Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía General de la Nación fijó para el próximo 10 de abril de 2026 la indagatoria al excampeón de la Vuelta a España 1987, Luis Alberto “Lucho” Herrera Herrera, y a su hermano Rafael Herrera, en medio de una investigación por la desaparición de cuatro campesinos en la zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.
El proceso, que se lleva a cabo bajo la Ley 600 de 2000, busca esclarecer los hechos en un contexto de presencia paramilitar en la región.
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La investigación, que involucra al reconocido exciclista y su hermano, se desarrolla bajo el antiguo sistema penal colombiano, lo que implica procedimientos y garantías propias de la época en que ocurrieron los hechos. Las autoridades judiciales avanzan en la recopilación y análisis del material probatorio, enfocado especialmente en testimonios obtenidos de exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC).
Dentro del expediente, se destaca una de las declaraciones en las que se dice que Herrera habría señalado a los campesinos desaparecidos como supuestos colaboradores de la guerrilla. Según esta versión, Herrera solicitó ayuda a “Martín Llanos”, que entonces lideraba la estructura paramilitar en la zona.
Autodefensas y disputa por tierras en Fusagasugá
Otra de las piezas clave del proceso corresponde a la declaración de alias Ojitos, también exintegrante de las ACC.
Esta persona planteó que detrás del caso existiría un posible interés en las tierras de los vecinos de los Herrera en Fusagasugá. Según su testimonio, Lucho, supuestamente pretendía apropiarse de estos predios, lo que habría motivado los señalamientos contra los campesinos. Las versiones recogidas forman parte del extenso material probatorio que la Fiscalía aún verifica y contrasta.
Ley 600 y presunción de inocencia
La utilización de la Ley 600 de 2000 en este caso implica que la indagatoria será una etapa central para definir la situación jurídica de los Herrera. Las autoridades judiciales insisten en que los testimonios y pruebas aún deben someterse a rigurosos procesos de verificación. En ese sentido, se mantiene la presunción de inocencia de los investigados hasta que se adopte una decisión de fondo.
El caso pone de relieve la compleja interacción entre figuras públicas, conflictos agrarios y la actuación de estructuras armadas en Colombia. La investigación sigue abierta y las autoridades no han emitido pronunciamientos adicionales sobre el avance del expediente.
