de la Policía Nacional” durante un mes, la destitución no se debió a los hechos, sino a su exposición mediática.
Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, elevó el tono durante la sesión de control al Gobierno, al declarar que “da náuseas verle a usted sentado en el banco azul”, dirigiéndose al ministro del Interior. Tellado acusó a Grande-Marlaska de “tapar una presunta agresión sexual, una violación”, y afirmó que “son ustedes encubridores de presuntos delincuentes”. Estas declaraciones se produjeron en presencia del propio titular de Interior, en un pleno especialmente áspero.
La portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, también se dirigió a Marlaska preguntando por qué continúa en su puesto, calificando la situación de “devastadora”. El diputado Jaime de Olano solicitó directamente la dimisión del ministro tras acusarle de “haber tapado al presunto violador y su mano derecha”.
A lo largo de la mañana, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, calificó de “insuficiente” la salida del número dos de la Policía Nacional, insistiendo en que “el ministro lo conocía”, según declaró a periodistas en los pasillos del Congreso. Más tarde, la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, señaló que, a su juicio, la destitución solo se produjo porque el caso se hizo público y preguntó a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, sobre la responsabilidad del Ejecutivo en estos hechos.
Durante estas intervenciones, integrantes del grupo parlamentario popular afirmaron conocer la existencia de otro alto mando supuestamente involucrado en un intento de acallar a la víctima. En palabras de Muñoz, “esa es la gente de la que están ustedes rodeados”, agregando que el Gobierno y el PSOE “se rodean de delincuentes”.
La respuesta del Gobierno se articuló en torno a la defensa de la actuación de Grande-Marlaska y la acusación de “doble moral” al PP. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, sostuvo en su réplica que el Gobierno actuó correctamente y que el ministro del Interior pidió la dimisión del DAO cuando se tuvo conocimiento del caso. Según detalló el medio, Montero defendió el derecho de la denunciante a acudir a la justicia y subrayó la “tolerancia cero con la agresión a las mujeres”.
Montero se refirió también a otros casos en los que miembros del PP habrían permanecido en sus cargos pese a denuncias, citando como ejemplo a los alcaldes de Móstoles y Algeciras, y acusó al principal partido de la oposición de actuar sólo cuando los casos afectan al Gobierno. La vicepresidenta recordó casos judiciales que implicaron a antiguos miembros del PP, como Rodrigo Rato y Luis Bárcenas, asegurando que el PP reprocha la corrupción al adversario político sin abordar los problemas dentro de su propia formación. En este sentido, señaló que Cristóbal Montoro, extitular de Hacienda, enfrenta acusaciones por varios delitos vinculados a la Hacienda Pública, entre ellos prevaricación, malversación y falsedad documental.
En el fondo de estas intervenciones se situó un enfrentamiento dialéctico caracterizado por la imputación de responsabilidades políticas y la denuncia de supuestas estrategias de encubrimiento dentro de las instituciones. La bancada del PP acusó al Gobierno de proteger a miembros sujetos a investigación por delitos graves y reprochó lo que consideran una actuación insuficiente ante las acusaciones de acoso sexual y agresión dentro de la Policía Nacional. Mientras tanto, el Ejecutivo defendió la gestión del caso, la reacción inmediata tras conocer los hechos y cuestionó la coherencia ética del PP ante hechos similares que afectan a integrantes de su partido.
El caso plantea además el debate sobre la gestión de denuncias de acoso y agresión en instituciones públicas y la respuesta de las distintas fuerzas políticas ante hechos que implican a altos cargos. Las intervenciones recogidas en la información proporcionada muestran la instrumentalización política del caso por ambas partes, en un contexto de tensas relaciones en el Parlamento y en medio de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde se plasmaron las distintas posiciones sobre la suficiencia de la respuesta institucional ante las acusaciones contra altos mandos de la Policía Nacional.
